BOGOR, Indonesia –Durante décadas, los científicos especializados en conservación han tratado de ponerle un precio a la naturaleza.
El último de estos cálculos considera que el valor de servicios ambientales, como la captura de carbono, la regulación de los ciclos de agua y la protección de la biodiversidad, entre otros, asciende a 125 billones de dólares al año.
En la lógica de estos intentos de valoración, el pago por servicios ambientales (PSA) es uno de los modelos que ofrecen incentivos financieros a cambio de la protección de estos “activos”. Pero un nuevo estudio, realizado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Instituto para el Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI, por sus siglas en francés), cuestiona esa lógica, sugiriendo más bien que los pagos en efectivo son uno de los tantos factores que tienen un impacto en los resultados de la conservación.
“Hemos puesto demasiado énfasis en transacciones económicas complejas a la hora de tratar de comprender cómo funciona la conducto humana frente a estos esquemas. Las fuerzas del mercado se han sobredimensionado”, afirma Romain Pirard, científico de CIFOR y uno de los autores del estudio.
La investigación en mención se centró en la cuenca del río Cidanau en Banten, Java Occidental, Indonesia, donde la disminución de la cubierta forestal ha conducido a la erosión de la tierra y a la reducción de la calidad del agua del río.
Para resolver este problema, una empresa local de agua que se abastece del río estuvo dispuesta a financiar un esquema de PSA (intermediado y monitoreado por diversas partes, entre ellas ONG locales y líderes de la comunidad) y pagar a los agricultores locales por no reducir aún más la cobertura forestal.
Pero en vez de encontrar una relación directa entre la oferta de dinero y una mejor gestión de la tierra, Pirard y sus colegas observaron que la situación era mucho más complicada: muchos agricultores no comprendían los contratos que estaban firmando, ni por qué estaban recibiendo dinero.
Son muchas las causas, según Pirard. “La organización y los pagos fueron intermediados por los líderes de la aldea, muchos de los cuales no fueron transparentes a cerca de la naturaleza del acuerdo, ni constantes en los pagos”, dice.
“En Indonesia, muchos agricultores no cuentan con educación superior, por lo que delegan muchas de las responsibilidades a los líderes del grupo. Cuando una aldea decide cumplir con un esquema, todos sus miembros deben acatar la decisión, poniendo así presión social sobre ellos”.
“Muchos de los agricultores aceptaron el esquema a pesar de que no existía un vínculo claro entre la acción y la retribución monetaria. Su participación respondía a motivaciones y presiones muy distintas del simple retorno financiero”, explica Pirard
Aunque un 39% de los 270 encuestados señaló que la razón principal de su participación respondía a los pagos en efectivo, las motivaciones sociales (sobre todo en forma de presión social) fueron igualmente importantes, pues un 35% las mencionó como la razón principal para participar en el esquema.
Además, un sorprendente 85% de los hogares apenas conocía las cantidades y el calendario de pagos, a pesar de que el contrato era muy claro al respecto.
“Este estudio cuestiona la idea de que los instrumentos basados en incentivos puedan cumplir objetivos ambientales por sí solos, y muestra que existen realidades más complejas en la práctica”, dice Pirard.
PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN
La importancia de los factores sociales también se ha evidenciado en otros estudios sobre la participación y la motivación en diversos esquemas de PSA en el mundo.
Una investigación en Centroamérica, por ejemplo, ha encontrado que los valores y las percepciones de la comunidad son fundamentales para los proyectos ambientales.
Resultados similares se han encontrado en proyectos en los Andes colombianos y en Namibia.
Romain Pirard cree que para los escépticos de los PSA y de otros instrumentos basados en el mercado, el surgimiento del consumismo y la economía de mercado son las causas principales de los daños ambientales, por lo que consideran que una mayor mercantilización de los servicios ambientales no es la mejor solución al problema.
“Muchas personas están en contra de estos instrumentos porque mezclan la conservación y la naturaleza con el comercio y la economía”, afirma.
De hecho, dentro del movimiento de los PSA existe un debate acerca de si los incentivos financieros tienen un impacto negativo al excluir otras motivaciones para conservar. “Hay quienes dicen que las motivaciones financieras pueden desplazar otro tipo de motivaciones, más intrínsecas por así decirlo, y conducir a una menor valoración de los beneficios del bosque”.
MIRADA MACRO
A partir de estos resultados, Pirard se muestra escéptico frente a la eficacia de los PSA y los posibles resultados a favor de la conservación, sobre todo a nivel macro.
Pero tampoco cree que los PSA sean perjudiciales, y piensa que incluso pueden conllevar a efectos positivos no contemplados en un principio.
“Irónicamente, parece ser que este esquema ha logrado fomentar el diálogo que se necesitaba para educar a la población local acerca de los beneficios de los bosques, lo que se ha puesto en práctica independientemente de cualquier incentivo monetario”.
Según el estudio, el 81% de los participantes dijo que conservaría los árboles aun si el programa llegara a su fin; el 88% señaló que utilizarían los bosques para la extracción de frutas y madera, mientras que el 51% reconoció que los árboles eran una buena inversión a largo plazo.
“Hemos observado que a pesar de la complejidad de los supuestos económicos, el esquema realmente funciona como un medio para educar, aunque este sea un resultado secundario al objetivo principal de los PSA”, agrega Pirard.
Para obtener más información acerca del trabajo de CIFOR sobre PSA, póngase en contacto con Romain Pirard en r.pirard@cgiar.org
Esta investigación fue financiada por ERA-NET BiodivERsA, en conjunto con la Agence Nationale de la Recherche de Francia.
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