Certified timber in East Kalimantan, Indonesia. Michael Padmanaba/CIFOR photo

Madera certificada en Kalimantan del Este, Indonesia. Foto: Michael Padmanaba/CIFOR

BOGOR, Indonesia — Nueva investigación de Camerún, Gabón y la República del Congo muestra que las Unidades de Manejo Forestal certificadas (UMF) –concesiones de bosques maderables gestionadas por entidades industriales legalmente reconocidas– están asociadas con mejores condiciones laborales y de vida, en comparación con las UMF no certificadas.

“Nuestro estudio muestra una fuerte relación entre la certificación y mejores condiciones laborales y de vida en las UMF certificadas en la cuenca del Congo”, dijo Paolo Cerutti, científico principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

“Se observaron más resultados sociales positivos en las UMF certificadas que en las UMF no certificadas debido a que se les exigió a las empresas respetar un cronograma de implementación que cubría múltiples criterios para fijar estándares, revisado por un tercero en evaluaciones periódicas”.

También hubo mejoras “porque se les exigió a las empresas mantener un canal abierto de comunicación con las poblaciones locales y porque las empresas gestionaron mejor su  riesgo reputacional”, agregó Giullaume Lescuyer, uno de los coautores del informe, investigador de CIFOR y CIRAD (Centro para la Investigación Agrícola para el Desarrollo).

Enfoque mesurado

La certificación forestal, que asegura que la madera se produzca de acuerdo con estándares voluntarios específicos, con auditorías por terceros, se ha promovido como un medio para abordar la deforestación y la degradación forestal desde inicios de la década de los noventa.

En mayo de 2012, el área total de los bosques certificados a nivel mundial alcanzaba las 394 millones de hectáreas, encontrándose el 92 por ciento de bosques certificados en el hemisferio norte y solo el 2 por ciento en los trópicos, según el “Informe Anual del Mercado de Productos Forestales 2011-2012” producido por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECED) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los principales esquemas de certificación internacional incluyen al Consejo de Administración Forestal (FSC) y al Programa para el Reconocimiento de los Sistemas de Certificación Forestal (PEFC), que ratifica varios esquemas nacionales, tales como el Sistema de Certificación de la Madera en Malasia, el  Sistema Americano de Plantaciones de Árboles (ATFS), la Asociación Canadiense de Estándares y la Iniciativa Canadiense de Silvicultura Sostenible (SFI). A inicios del presente año, el  Esquema de Certificación Forestal de China también fue  ratificado por  PEFC. Indonesia también tiene su propio esquema, el  Indonesian Ecolabelling Institute (LEI-Lembaga Ekolabel Indonesia).

El esquema más destacado para la certificación de la gestión responsable de los bosques en los trópicos es el  FSC, que controla a las empresas y UMF para asegurar que cumplen principios, criterios e indicadores previamente establecidos.

A pesar del apoyo de estudiosos, grupos ambientalistas y grupos sociales, de los gobiernos y del sector privado, el impacto social de los estándares de FSC, que debería mejorar las relaciones entre las empresas madereras y las poblaciones locales, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo local, sigue siendo poco estudiado, especialmente en la región de la cuenca del Congo, dicen los investigadores.

La investigación de  CIFOR, financiada parcialmente por el  World Wide Fund for Nature, tenía como objetivo evaluar el impacto social  de las UMF certificadas y no certificadas por FSC  en Camerún, Gabón y la República del Congo, comparar los resultados entre ambos grupos y determinar si las diferencias entre los mismos podían atribuirse a la adopción e implementación de la certificación FSC.

Se seleccionó la cuenca del Congo para el estudio porque en el 2013 contaba con cerca de 5,3 millones de hectáreas de bosque tropical natural certificado – la zona tropical certificada más grande del mundo, de acuerdo con FSC, representando alrededor del 1,35 por ciento de todos los bosques certificados.

Los investigadores emprendieron una revisión de los mecanismos adoptados por las empresas madereras en 18 UMF certificadas y no certificadas, para evaluar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores de las empresas madereras y de sus familias.

También midieron la eficacia y legitimidad de las instituciones que regulan las relaciones entre las empresas madereras y las comunidades aledañas, así como los derechos a los bosques y los usos consuetudinarios de los que gozan  la población local.

Resultados mesurados

La investigación muestra que existen diferencias importantes entre las UMF certificadas y no certificadas.  Las UMF certificadas generalmente estaban asociadas con mejores condiciones de trabajo y de vida alrededor de los aserraderos, donde hay abastecimiento de agua, instalaciones médicas, vivienda, electricidad y gestión de residuos.

“Observamos que el diálogo abierto entre la población local y la empresa mejora la satisfacción del trabajador, y que los mecanismos de participación en los beneficios establecidos por las empresas mejoran la redistribución de  fondos a las comunidades locales”, dijo Cerutti.

Lescuyer agregó: “También encontramos que la presencia de una UMF, certificada o no, no estaba relacionada con un cambio importante en la agricultura local, la caza y la recolección de productos forestales no maderables para fines comerciales, a pesar de que estas prácticas están prohibidas por las regulaciones forestales”.

Los cambios positivos medidos todavía no significan impactos positivos de largo plazo en los medios de vida para las personas que viven en las UMF certificadas y en los alrededores de ellas, advirtió Cerutti.

“Sin embargo, las variables sociales medidas parecían indicar que existe un límite claro entre la madera certificada y no certificada, y que el avance hacia un manejo sostenible de los bosques ha estado impulsado más por la certificación que por la legislación actual”, dijo.

Los investigadores encontraron que algunas veces las mejoras requerían la corrección de la aplicación de una ley ausente o débil.  Algunas veces, las mejoras significaban que las empresas con una UMF certificada tenían que asumir el papel de un “Estado ausente” para evitar situaciones de conflicto que podrían dañar su estatus de certificadas o su reputación.

Como resultado, los impactos sociales positivos logrados por la certificación corren el riesgo de una continuación del papel histórico de las empresas madereras que operan como un “Estado dentro del Estado”, práctica que debería ser abandonada, dijo Cerutti.

Para mayor información sobre los temas tratados en el presente artículo, sírvase contactar a  Paolo Cerutti en p.cerutti@cgiar.org 

Este trabajo forma parte del  Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería  y está respaldado por el  World Wide Fund for Nature.