REDD+ puede llevar a mejoras en algunas áreas de proyecto, pero no ha implicado un cambio fundamental, y a estas alturas parece poco probable que lo haga”, dijo Anne Larson, Investigadora Principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional. CIFOR/Marco Simola

Varsovia, Polonia. Investigadores opinan que los preparativos para un esquema internacional propuesto para pagar a los usuarios locales que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la reducción de la deforestación, están poniendo más atención en los problemas de tenencia forestal, pero no los solucionan.

REDD+ (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación Forestal) es un mecanismo desarrollado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el fin de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal, creando un valor financiero para el carbono almacenado en los bosques, incentivando la gestión sostenible de tierras forestales con el fin de reducir las emisiones.

“REDD+ puede conducir a mejoras en algunas áreas de proyecto, pero no ha implicado un cambio fundamental, y a estas alturas parece poco probable que lo haga”, dijo Anne Larson, investigadora principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

Larson dirigió la publicación “Land tenure and REDD+: The good, the bad and the ugly” (Tenencia de la tierra y REDD+: Lo bueno, lo malo y lo feo”) trabajo reciente que se basó en un estudio de 22 proyectos piloto de REDD+ en 71 poblados en seis países: Brasil, Perú, Camerún, Tanzania, Indonesia y Vietnam.

La bibliografía mencionada en el trabajo ha establecido que los pagos propuestos por la captura adicional de carbono mediante la conservación forestal bajo REDD+, “ que incluyen el derecho y los medios para prevenir que terceros cambien la ocupación del suelo”.

Esto significa que, antes de que una comunidad, empresa o agencia estatal pueda recibir dinero para mantener los bosques en pie, debe ser capaz de demostrar que es propietaria del bosque y que puede impedir que otros lo destruyan.

Los científicos de CIFOR intentaron verificar si los proyectos que han empezado a experimentar con REDD+ cumplen con este pre-requisito, o si tuvieron un enfoque exitoso en los casos en que la tenencia era poco clara.

“Los hallazgos sugieren que en la mayoría de los casos REDD+ sin duda ha brindado nuevas oportunidades para garantizar los derechos locales de tenencia, pero que las intervenciones dispersas de los proponentes del proyecto a nivel local, no son suficientes en ausencia de programas nacionales más amplios para una reforma de tenencia de tierras”, afirmaron.

En todos los países estudiados, reclamos conflictivos de los distintos usuarios forestales afectaban muchas áreas que habían sido designadas para proyectos piloto, y los titulares de los derechos se quejaron de dificultades para hacerlos valer.

“En muchos casos, las concesiones o incluso los títulos de propiedad otorgados por distintos ministerios y/o gobiernos de nivel más bajo se traslapan; los colonos viven dentro de zonas demarcadas como tierras indígenas”, dijo Larson. “Incluso es bastante común encontrar que la suma total de tierras asignadas a varias partes interesadas da una cantidad mayor de la que realmente existe”.

Brasil sobresale:  ahí se ha estado desplegando una reforma de tenencia considerable, donde el gobierno ha otorgado tierras a las comunidades locales y a cientos de miles de pequeños agricultores que carecen de título, bajo la condición de que respeten las leyes sobre el medio ambiente.

Sin embargo, como se observa en las notas de Larson, “esto empezó mucho antes de REDD+”. Mencionó también que las incertidumbres acerca del financiamiento futuro del esquema suponen que pocos defensores de los derechos de tenencia en los seis países del estudio ven al esquema internacional de cambio climático como un elemento real de cambio – sin embargo usan la atención y dinero extra que este les ofrece.

“Las ONG y las comunidades indígenas que llevan a cabo proyectos REDD+ ven a este esquema como un activo más que los ayudará a avanzar hacia una meta de más largo alcance”, dijo.

El ejemplo brasilero también tiene sus deficiencias: Larson dijo que la reforma de la tenencia ha sido más sólida en algunos estados que en otros, y la investigación comparativa encuentra que las poblaciones locales enfrentan los mismos problemas en hacer valer sus derechos recientemente adquiridos que aquellas en países con una legislación menos favorable.

83 por ciento de los pueblos estudiados en Camerún y 55 por ciento en Indonesia, informaron acerca de un conflicto en por lo menos parte de sus tierras.

Casi todos los proponentes de los proyectos piloto de REDD+ dijeron a los investigadores de CIFOR que habían identificado problemas de tenencia en su área y que estaban trabajando para resolverlos. En muchos casos, pudieron ayudar a la población local a asegurar los derechos sobre sus tierras, usando los recursos disponibles para prepararse para REDD+.

Sin embargo, esto fue más difícil cuando los conflictos estaban “vinculados al desarrollo económico nacional”, tales como la inversión internacional en plantaciones de aceite de palma. “El problema con las comunidades y las poblaciones indígenas es que siempre son las desvalidas”, dijo Larson. “Las emisiones pueden proceder de usuarios de gran envergadura, pero es más fácil tratar con las personas menos poderosas en una comunidad local y pedirles que dejen de talar árboles, que enfrentar los factores subyacentes que permiten que una gran plantación se desarrolle despejando los bosques tropicales”.

Esto lleva a los autores del trabajo a concluir que REDD+ no desencadenará mejoras a gran escala al garantizar los derechos sobre la tierra, a no ser que haya una activa participación de los gobiernos nacionales. “Para abordar algunos de los problemas más serios de tenencia a nivel local o de proyecto, el gobierno necesita confrontar sus propias políticas”, indicaron.

Esto fue enfatizado por un estudio sobre la forma en que los medios de comunicación nacionales cubrían los temas relacionados con los bosques y el cambio climático. Los científicos de CIFOR encontraron que los proponentes de REDD+ que abogan por la reforma de la tenencia –como las ONG– rara vez eran percibidos como influyentes en la cobertura de la prensa, en tanto que los gobiernos sí lo eran.

Larson dijo que se habían desarrollado ejemplos notables de reforma de la tenencia relacionados con REDD+.

“En el Perú, el Banco Mundial acaba de reconocer a una coalición alternativa REDD+ de organizaciones indígenas”. Se refería a la inclusión formal de REDD+ Pueblos Indígenas de la Amazonía”, promovida por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, en el Programa de Inversión Forestal de $50 millones de los Fondos de Inversión en el Clima en la próxima ronda de financiamiento a fines de octubre.

Esto significa que parte del financiamiento internacional asignado para la lucha contra el cambio climático se dirigirá a programas desarrollados por las organizaciones de pueblos indígenas, cuya propuesta calificó los derechos sobre la tierra como su prioridad número 1, dijo Larson.

“Las organizaciones indígenas fueron capaces de aprovechar a REDD+ como una oportunidad”, dijo. “Pero este caso también sugiere que deberíamos ser cautelosos con las iniciativas de REDD+ que están dirigidas principalmente a imponer nuevas limitaciones a los pobres en los bosques, y más bien buscar alternativas que se basen en la experiencia local de lo que funciona para conservar los bosques”.

Este trabajo forma parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Arboles y Agroforestería.