Muchos gobiernos locales se quejan de que tener áreas protegidas en su territorio les hace perder ingresos que podrían haber conseguido cobrando impuestos si las tierras se usaran para otra cosa. Varios estados brasileños, incluyendo Minas Gerais y Paraná, han respondido estableciendo pagos especiales para los municipios con áreas protegidas para compensarlos por los ingresos perdidos. "El impuesto verde sobre el valor agregado: experiencias de los municipios de Paraná y Minas Gerais, en Brasil" por Peter May, Fernando Veiga Neto, Vlaldir Denardin, y Wilson Loureiro analiza la experiencia.

Desde 1992, el gobierno del estado de Paraná ha repartido más del 2.5% de todos los impuestos de valor agregado que recoge entre los gobiernos municipales con base en el área que tienen en conservación y que tan bien protegida está. Minas Gerais ha hecho pagos similares desde 1996, aunque apenas 0.5% del impuesto sobre el valor agregado va para este propósito y el estado asigna el dinero con base solamente en la cantidad de tierra conservada, no en la calidad de la conservación. Actualmente, la mitad de todos los municipios en Paraná y un tercio de ésos en Minas Gerais reciben tales pagos y los pueden utilizar de acuerdo a sus necesidades. Como resultado de estos programas, ahora muchos gobiernos locales están intentando expandir sus áreas protegidas. Desde que los programas comenzaron, el área de conservación ha aumentado 165% en Paraná y 62% en Minas Gerais. El crecimiento más grande fue en las áreas que no son protegidas por completo, pero en donde se aplican ciertas restricciones, y en las reservas naturales del sector privado. El estudio también encontró diferencias marcadas entre los municipios. Entre los nueve municipios examinados en mayor detalle, la porción del presupuesto que viene de los pagos por la conservación varió de menos del 1% a más del 17%.

Mientras que algunos gobiernos locales gastaron más en la conservación que lo que recibieron en transferencias de los impuestos "verdes" sobre el valor agregado, otros no gastaron nada. Habían municipios que trabajaron duro para aumentar su área de conservación para poder aumentar sus ingresos de esa forma y otros municipios que permanecieron desinformados y apáticos. En un municipio resultaron más beneficiados los productores grandes, a quienes el gobierno local les proporcionó varios servicios a cambio de establecer reservas privadas, mientras en otro caso los principales beneficiarios fueron familias rurales pobres que manejan sus bosques de forma colectiva. Los autores creen que los estados deberían dedicar una porción incluso más grande de sus impuestos de valor agregado a estos pagos y deben informarle más al público sobre el programa. Dicen que los pagos son más eficaces cuando los estados toman en cuenta indicadores cualitativos para la asignación de los pagos, además de la cantidad de tierra involucrada. Los estados también deberían considerar la posbilidad de requerirles a los municipios utilizar parte del dinero que reciben para actividades ambientales.