Niños de la comunidad de San Félix en la Amazonia brasileña. Las medidas para garantizar beneficios sociales a las personas del ámbito rural que se han visto afectadas por las iniciativas globales de carbono forestal siguen siendo un tema pendiente. Fotografía de Neil Palmer / CIFOR.

Niños de la comunidad de San Félix en la Amazonia brasileña. Las medidas para garantizar beneficios sociales a las personas del ámbito rural que se han visto afectadas por las iniciativas globales de carbono forestal siguen siendo un tema pendiente. Fotografía de Neil Palmer / CIFOR.

BOGOR, Indonesia — Es hora de tomar en serio las dimensiones sociales de los proyectos de REDD+, afirman los autores de un nuevo estudio.

El artículo, publicado recientemente en la revista Forests, revisa la evolución de los marcos multinivel de política para desarrollar “salvaguardas sociales” para REDD+ —un mecanismo de política internacional para ofrecer incentivos a los países en desarrollo para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal.

 Hay mucha presión por mostrar que los créditos de carbono, en el peor de los casos, no están haciendo daño a la gente y, con suerte, más bien mejorando sus vidas.

En particular, el estudio se centra en cómo los programas de REDD+ en tres países han adoptado salvaguardas, que aseguran la sinergia con las políticas nacionales y los convenios internacionales, un gobierno transparente, consentimiento previo, libre e informado (CLPI) y tenencia de la tierra, participación de las comunidades afectadas y mejora de los beneficios sociales.

“Existe mucha expectativa por llegar a un consenso internacional sobre salvaguardas sociales en la conferencia de Lima sobre cambio climático en diciembre”, dijo la autora principal del artículo, Pam Jagger, asociada senior del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y profesora adjunta de política ambiental en la University of North Carolina. “Los políticos tienen que lidiar con las preocupaciones sobre el bienestar humano, y también establecer expectativas para su medición, reporte y verificación (MRV)”.

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Cuando el programa original de ONU-REDD se puso en marcha en 2008, dijo Jagger, no existían medidas de protección de los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen de los bosques. Para el momento de las negociaciones sobre el clima de la ONU en Cancún en 2010, los formuladores de políticas habían identificado siete salvaguardas sociales y ambientales para REDD+.

“Desde Cancún, el tema ha sido dejado de lado en cada reunión posterior de la COP, así como en las reuniones del órgano técnico de la CMNUCC (OSACT)”, señaló. “Las salvaguardas sociales son una idea improvisada. Es hora de tratar seriamente esta cuestión”.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SALVAGUARDAS?

Este tema constituye un desafío, en parte, porque los actores tienen diferentes expectativas.

“Para algunos, las salvaguardias sociales consisten en asegurarse de que los proyectos no hagan daño”, dijo Jagger. “Otros quieren que los proyectos también traigan algún beneficio a la gente. Hay mucha presión por mostrar que los créditos de carbono, en el peor de los casos, no están haciendo daño a la gente y, con suerte, más bien mejorando sus vidas”.

Existen más de 200 proyectos de REDD+ en marcha en cerca de 40 países, señaló el estudio. Tras el acuerdo alcanzado en Cancún, han surgido varios estándares de certificación voluntaria para la evaluación de los impactos sociales y ambientales de estos proyectos. El más destacado es el estándar Climate, Community and Biodiversity (CCB), que ha sido adoptado por casi dos tercios de todos los proyectos de carbono forestal.

 Hay necesidad de una mayor orientación internacional sobre el uso de indicadores adecuados, métodos de recolección de datos y marcos para presentación de informes.

Adicionalmente, la alianza CCB y CARE International están promoviendo salvaguardas sociales a través de la iniciativa de Estándares Ambientales y Sociales de REDD+ (REDD+ SES, por sus siglas en inglés). Esta reúne a la sociedad civil, el sector privado y las agencias del gobierno para construir indicadores específicos a cada jurisdicción para monitorear el cumplimiento de los siete principios y 28 criterios de apoyo.

Mientras tanto, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial aplica su marco de gestión de riesgo social y ambiental, y sus políticas de salvaguarda para REDD+; el Programa ONU-REDD ha desarrollado principios y criterios sociales y ambientales en respuesta a los principios de Cancún; y donantes bilaterales de los Estados Unidos, Noruega y Australia también están elaborando sus propias políticas de salvaguarda.

Frente a la gran cantidad de enfoques existentes, muchos países que aún se encuentran en las etapas iniciales de REDD+ esperan que la COP20 de Lima indique una dirección definitiva sobre cómo medir, informar y validar las salvaguardas sociales. Países como Brasil, sin embargo, quieren flexibilidad para seguir sus propias políticas de salvaguarda, que en realidad son más estrictas que los principios de Cancún.

“Hay necesidad de una mayor orientación internacional sobre el uso de indicadores adecuados, métodos de recolección de datos y marcos para presentación de informes”, dijo Jagger. “Al mismo tiempo, existen muchas opiniones discordantes sobre [el proceso de] MRV de las salvaguardas. Algunos países ansían desesperadamente que les indiquen el rumbo, mientras que otros no quieren una directiva de arriba hacia abajo [top-down]”.

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A partir de datos del Estudio Comparativo Global sobre REDD de CIFOR (GCS-REDD, por sus siglas en inglés), los investigadores examinaron las políticas a nivel de país y el análisis de los medios de comunicación en Brasil, Indonesia y Tanzania —tres países relativamente avanzados en cuestiones de REDD+—. También entrevistaron a las partes interesadas para aprender acerca de las experiencias y acciones relacionadas con las salvaguardas sociales de REDD+ a nivel local.

Los investigadores descubrieron una tensión entre el reporte a escala nacional sobre salvaguardas sociales y la necesidad de información oportuna y de alta calidad sobre los proyectos en sí. “El monitoreo a nivel nacional se puede hacer con los datos de las encuestas nacionales, pero los resultados tienen que ser ‘verificados en el terreno’”, dijo Jagger.

Tanto en Brasil como en Indonesia, un enfoque descentralizado ha permitido una mayor creatividad e innovación. “En Brasil, se han hecho muchos avances interesantes en el nivel subnacional”, dijo la coautora Amy Duchelle, una científica de CIFOR radicada en Río de Janeiro. “Por ejemplo, el estado de Acre se asoció con la Iniciativa REDD+ SES para desarrollar un sistema de información de salvaguardas. Ahora, los estados de Amazonas y Mato Grosso están siguiendo su ejemplo”.

La innovación a nivel subnacional es impulsada en parte por grupos de la sociedad civil que exigen prestar una mayor atención a las consecuencias sociales de los proyectos de carbono. En Brasil, por ejemplo, el órgano de coordinación de las organizaciones indígenas de la Amazonia participó en el comité de múltiples partes interesadas que desarrolló los Principios y Criterios Socioambientales de REDD+ de Brasil.

“En Brasil e Indonesia, las voces de los grupos indígenas realmente tienen un impacto”, dijo Jagger. “En Tanzania, estos no tienen el mismo empuje de abajo hacia arriba para motivar avances en las salvaguardas sociales de REDD+”.

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Los resultados del análisis de medios de comunicación, el cual estuvo centrado en qué se dijo sobre REDD+ y quién lo dijo, produjeron algunas sorpresas.

“Nos sorprendió lo poco que los medios de comunicación se han ocupado de los impactos sociales en los tres países”, dijo Jagger. “Sin embargo, el diálogo sobre las salvaguardas sociales realmente se ha acelerado en años recientes, y el análisis de la cobertura de los medios de comunicación en el último año o dos podría producir puntos de vista distintos”.

Las partes interesadas esperan recibir orientación y sistemas de información de salvaguardas (SIS) en la próxima Conferencia de las Partes en Lima. “Hay una necesidad enorme de diseñar estrategias rigurosas, sostenibles y de bajo costo para el MRV de salvaguardas de REDD+”, dijo Jagger. “Sin embargo, es probable que la financiación para apoyar los SIS sea muy limitada”.

En un artículo de próxima aparición, Jagger y su coautor Pushpendra Rana, un investigador postdoctoral de CIFOR, exploran el uso de datos disponibles al público para evaluar los impactos de las salvaguardas sociales de REDD+ en Kalimantan, Indonesia.

“No es [un método] perfecto”, dijo Jagger, “pero se puede aprovechar algunas variables que son buenos indicadores de impactos sociales. Es un enfoque de costo relativamente bajo, utiliza métodos rigurosos y, debido a que está integrado en un esfuerzo de recopilación de datos en curso, es sostenible en el mediano plazo”.

Este es un mensaje que puede ser bien recibido en Lima.

Para obtener más información acerca de los temas tratados en este artículo, por favor póngase en contacto con Pam Jagger en pjagger@unc.edu o con Amy Duchelle en a.duchelle@cgiar.org.

El Estudio Comparativo Global sobre REDD+ de CIFOR es apoyado en parte por el Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Arboles y Agroforestería y por NORAD, AusAID, DFID y la Comisión Europea.