Bosques y tierras de cultivo en Santa Cruz, Bolivia. Este país sudamericano, famoso por haber concedido derechos legales a la naturaleza se encuentra ante una encrucijada: cómo conservar sus bosques y, al mismo tiempo, alcanzar la soberanía alimentaria. Fotografía de Sam Beebe / Flickr.

BOGOR, Indonesia — En Bolivia, la Madre Tierra tiene derecho a la vida, la biodiversidad, agua y aire limpios, al equilibrio, la restauración y a una vida libre de contaminación. Esta ley, promulgada en 2012, asigna a los humanos la obligación de proteger esos derechos.

Pero el país sin salida al mar ubicado en el corazón de América del Sur también se ha comprometido a aumentar su producción de alimentos para satisfacer las necesidades de una población en aumento, y a aprovechar sus suelos y bosques para lograr el crecimiento económico.

Como en muchos otros países tropicales, esos dos objetivos se encuentran en curso de colisión, según afirma un estudio sobre deforestación y degradación de los bosques en la Amazonia boliviana.

Gran parte de los bosques tropicales de Bolivia, ubicados en las tierras bajas del país, se han visto amenazados por el cultivo de soya y por la expansión de la ganadería. Las tasas de deforestación son estables aunque relativamente altas, de alrededor de 200.000 hectáreas por año, según el estudio realizado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

A inicios de la década de 2000, el Gobierno boliviano expresó su interés en hacer uso de los mecanismos de mercado, como el comercio de carbono, para frenar la deforestación y la degradación forestal.

Pero ese enfoque cambió luego de que el presidente Evo Morales asumiera el poder en 2006.

Además de promulgar leyes que detallaban los derechos de la Madre Tierra y los deberes del Gobierno y los ciudadanos bolivianos para protegerla, el país se ha alejado de los incentivos para la conservación basados en el mercado, tales como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+).

“Bolivia ha estado trabajando para visibilizar las alternativas que no son de mercado en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático”, dijo Pablo Pacheco, científico principal de CIFOR.

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La Ley de la Madre Tierra considera que los derechos sobre el suelo son un asunto colectivo de interés público y establece los derechos de los pueblos indígenas, de los habitantes de zonas rurales, y de las comunidades interculturales y afrobolivianas. Pero existen contradicciones entre esa ley y otras normas que promueven la expansión de la agricultura industrial y la soberanía alimentaria, lo que podría conducir a una mayor tala de bosques, afirma el estudio.

UN EQUILIBRIO DESAFIANTE

Alrededor del 80 por ciento de las 50 millones de hectáreas de bosques de Bolivia se encuentran en las tierras bajas amazónicas, tradicionalmente ocupadas por grupos étnicos nativos que utilizaban productos forestales sin ocasionar grandes impactos a los bosques.

La tala de árboles a gran escala, que comenzó en la década de 1960, provocó conflictos entre las empresas madereras y los habitantes indígenas de los bosques. Cuando las comunidades indígenas intensificaron sus demandas por derechos territoriales en la década de 1990, el Gobierno respondió mediante el establecimiento de “territorios indígenas originarios campesinos” (TCO) que reconocían los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas a sus tierras.

Otra legislación de la década de 1990 estableció concesiones forestales que apoyaban la gestión sostenible comunitaria de los bosques. Con el tiempo, esta legislación se ha modificado para apoyar la gestión forestal integrada, y recientemente se ha establecido un programa para la promoción de las plantaciones forestales y la reforestación. Además, los programas de titulación han ayudado a hacer más segura la tenencia de la tierra. La creciente atención puesta sobre la verificación de la legalidad de la madera, por su parte, ha disminuido la tala ilegal, aunque su implementación se encuentra aún en curso, según el estudio.

Ahora que las tierras agrícolas de mejor calidad ya han sido tomadas, la expansión de los cultivos de soya ha disminuido, y la ganadería se ha convertido en la principal causa de destrucción de los bosques de tierras bajas de Bolivia, señala el estudio. Alrededor del 50 por ciento de la deforestación se debe a la ganadería, el 30 por ciento a los cultivos industriales y el 20 por ciento a los pequeños agricultores, dice el coautor del estudio Robert Müller, de la Universidad de Göttingen.

Bolivia ha anunciado sus metas de soberanía alimentaria: producir la cantidad de alimentos necesaria para alimentar a su creciente población. Pero eso podría aumentar la presión para convertir los bosques en tierras de cultivo.

La deforestación en Bolivia aumentó de alrededor de 51.000 hectáreas por año entre 1976 y 1986, a 205.000 hectáreas por año entre 2006 y 2010. Entre 1992 y 2001, la deforestación en el país causó la pérdida de 277 millones de toneladas de biomasa, que liberaron a la atmósfera 56 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂). En la década siguiente, de 2001 a 2010, la pérdida de biomasa se elevó a 424 millones de toneladas y las emisiones de CO₂ ascendieron a 77,8 millones de toneladas.

En 2010, el país aprobó una estrategia nacional de cambio climático que menciona de manera específica el papel que cumplen los bosques en la mitigación del cambio climático y en ayudar a las personas locales a adaptarse. Pero una nueva Constitución aprobada en 2009 descentralizó la administración pública, incluida la gestión de los bosques y la distribución de responsabilidades en los niveles local, regional y nacional no es del todo clara, dice el estudio.

Nubes invaden un bosque de montaña cerca de Caranavi, Bolivia. El futuro de los bosques del país se avizora igualmente difícil de continuar las tendencias agrícolas actuales. Fotografía de Neil Palmer / CIAT.

¿UNA ALTERNATIVA A LOS MERCADOS DE CARBONO?

Los esquemas basados en el mercado que Bolivia ha rechazado han sido un punto clave de la agenda de las cumbres internacionales sobre el clima conducentes a un nuevo tratado que sustituya el Protocolo de Kioto. Se espera la firma de un nuevo acuerdo en París a finales de 2015.

Funcionarios bolivianos sostienen que la comercialización de la naturaleza a través de dispositivos tales como los mercados de carbono va en contra de los derechos de la Madre Tierra y tiende a socavar la capacidad de las personas que dependen de los bosques del país para su subsistencia.

También alegan que el comercio de carbono no ataca la causa fundamental de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues permite que las empresas de los países industrializados mantengan sus emisiones siempre y cuando las compensen en otros lugares.

En la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima de 2010 en México, Bolivia insistió en respetar los derechos de los pueblos indígenas, poner énfasis tanto en la adaptación como la mitigación, evitar los mecanismos de mercado y prohibir la tala de bosques para plantaciones de árboles o infraestructura. Desde entonces, el Gobierno ha modificado ligeramente su posición, aceptando que los países podrían utilizar mecanismos de mercado, pero pidiendo también incentivos que no estén basados en el mercado.

Para implementar sus propuestas de REDD+ no basadas en el mercado, Bolivia estableció el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integrado y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, que alienta la coordinación política, técnica y operativa, y prevé la recaudación de fondos. Además, el Gobierno ha creado un organismo, la “Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra” para apoyar este proceso.

Esta oficina ha iniciado acciones en apoyo de la gestión integrada del suelo y los bosques en el departamento de Pando, así como en cinco municipios del departamento de Santa Cruz. Si bien  el Estado proporciona algunos recursos, también existe participación de algunos donantes internacionales y apoyo de la FAO y el PNUMA.

La propuesta boliviana no basada en el mercado para reducir la deforestación se concentra en gran medida en los pequeños agricultores, pero sus prácticas agrícolas no son la causa principal de la deforestación en el país. Los responsables políticos bolivianos deben analizar y orientar sus acciones hacia los impulsores principales de la deforestación, que son la ganadería y la agricultura a escala industrial, dice Müller.

Una ganadería más intensiva —mayor cantidad de ganado por hectárea— podría reducir el impacto de esta actividad al hacerla más eficiente, dice el estudio. Limitar la agricultura mecanizada a zonas con suelo adecuado y terminar con los subsidios al combustible diésel podrían frenar la deforestación causada por la agricultura industrial. Una mejor zonificación local, junto con incentivos para la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, podría reducir la deforestación causada por pequeños agricultores.

Mientras Bolivia discute en la agenda internacional en favor de la protección de los derechos de la Madre Tierra, a nivel interno existe una fuerte presión política para expandir la frontera agrícola, basada en discursos sobre seguridad alimentaria. En última instancia, para Bolivia y otros países de bosques tropicales que están lidiando con la mitigación del cambio climático, el desafío es equilibrar la producción de alimentos con la protección de los bosques y, al mismo tiempo, mejorar la coherencia entre su posición en las negociaciones sobre el cambio climático y la agenda política interna.

“Esto no es algo particular de Bolivia”, dijo Pacheco. “Muchos otros países se enfrentan a esta contradicción. El reto es encontrar formas de conciliar la producción de alimentos con la protección de los bosques, y desvincular el crecimiento agrícola, que tiene un papel importante para el cumplimiento de los objetivos de seguridad alimentaria [del tema] de la deforestación”.

Para obtener más información acerca de los temas de esta investigación, por favor póngase en contacto con Pablo Pacheco en p.pacheco@cgiar.org.

Esta investigación se llevó a cabo como parte del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ y el Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería y fue apoyada en parte por NORAD, AusAID, DFID, la Comisión Europea, el Departamento de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Finlandia, y la Fundación David y Lucille Packard.