Algunas comunidades tienen empresas constituidas para vender madera, otras usan los bosques como una especie de cuenta de ahorros, donde las familias cortan algunos árboles para poder sufragar los gastos de educación o hacerle frente a una emergencia médica. Fotografía cortesía de Tomas Munita/CIFOR.

LIMA, Peru (25 de junio de 2013)_Para las comunidades indígenas y otros habitantes del bosque en América Latina obtener los beneficios de la madera depende no solo de los derechos de tenencia sino también de cómo ellos se insertan en los mercados, asegura un nuevo estudio.

La investigación llevada a cabo en cuatro comunidades –cada una con diferentes características pero representativas de situaciones prevalecientes en la región– revela que todo aspecto es fundamental, desde su proximidad a los mercados y poder de negociación hasta el nivel de dependencia de la madera para sus medios de vida.

Esto significa que los responsables del diseño de políticas deben tener en cuenta no solo a las comunidades sino a todos los actores –incluso los operadores de motosierras, los aserraderos y los intermediarios– a la hora de desarrollar sistemas orientados a fortalecer la gestión forestal a nivel local.

“La tenencia es importante para esclarecer los derechos de acceso a los recursos forestales pero no es el factor más importante para determinar cómo se benefician las comunidades”, dijo Pablo Pacheco, investigador del Centro para la Investigación Forestal Internacional, que dirigió el estudio “Condiciones que determinan la participación de los pequeños productores y las comunidades en los mercados de la madera en la América Latina tropical” (publicado originalmente en un número especial de la revista Conservation & Society.

Diferentes comunidades tienen características distintas y usan los recursos de diversas formas, explicó Pacheco. Mientras que algunos tienen empresas constituidas para vender madera, otros usan los bosques como una especie de cuenta de ahorros, donde las familias cortan algunos árboles para poder sufragar los gastos de educación o hacerle frente a una emergencia médica.

Los mercados también son variados y van desde lo formal y relativamente transparente, con contratos claros de compradores en las ciudades, hasta los mercados informales, a veces ilegales, en áreas remotas, que dependen más de intermediarios que tienen acceso a los compradores.

Para entender el grado en que las comunidades y los pequeños propietarios se benefician de los bosques, se deben tener en cuenta dos grupos de factores dijo Pacheco.

Uno está relacionado con el acceso de las comunidades a los mercados, así como su nivel de organización, poder de negociación y conocimiento de las dinámicas del mercado. El otro se relaciona con las condiciones del mercado en sí, incluyendo distorsiones en los precios, falta de información debido a las relaciones asimétricas entre compradores y vendedores y las regulaciones que gobiernan los mercados.

Pacheco asevera que esos componentes, combinados de diferentes formas en cuatro comunidades en Nicaragua, Bolivia y Brasil afectan la manera en que ellas manejan sus bosques y la cantidad de ingresos que reciben.

En Layasiksa, en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, los miembros de comunidades indígenas y étnicas crearon su propia empresa y desarrollaron dos planes de manejo forestal para un área cercana a las 10,000 hectáreas. Aproximadamente el 50% de la misma se le otorgó a una empresa en concesión por un periodo de diez años mientras que la empresa forestal comunitaria Kiwatingni administra el resto, produciendo tanto troncos como madera aserrada.

“Las comunidades que no pueden costear el pago de los planes de manejo terminan abandonando el proceso, pero continúan cortando madera”

En Guarayos, en el departamento de Santa Cruz en Bolivia, la comunidad indígena Cururú también elaboró un plan de manejo forestal y formó una empresa forestal. Al igual que Layasiksa, recibió asistencia de organizaciones no gubernamentales y proyectos forestales. Cururú obtuvo la certificación FSC para sus operaciones de madera e incrementó sus ingresos.

Los bosques fueron menos rentables en las otras dos comunidades estudiadas por Pacheco. Los pequeños propietarios de Iturralde, en la parte norte del departamento de La Paz, carecen de planes de manejo forestal debido a que su elaboración es muy costosa o a que la tierra pertenece a otros. Como resultado, las personas venden generalmente la madera más valiosa de la tierra que ocupan o talan árboles en tierras públicas, incluyendo áreas protegidas vecinas. Gran parte del mercado local de madera es ilegal o informal, y los comerciantes adelantan dinero para el financiamiento de operaciones de aprovechamiento de pequeña escala.

En Puerto de Moz, en la parte norte del estado de Pará, Brasil, los conflictos entre los residentes locales y las grandes empresas madereras en las décadas de 1980 y 1990 llevaron a la creación de la Reserva Extractiva Verde para Sempre en 2004. Las empresas madereras fueron expulsadas y los pequeños propietarios que habitan en el área recibieron derechos de tenencia, aunque con algunas restricciones.

Les tomó varios años a las comunidades elaborar los planes de desarrollo sostenible requeridos para la reserva. Tampoco lograron desarrollar planes de manejo forestal. Como resultado, los mercados de madera informales se expandieron y se redujo el poder de negociación de los pequeños propietarios.

“Las comunidades estudiadas representan la gama de situaciones existentes en torno a la capacidad de manejar el bosque e interactuar con los mercados, desde comunidades que no están bien organizadas y no dependen mucho de la venta de madera hasta aquellas que participan plenamente en los mercados y tienen operaciones comerciales”, sostuvo Pacheco.

Las diferencias entre ellas destacan la necesidad de repensar las regulaciones y maneras de controlar los recursos forestales, afirmó.

Es posible que las comunidades que usan sus bosques como reservas de “efectivo” no necesiten –ni deseen- invertir en planes de manejo de gran escala, aseguró. El requisito que exige la elaboración de un plan comercial los podría empujar hacia mercados informales o ilegales. Y la mayor parte de comunidades rurales venden en cierta medida a los mercados informales, dependiendo de las condiciones y la demanda, sostuvo.

“Las comunidades que no pueden costear el pago de los planes de manejo terminan abandonando el proceso, pero continúan cortando madera” resaltó.

“El sistema (oficial) es relativamente costoso, de manera que los pequeños propietarios cortan madera informalmente o ilegalmente y la venden en el mercado informal. Esa siempre ha sido una opción para ellos”.

En lugar de tratar de eliminar a los mercados informales con regulaciones demasiado costosas o complicadas, Pacheco sugiere que las autoridades diseñen políticas que faciliten que todos los actores del mercado –incluyendo los pequeños propietarios, operadores de motosierras, aserraderos y los compradores– operen legalmente y de manera más eficiente.

“Ha habido gran presión para que las comunidades manejen sus bosques comercialmente”, sostuvo. “Considero que el modelo necesita ser más flexible, dándoles a las comunidades más opciones e implementando prácticas de manejo que puedan sostener en el largo plazo”.

Para mayor información acerca de los temas discutidos en este artículo, contactar a Pablo Pacheco p.pacheco@cgiar.org

Esta investigación forma parte del Programa del CGIAR Bosques, Árboles y Agroforestería y fue financiado por el IDRC, la Fundación Ford y PROFOR.