Pueblo de Panengahan, regencia de Pesisir Barat. Provincia de Lampung. CIFOR/Nanang Sujana

La adopción de un enfoque jurisdiccional para la gestión sostenible de los bosques y paisajes en los trópicos es considerada cada vez más como uno de los métodos más eficaces para la conservación de ecosistemas productivos y el apoyo a los medios de vida en los círculos forestales y de desarrollo.

Los enfoques jurisdiccionales complementan los esfuerzos de gestión integrada del paisaje al reunir diversos niveles de gobierno, del nacional al local, lo que sirve para mejorar y desarrollar vínculos entre las metas relacionadas con los servicios ecosistémicos, el medioambiente y el desarrollo agrícola y rural.

Una serie de nueve artículos de investigación seleccionados por científicos del Equipo de investigación sobre Cambio Climático, Energía y Desarrollo Bajo en Emisiones del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), el Earth Innovation Institute y otros colaboradores, publicados en la revista Frontiers, detalla diferentes perspectivas sobre los enfoques jurisdiccionales a nivel subnacional y ofrecen información sobre su capacidad para producir cambios e ideas sobre su nivel de influencia.

“A medida que avanzábamos, encontramos que iban surgiendo patrones claros, que finalmente situaron la discusión dentro del contexto de la investigación sobre gobernanza ambiental a través de un enfoque jurisdiccional subnacional”, dijo Amy Duchelle, líder del equipo CIFOR hasta mediados de julio de 2021. “Esto evidencia la necesidad de contar con evaluaciones críticas e independientes acerca de los avances y desafíos de estos enfoques hasta la fecha”.

A continuación, se presentan breves resúmenes de los artículos:

En “Descentralización forestal en el contexto de las prioridades mundiales sobre el carbono: nuevos desafíos para los gobiernos subnacionales”, los investigadores evalúan las relaciones entre niveles de gobernanza y gobiernos para comprender cómo la forestería del carbono relacionada con el clima interactúa con la descentralización como resultado de demandas en conflicto sobre el uso de la tierra y las preguntas sobre quién determina el mandato del rol de los gobiernos subnacionales para desarrollar soluciones prácticas para el uso de la tierra. Mediante un análisis de los proyectos de forestería del carbono y los procesos de descentralización forestal en Indonesia, México, Perú, Tanzania y Vietnam, países que cuentan con iniciativas de este tipo, los científicos evalúan sus limitaciones y potencial.

En “Autoridad de los gobiernos de segundo nivel para reducir la deforestación en 30 países tropicales”, los científicos clasifican a los gobiernos de segundo nivel en 30 países tropicales que se proyecta que tengan altos niveles de emisiones debido a la deforestación, para determinar el alcance de su autoridad en general y en relación con los bosques. La autoridad de los gobiernos estatales y provinciales —es decir, los “gobiernos de segundo nivel”— para la toma decisiones relacionadas con la desaceleración de la deforestación independientemente de los gobiernos nacionales varía ampliamente entre países. Estos artículos demuestran qué países tienen gobiernos de segundo nivel con mayor autoridad para reducir la deforestación y cuáles tienen la menor autoridad; y presentan información detallada sobre varias carteras que por lo general son controladas por este nivel de gobierno, ilustrando las implicaciones y los posibles patrones de deforestación relacionados.

En “Una teoría del cambio preliminar para la evaluación de los enfoques jurisdiccionales para reducir la deforestación”, los autores exploran de qué manera las jurisdicciones subnacionales son promovidas como niveles estratégicos de gobernanza para lograr los objetivos de reducción de la deforestación. Afirman que, aunque los enfoques jurisdiccionales son cada vez más populares, la falta de datos empíricos sólidos impide documentar de manera adecuada su eficacia en la obtención de resultados ambientales, sociales y económicos. Sugieren que una mayor clarificación del concepto de enfoque jurisdiccional sería beneficiosa, en especial si se basa en una teoría del cambio que explique los vínculos entre las intervenciones asociadas con un enfoque determinado y sus efectos.

En “Lecciones para los enfoques jurisdiccionales de iniciativas a nivel municipal para detener la deforestación en la Amazonía brasileña”, los investigadores postulan que, a pesar de la creciente popularidad de los enfoques jurisdiccionales en los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, todavía no existe un consenso sobre qué enfoque seguir. Los investigadores evaluaron dos estudios de caso contrapuestos a nivel municipal en el estado de Pará, en la Amazonía oriental, donde se están realizando esfuerzos para reducir la deforestación a nivel de toda la jurisdicción. Utilizando cronogramas de intervención en gobernanza forestal y otras herramientas, definieron los procesos utilizados en cada municipio. Mediante este proceso, brindan respuestas acerca de cómo implementar y mejorar los enfoques jurisdiccionales destinados a detener la deforestación en los trópicos.

En “REDD+ en la teoría y en la práctica: cómo las lecciones de los proyectos locales pueden orientar los enfoques jurisdiccionales”, los científicos exploran, mediante el análisis de dos bases de datos, cómo los proyectos locales de REDD+ fueron diseñados con frecuencia como acciones piloto. Descubrieron que entre 226 proyectos de REDD+ orientados a la conservación, solo 88 habían planificado incentivos condicionales para los propietarios de tierras, que es la característica clave de los pagos por servicios ambientales (PSA). Al examinar en detalle una cartera de 23 proyectos locales de REDD+ que fueron implementados, los científicos descubrieron que los incentivos condicionales eran considerados la forma de intervención más prometedora y eficaz. Los científicos hallaron que la inseguridad en la tenencia de la tierra y los flujos financieros inciertos de REDD+ fueron los impedimentos principales para el uso de incentivos condicionales, lo que en última instancia reveló las discrepancias entre la teoría y la práctica de REDD+. Y concluyen que las jurisdicciones harían bien en planificar incentivos condicionales para los propietarios de tierras solo en aquellos escenarios en los que se cumplan las condiciones previas para los PSA.

En “La Declaración de Rio Branco: evaluación de los avances hacia el objetivo de reducción voluntaria de la deforestación a corto plazo en jurisdicciones subnacionales de los trópicos”, los científicos exploraron las 30 jurisdicciones subnacionales de primer orden en Brasil, Indonesia, México y Perú que firmaron voluntariamente el acuerdo de Rio Branco y se comprometieron a reducir la deforestación en un 80 por ciento para el año 2020 si recibían un apoyo adecuado de la comunidad internacional. Los científicos evaluaron los avances hacia el cumplimiento de su compromiso de reducción de la deforestación y examinaron un subconjunto de los posibles factores que respaldan o retrasan los avances, y encontraron que el logro de dicho objetivo era un proceso lento y probablemente inalcanzable en la mayoría de las jurisdicciones fuera de Brasil.

En “¿De qué manera pueden los enfoques jurisdiccionales para la sostenibilidad proteger y mejorar los derechos y medios de subsistencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales?”, los científicos exploraron la hipótesis de que los bosques tropicales contienen hasta una tercera parte de la solución que se requiere para frenar el cambio climático. Debido a que los estimados indican que 200 millones de “pueblos de los bosques” —incluidos pueblos indígenas y comunidades locales— viven en bosques tropicales y dependen de ellos, lograr el potencial total de mitigación del cambio climático requiere hallar nuevas formas de colaboración. En 2018, 34 gobiernos subnacionales y 18 organizaciones indígenas y de comunidades locales anunciaron su respaldo a los “Principios rectores para la colaboración entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas y comunidades locales”. Luego de su análisis, los científicos sugieren que la implementación y el aseguramiento de los derechos son procesos desiguales en las diversas jurisdicciones subnacionales, lo que limita su potencial para orientar los resultados de las políticas y los mecanismos de distribución de beneficios.

En “El enfoque jurisdiccional en Indonesia: incentivos, acciones y facilitación de conexiones”, los autores discuten cómo, en un comienzo, los enfoques jurisdiccionales fueron vistos como una forma de gestionar los obstáculos durante los esfuerzos iniciales para implementar los compromisos empresariales con cadenas de suministro libres de deforestación. Aunque el impacto general de estos enfoques en las cadenas de suministro aún no está claro, los incentivos materiales para el cambio son muy limitados en comparación con los factores tradicionales que impulsan la deforestación. Esto se debe a la disponibilidad limitada de datos espaciales para un mejor ordenamiento territorial, la baja capacidad de los funcionarios a nivel distrital y la falta de alineación de las políticas gubernamentales entre entidades subnacionales y nacionales y entre ministerios. Con el fin de probar de manera adecuada una teoría del cambio desarrollada en torno a enfoques jurisdiccionales, se requiere poner mayor énfasis en la creación de incentivos externos y una vinculación más amplia de iniciativas entre jurisdicciones que permita abrir camino a actividades en provincias y distritos particulares.

En “Uso participativo de una herramienta para evaluar la gobernanza para paisajes sostenibles”, los científicos señalan que la gestión sostenible de los recursos es fundamental para equilibrar los objetivos contrapuestos en temas económicos, ambientales y de medios de subsistencia, y enfoques jurisdiccionales integrales para garantizar que la gobernanza de los bosques y el uso de la tierra puedan ayudar promover la sostenibilidad. Mediante el uso de una herramienta de calificación en 19 estados y provincias de Brasil, Ecuador, Indonesia, Costa de Marfil, México y Perú a partir de información pública, entrevistas con las partes interesadas de la jurisdicción y un taller multiactor para validar las calificaciones de los indicadores, los científicos exploraron los efectos de la participación de los actores involucrados. En general, se consideró que la herramienta era útil para la autoevaluación de la jurisdicción y para abordar las brechas en la coordinación, lo que demuestra que es posible utilizar un enfoque participativo para recopilar y validar datos y orientar la investigación sobre gobernanza ambiental y sostenibilidad.