Las organizaciones indígenas y el Gobierno de Perú están superando los obstáculos generados por los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra para implementar programas efectivos de mitigación del clima. Este avance, afirman los investigadores, representa una esperanza para que su enfoque colaborativo pueda ser aplicado en otras regiones.

Los esfuerzos para introducir programas REDD+ (Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de los bosques), han enfrentado varios obstáculos, incluyendo la desconfianza y protestas relacionadas con un énfasis, que se dio al inicio, a los esquemas de mercado de carbono e intervenciones diseñadas sin considerar las opiniones de quienes se benefician del bosque.

En el marco del proyecto Estudio Comparativo Global sobre Reformas de Tenencia en Tierras Forestales (GCS-Tenure), investigadores del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) analizaron dos proyectos piloto en la Amazonía peruana, y observaron que tanto el Gobierno como las organizaciones indígenas fortalecieron de forma efectiva la seguridad de tenencia de la tierra luego de que se introdujeron las reformas. Los hallazgos del estudio fueron publicados en la revista científica Environmental Policy and Governance.

“Nuestra investigación se concentró en la nueva ola de iniciativas y proyectos REDD+, los cuales van más allá de los intentos iniciales basados en el mercado para implementarlos”, afirmó Emilie Dupuits, investigadora de la Fundación Nacional para la Ciencia de Suiza. “Encontramos que a los niveles jurisdiccional y subnacional en los que las poblaciones indígenas participan, suceden transformaciones reales, y que las interrogantes sobre la seguridad de tenencia por parte de grupos indígenas están siendo abordadas”.

Como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), REDD+ fue reformado en 2013 durante la conferencia internacional sobre el clima en Varsovia para asegurar salvaguardas de tipo social y ambiental en la conservación de bosques ricos en carbono mediante pagos por reducción de emisiones. Esto representa un importante logro obtenido a través del activismo indígena transnacional.

Inicialmente REDD+ se enfocó primordialmente en los marcos y políticas internacionales, y poco en los aspectos prácticos de la aplicación de políticas nacionales en el terreno, afirmó Peter Cronkleton, antropólogo e investigador sénior de CIFOR. “Examinamos la forma en que iniciativas con objetivos y agendas similares cooperaron para superar los desafíos de la implementación a nivel local causados por malentendidos, percepción de sesgos por parte de líderes, y conflictos entre instituciones”.

El Gobierno peruano, el cual ha jugado un papel activo en REDD+ desde el inicio –tomando como base anteriores iniciativas innovadoras de manejo forestal–, ha trabajado con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), encabezando una nueva ola de programas REDD+.

Estos programas incorporan salvaguardas y beneficios no relacionados con el carbono, reconociendo la necesidad de incluir aspectos como la reducción de pobreza, la conservación de biodiversidad, los derechos indígenas de tenencia y la participación de comunidades locales.

En Perú, donde la deforestación es la principal fuente de emisiones de carbono, los pueblos indígenas crearon la REDD+ Indígena Amazónico (RIA) para asegurar los derechos de tenencia, y el Ministerio del Ambiente (MINAM) creó el Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB), el cual ofrece pagos condicionales a las comunidades indígenas con el fin de apoyar el manejo sostenible del bosque.

Estas iniciativas, actualmente activas en la selva tropical de la región peruana de Madre de Dios, han acortado la brecha institucional que antes existía entre políticas nacionales, instituciones regionales, necesidades locales y expectativas, y la cual en el pasado constituyó una gran dificultad para la ejecución de REDD+ en el terreno.

Por ejemplo, RIA apoyó las demandas de los pueblos indígenas sobre 100 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, y la otorgación de títulos a más de 1200 comunidades. El PNCB, por su lado, brinda incentivos financieros a más de 200 comunidades en 12 regiones que representan alrededor de 2 millones de hectáreas de bosque.

El MINAM y la Federación Nativa del río Madre de Dios (FENAMAD) unieron fuerzas como una institución regional de cogestión en colaboración con otros grupos indígenas, lo cual mejoró la seguridad en los derechos de tenencia, logrando así la inclusión de consideraciones políticas locales en programas de mitigación del cambio climático liderados por el gobierno y que son diseñados a nivel nacional.

“Aprendimos que el gobierno hizo frente a la falta de presencia territorial en Madre de Dios”, señaló Dupuits. “También nos dimos cuenta de que es vital el reconocimiento de las brechas institucionales verticales entre los casos nacionales, regionales y locales, y las iniciativas institucionales y de cooperación horizontales”.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron 10 comunidades indígenas a lo largo del río Madre de Dios, que obtuvieron sus títulos entre los años 70 y 90. Y entre 2015 y 2016, entrevistaron a 20 líderes indígenas clave, representantes de organizaciones no gubernamentales, personal a cargo de la toma de decisiones en instituciones nacionales en Lima e instituciones regionales en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios.

Esta investigación recibió el apoyo de la Comisión Europea y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.