*Nota del editor: Este artículo es una publicación original de Landscapes News, del Global Landscapes Forum.

Los reclamos formales por la tenencia de la tierra —a menudo estancados debido a costosas disputas legales de hasta 30 años de duración— solo pueden ser implementados adecuadamente si tienen el respaldo de un fuerte apoyo gubernamental, señala un nuevo informe.

Respetar los derechos de tenencia comunitaria e indígena de más de 2.500 millones de personas de todo el mundo cuyos medios de subsistencia dependen de la tenencia colectiva de la tierra, ayudaría a conservar los bosques, mitigar el cambio climático y reducir la degradación ambiental y conduciría a iniciativas de desarrollo sostenible, dicen los autores de The Scramble for Land Rights: Reducing Inequity between Communities and Companies (La disputa por los derechos a la tierra: reducción de la inequidad entre comunidades y empresas).

Este documento, presentado recientemente en Lima, Perú, fue producido de manera conjunta por científicos del World Resources Institute (WRI), el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y sus socios. Presenta un análisis de datos obtenidos de países donde existen fuertes tensiones relacionadas con los derechos a la tierra, a menudo debido a la superposición de derechos.

El informe señala que a medida que se intensifica la competencia por la tierra y la demanda global por alimentos, combustible, minerales, fibras y productos de madera, con las empresas intensificando esfuerzos por asegurar tierras, no se deben subestimar los beneficios de la seguridad de la tenencia a nivel comunitario.

Mientras que los grupos comunitarios pasan años cumpliendo con los pasos legales exigidos para formalizar su derecho a la tierra, las empresas a menudo obtienen derechos para la extracción de recursos de tierras comunitarias en el transcurso de un mes.

Los investigadores analizaron los datos sobre 19 procesos de formalización de derechos comunitarios a la tierra en 15 países, distribuidos equitativamente entre África, Asia y América Latina. Aislaron cinco factores principales que obstaculizan la formalización, incluidos procedimientos onerosos e inaccesibles para la comunidad, y marcos regulatorios y de políticas que favorecen a los inversionistas por sobre los procedimientos comunitarios de formalización.

En América Latina, donde la organización no gubernamental Global Witness informa que casi 200 personas perdieron la vida en 2017 debido a conflictos relacionados, la titulación de tierras indígenas es un proceso prolongado, costoso y en ocasiones peligroso.

En comparación, las empresas que siguen los procedimientos para el acceso a la tierra también enfrentan obstáculos burocráticos, pero se encuentran en una posición mucho mejor para abordarlos, señala el informe. Las empresas cuentan con más fondos, pueden encontrar vacíos jurídicos y pueden eludir más fácilmente la ley para avanzar en el proceso.

Este desequilibrio en el campo de juego para las comunidades y las empresas también lleva a conflictos, dice Anne Larson, científica principal de CIFOR en Lima.

“En el Perú, ni siquiera los títulos de propiedad bastan para garantizar el control del territorio, ya que existe una presión sobre los recursos estratégicos extractivos y agroindustriales en la Amazonía”, señala.

“Los problemas fronterizos y las superposiciones con los bosques de producción, y la clasificación separada de tierras agrícolas, que pueden ser tituladas, y tierras forestales, que no pueden serlo, son dos de las principales fuentes de tensiones y conflictos hoy en día. Los mecanismos para enfrentar el conflicto deberían ser esenciales en el proceso de titulación”.

Más de la mitad de las tierras a nivel mundial —en todos los continentes excepto la Antártida— es reclamada por las comunidades locales, incluidos pueblos indígenas y tradicionales y otras comunidades dependientes del bosque, pero las leyes nacionales reconocen solo el 10 por ciento de las tierras como pertenecientes a las comunidades, y los Gobiernos identifican otro 8 por ciento como de uso comunitario. Como resultado, una gran parte de la tierra comunitaria no se encuentra registrada, titulada, ni cuenta con un reconocimiento formal.

EL DESAFÍO PERUANO

Desde 1974, más de 1.300 comunidades indígenas en la Amazonía peruana han obtenido títulos de aproximadamente 12 millones de hectáreas de tierras, que incluyen el 17 por ciento de los bosques del país.

“A pesar de este avance importante, el proceso de titulación aún está plagado de dificultades logísticas; puede ser largo, complicado y costoso”, dice Iliana Monterroso, investigadora posdoctoral de CIFOR que llevó a cabo la parte del estudio correspondiente al Perú.

La ley determina que las comunidades en el Perú deben seguir al menos 20 pasos distintos para ser tituladas y obtener derechos sobre la tierra y los bosques.

“En la práctica, nuestra investigación demuestra que estas comunidades deben seguir 35 pasos distintos, y que les toma hasta 20 años completar sus procesos de formalización”, agrega Larson. “Y estos 35 pasos se refieren solo a comunidades que no encuentran problemas tales como superposiciones. Los problemas de este tipo requieren de procedimientos adicionales y pueden retrasar indefinidamente el proceso”.

Para complicar aún más el problema, el Instituto del Bien Común estima que alrededor del 80 por ciento de estas comunidades nativas tituladas no están registradas en las instancias de propiedad nacional. Esto se debe en parte a las superposiciones, que solo se resuelven en la etapa final luego de emitido el título.

Muchas comunidades aún esperan que se resuelvan sus procesos de formalización, mientras que más de 600 comunidades ni siquiera han comenzado el proceso. “Además, algunas de las que están actualmente registradas ahora tienen que rehacer al menos parte del proceso porque [estos] se llevaron a cabo sin mapas georreferenciados, antes de que dicha tecnología estuviera disponible”, dice Larson.

Estudio

"La lucha por los derechos a la tierra. Reducir la inequidad entre las comunidades y las empresas"

A pesar de los recientes esfuerzos del Gobierno peruano por estandarizar los procedimientos y organizar el marco institucional para el reconocimiento y la formalización de las comunidades indígenas, los desafíos se mantienen. El problema de los límites y la superposición de los derechos a la tierra es la razón más común de las demoras en la formalización, el conflicto y la inseguridad, dice Monterroso.

La investigación indica que más del 40 por ciento de la Amazonía peruana, alrededor de 16 millones de hectáreas, se encuentra dentro de concesiones de petróleo o gas, y que al menos la mitad de esa área se superpone con comunidades tituladas y reservas para pueblos indígenas en aislamiento.

Además, más de 9 millones de hectáreas de tierras reservadas como áreas aptas para concesiones forestales comerciales —más del 50 por ciento del área clasificada como bosques de producción— también se superponen con comunidades indígenas, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú.

“En 2014, un caso emblemático ilustró la magnitud de este problema, cuando madereros ilegales fueron acusados de asesinar a cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en Ucayali”, dice Larson. “La comunidad había solicitado por primera vez su reconocimiento y titulación en 2003. El Gobierno regional de Ucayali suspendió el proceso de titulación durante más de 11 años, ya que una parte del área de la comunidad había sido clasificada como bosque de producción”.

Casi una docena de programas de titulación, en su mayoría implementados con fondos de donantes, se encuentran en marcha para tierras colectivas en la Amazonía, lo que representa nuevas oportunidades para el reconocimiento de los derechos a la tierra y los bosques a las comunidades indígenas de la región. Según los investigadores, se requieren con urgencia tres acciones:

• El Gobierno debe reconocer que este es un problema nacional de largo plazo que no se resolverá con proyectos de donantes. Debe institucionalizar la regularización de las comunidades nativas en la agenda política, asignando recursos para el reconocimiento, la titulación, el registro de estos derechos y la promoción de incentivos para garantizar que las instituciones gubernamentales puedan mantener información actualizada sobre los derechos territoriales existentes en sus regiones. Esto incluye mecanismos efectivos para manejar y transformar el conflicto.
• Dado que los Gobiernos regionales son responsables del grueso de los procedimientos de titulación, necesitan apoyo en términos de recursos humanos y financieros y capacidades.
•  Las comunidades indígenas y sus organizaciones y federaciones necesitan apoyo para defender sus derechos de propiedad, gestionar los bosques y los recursos naturales y mejorar su seguridad alimentaria, a partir de sus propias agendas y prioridades.

Para obtener más información sobre este tema, póngase en contacto con Anne Larson en a.larson@cgiar.org.

Este estudio fue realizado por CIFOR como parte del  Programa de Investigación sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) y el Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) del CGIAR, con apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el soporte técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).