No hace mucho encontré un artículo en The New York Times muy promocionado sobre el impacto de dos de los principales comerciantes de cereales del mundo (Cargill y Bunge) en las tendencias de deforestación en las fronteras agrícolas de Brasil y Bolivia. Desde entonces, hemos entrado en una era de compromisos privados con las cadenas de suministro libres de deforestación, y este artículo muestra que hay un camino que pueden recorrer algunas empresas para mejorar su rendimiento.

Las estimaciones de la deforestación de 2016 del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, por su sigla en portugués) indican un resurgimiento de la deforestación en la Amazonía, y los focos de deforestación que identificó el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por su sigla en inglés) sugieren una creciente  presión sobre los bosques de sabana en la región del Cerrado, un ecosistema rico en biodiversidad. Por otra parte, si bien no hay estimaciones oficiales de la deforestación en las tierras bajas de Bolivia, el fenómeno se ha mantenido en niveles elevados, según Terra-I. Esto conlleva a una necesidad de  examinar a los culpables.

QUE LOS ÁRBOLES NO IMPIDAN VER EL BOSQUE

El artículo que mencioné al inicio habla de un nuevo informe de la organización de campañas ambientales Mighty Earth que identifica la deforestación en Brasil y Bolivia vinculada a Cargill y Bunge. Basándose en imágenes satelitales e información sobre el recorrido de la cadena de suministro que procesó el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, el artículo sostiene que la reciente tala a gran escala por parte de los agricultores bolivianos y brasileños para la producción de soya se debe a la demanda de estos dos gigantes de la industria alimentaria estadounidense.

Es interesante observar que empresas como Cargill y Bunge siguen comprando soya procedente de bosques convertidos a la agricultura y no ponen en práctica procedimientos de diligencia debida para verificar su origen. En algunos casos, estas compras provocan directamente la expansión de la soya en las fronteras de Brasil y de Bolivia. Cargill y Bunge han argumentado, en su defensa, que su papel es secundario, y que la deforestación es un tema muy complejo que exige que se involucre a todos los grandes compradores, no solo ellos.

Si bien es útil que grupos ambientalistas como Mighty Earth realicen un seguimiento de cómo las cadenas de suministro de las empresas están “contaminadas” por un “abastecimiento sucio”, sería de más utilidad si ubicaran estas tendencias dentro de un contexto más amplio. Esto fomentaría más soluciones prácticas y duraderas, porque aunque estos dos comerciantes de soya dejen de comprar soya proveniente de la región de Matopiba en Brasil y las tierras bajas del este de Bolivia, es probable que la deforestación siga aumentando en ambas regiones.

En este sentido, el artículo de The New York Times no brinda una comprensión profunda de la compleja dinámica que presentan estas dos fronteras agrícolas y mezcla de forma engañosa dos situaciones muy diferentes. Asimismo, pese a que el artículo se refiere a las tendencias de deforestación en la Amazonía, se centra en la región del Cerrado, donde existe una mayor presión derivada de la expansión agrícola.

Sin embargo, un mérito del artículo es que destaca dos tendencias importantes que han notado los académicos, pero que apenas habían estudiado hasta ahora: 1) los esfuerzos para contener la deforestación en la Amazonía se han trasladado al Cerrado; 2) los esfuerzos para contener la deforestación en la Amazonía brasileña han puesto presión sobre otros países, principalmente en los bosques caducifolios/secos de Bolivia y de Paraguay. En estas regiones, diversas regulaciones en materia de conversión de los bosques aplican normas menos rígidas que en la Amazonía.

Dos cuestiones importantes llamaron mi atención al leer este artículo. La primera es sobre las limitaciones de la moratoria de soya puesto que solo se aplica a la región amazónica. La segunda es qué fácil resulta que las empresas eludan sus compromisos de sostenibilidad al jugar con las regulaciones específicas del país que siguen permitiendo la conversión de bosques. Pero algo más interesante en la actualidad es que las empresas ahora tienen que enfrentarse a la realidad de sus propios compromisos bajo el escrutinio de la sociedad civil.

Las dos empresas acusadas como culpables de la deforestación sostienen que tienen una participación relativamente baja en el abastecimiento total de soja originaria de las regiones que se encuentran bajo la lupa. Cargill compra el 8% en municipios bolivianos, y Bunge obtiene el 20% en Matopiba, Brasil. Así, frenar la deforestación debe ir más allá de las acciones de estas únicas dos empresas. Deberían exigirse más medidas para revisar las normas de uso del suelo y conservación forestal en la región del Cerrado.

GOBIERNOS, NO SOLO EMPRESAS, DEBEN DAR UN PASO ADELANTE

Lo que me llamó a la reflexión al leer este artículo fueron las opiniones expresadas por Stewart Lindsay, vicepresidente de asuntos corporativos mundiales de Bunge: “Una empresa sola no puede resolver este problema… sería un paso positivo que otras empresas asuman compromisos de cero deforestación, apliquen controles para impedir que los cultivos procedentes de áreas desmontadas de forma ilegal entren en sus cadenas de suministro, informen públicamente sus avances e inviertan millones de dólares para apoyar los esfuerzos de planificación de uso sostenible de la tierra”.

Su perspectiva es correcta, pero se queda corta. Es correcta en el sentido de que la deforestación es un asunto complejo que no puede resolver una sola empresa, sobre todo porque la mayor parte de la deforestación no se debe necesariamente a la soya, sino a la expansión de los pastizales, de los cuales los mercados internos absorben una proporción importante. El pastoreo sigue siendo la principal fuente de deforestación tanto en Bolivia como en Brasil.

Si bien es importante que el artículo destaque la presión de los menonitas sobre los bosques por la producción de soya vendida a Cargill, gran parte de la deforestación en las tierras bajas de Bolivia en la actualidad se debe a la expansión de los pastizales para la ganadería en la Chiquitanía. Esto, por supuesto, no está relacionado con ninguna empresa multinacional, sino con una creciente demanda nacional de carne bovina asociada a la especulación de la tierra. Lamentablemente, el gobierno de Bolivia no ha podido controlar este proceso de manera adecuada.

Por consiguiente, los acuerdos institucionales entre gobiernos, industrias y minoristas en el mercado interno tienen un papel importante que desempeñar para reducir la deforestación. Brasil es el ejemplo modelo de esto en términos de reducir de modo drástico la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, estos acuerdos constituyen una espada de doble filo dados los efectos que pueden tener en la exclusión de ciertos proveedores, como los productores medianos y pequeños que no adoptan las prácticas mejoradas de producción que exigen los comerciantes y los compradores finales.

Algo que es cada vez más perverso en Brasil, y aún más en Bolivia, es que las fronteras agrícolas siguen creciendo en un contexto de interacciones más complejas en lo que respecta al uso de la tierra. Con el tiempo, los productores enfrentan más dificultades para mantener  rendimientos y volúmenes de producción elevados, dado que los períodos de sequía son cada vez más intensos y más largos debido al cambio climático. Esto está teniendo efectos adversos en la producción mundial, pero a menudo los bancos y los sistemas de seguro no toman en cuenta las variables relacionadas con el cambio climático.

Además, los modelos de producción promovidos por las empresas multinacionales y respaldados por las organizaciones ambientales no gubernamentales que tienden a evitar las zonas de bosques están dando lugar a la expansión de sistemas más intensivos de producción basados en el uso intensivo y a gran escala de insumos químicos. Esto se opone a los sistemas de producción más integrados y agroecológicos que pueden aprovechar mejor los recursos naturales existentes en la Amazonía y el Cerrado, y que también pueden conservarlos mejor también.

En conclusión, si bien es importante seguir discutiendo maneras de alcanzar la deforestación cero en las cadenas de suministro con la ayuda de comerciantes y compradores, también es importante examinar el papel de los gobiernos en cuanto a brindar orientación sobre normas y métodos de aplicación más claros en formas que sean aplicables en diferentes regiones de manera uniforme. Se necesita prestar más atención a opciones innovadoras a fin de lograr un manejo de fronteras agrícolas con mayor sostenibilidad y para crear esquemas que respondan a las necesidades de todos los actores involucrados.

Para conocer más sobre este tema, por favor póngase en contacto con Pablo Pacheco en p.pacheco@cgiar.org