Mercado de Leticia, Colombia. El comercio clandestino de carne de monte a baja escala ayuda a los medios de vida de las poblaciones indígenas. Barbara Fraser.

La noche en que su esposo salió a cazar y volvió con un gran tapir, Elsa Vargas* se sintió aliviada. Después de alimentar a su familia, le quedaría carne suficiente para venderla y con ello cubrir los gastos para que su hija adolescente asista a un internado ubicado a más de una hora en canoa río abajo de la pequeña comunidad indígena ticuna donde viven.

A Elsa le quedaban por vender apenas unos 10 kilogramos cuando, en la soleada plaza de Puerto Nariño, un pueblo de unos 7.000 habitantes ubicado en la confluencia de los ríos Loreto Yacu y Amazonas al extremo sur de Colombia,  un oficial de policía la llamó a un lado.

Aunque la caza de tapires para la alimentación es una actividad legal, la venta de su carne no lo es. El oficial de policía podía confiscar la carne y multarla, pero en vez de eso le dio un consejo: que la próxima vez envolviera la carne en bolsas de plástico negras y la mantuviera discretamente fuera de la vista.

Sentada en el piso de la habitación principal de su sencilla casa de madera, vacía excepto por una mesa, unos cuantos bancos y algunos utensilios de cocina, Elsa ríe ahora al recordar su roce con la ley.

 MERCADO CLANDESTINO

Pero Elsa no está sola en esto. Su encuentro con la policía ilustra el dilema que enfrentan muchas familias en varias comunidades de esta parte de la Amazonía, en donde Colombia comparte fronteras con Perú y Brasil.

De acuerdo con las regulaciones que permiten la caza “de subsistencia”, los pobladores como Miguel Pérez*, esposo de Elsa, pueden llevar a sus hogares carne de monte para la alimentación de sus familias, pero no pueden venderla para obtener dinero para otras necesidades como arroz, jabón o útiles escolares.

La venta de pescado, de carne o de los excedentes de yuca, maíz o frijoles de sus campos es una fuente de ingresos para los pobladores de los resguardos Ticuna, Yagua y Cocama, un territorio indígena en el municipio de Puerto Nariño, en el río Amazonas.

El resultado es un mercado clandestino de carne de monte, o de animales silvestres, en el que los compradores y vendedores se comunican por teléfono celular y la carne cambia de manos dentro de simples bolsas de plástico negras.

Los investigadores que se han dedicado a estudiar este mercado creen que es posible hacerlo más seguro —y más sostenible— si se legaliza. Dicen que la clave es involucrar a la población local en la planificación y en el monitoreo, para garantizar que las regulaciones respondan a las necesidades locales.

“Es difícil generalizar, porque hay una gran diversidad de situaciones en Colombia”, explica Nathalie Van Vliet, investigadora asociada del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor), quien estudia la caza, venta, compra y consumo de carne de monte en Leticia y sus alrededores.

“El marco legal debe ser lo suficientemente flexible como para permitir tomar en cuenta las realidades locales”, dice.

TRAMPAS LEGALES

Investigadores, funcionarios gubernamentales, cazadores y miembros de organizaciones de conservación se reunieron en Leticia en octubre pasado para participar en un taller para proponer recomendaciones y cambios regulatorios que permitan a los miembros de las pequeñas comunidades la venta legal de carne de monte.

“El objetivo del taller fue reconocer que este tipo de caza comercial —que es tanto de subsistencia como para la venta, y que es ya una realidad en la mayoría de zonas— debe tener regulaciones diferenciadas”, indica Van Vliet.

Ella y otros investigadores identificaron cuatro “cuellos de botella” en la regulación que impiden a los cazadores de la comunidad vender carne de manera legal.

La legislación colombiana permite a los gobiernos regionales emitir licencias de caza comercial y establecer límites de caza para animales silvestres a partir de una lista nacional de especies aprobadas para la caza. Pero el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha elaborado dicha lista, la cual, por ley, debe actualizarse trimestralmente.

El Ministerio de Salud también carece de regulaciones para el sacrificio de animales silvestres y la manipulación de su carne, que garanticen que la carne de monte que se vende en los mercados es segura para el consumo.

Los gobiernos regionales son responsables de la expedición de licencias de caza y del monitoreo del impacto de la caza sobre las poblaciones de vida silvestre, pero no existe una metodología estándar de monitoreo, según los investigadores.

Además, la solicitud de una licencia de uso comercial requiere un estudio de impacto ambiental detallado y un plan de manejo, lo que exige conocimientos técnicos que están fuera del alcance de los cazadores a pequeña escala.

SOLUCIONES PARA LA CAZA

Los participantes del taller en Leticia redactaron algunas recomendaciones generales que apuntan hacia posibles soluciones para esos problemas. Muchos de ellos pidieron una mayor participación de los cazadores locales en la elaboración de las regulaciones y en el monitoreo de los impactos de la caza.

Uno de los retos —en el que los participantes no se pusieron de acuerdo— es cómo incorporar a la legislación la venta a pequeña escala realizada por miembros de las comunidades.

“Lo que se necesita es un marco legal lo suficientemente flexible como para diferenciar entre este tipo de caza —que es a la vez de subsistencia y comercial, pero en pequeña escala— y la caza comercial a gran escala”, dijo Van Vliet.

Una posibilidad sería ampliar la definición de “subsistencia” para permitir la venta de carne de vez en cuando, lo que esencialmente significaría reconocer la situación actual, dijo.

Sin embargo, establecer límites para una caza “de subsistencia” para el mercado y definir la regularidad podría plantear dificultades.

Otra posibilidad es la creación de una categoría de caza comercial específica para cazadores de las comunidades rurales.

“Tendrían que seguir normas, pero no las mismas normas que se aplican a una empresa privada”, dijo Van Vliet.

El estudio de impacto ambiental detallado y el plan de manejo, por ejemplo, podrían ser sustituidos por sistemas de monitoreo comunitario —algunos de los cuales ya están en etapa de pruebas—, para asegurar que las poblaciones de los animales silvestres más comúnmente cazados se mantengan estables.

“Tendría que haber un proceso para definir las normas, los sistemas de monitoreo y otros aspectos. El proceso tendría que ser participativo e involucrar a la población local, pero esos puntos deben aún definirse”, dijo Van Vliet.

Los cazadores han dado un paso en esa dirección con la creación de una asociación llamada Airumaküchi, que significa “Tigres del Agua” en lengua ticuna. El grupo está recibiendo asistencia técnica de Cifor.

“El objetivo de la asociación de cazadores es promover el uso sostenible de la fauna silvestre como una forma de mejorar la seguridad alimentaria y revitalizar la identidad cultural”, dijo Van Vliet. “Para las comunidades locales, es una manera de probar modelos de gestión de vida silvestre que podrían servir de inspiración a los responsables de la formulación de políticas”.

* Los nombres han sido cambiados para proteger a las fuentes.