Desde hace mucho, el bosque es visto como una “red de seguridad” para los agricultores, quienes pueden cultivar árboles en purmas como una suerte de “ahorro para el futuro”.

Pero ¿qué pasaría si tratar de hacer uso de ese ahorro fuera ilegal?

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en la Amazonia peruana, donde la ley permite a los agricultores talar árboles de bolaina de rápido crecimiento para su propio uso, pero no para la venta. Si los agricultores llevan los árboles al mercado, se arriesgan a recibir una multa o a que confisquen su madera, o se ven obligados a pagar sobornos en el camino.

Todo esto ocurre mientras la demanda de madera sigue en alza en las zonas urbanas del Perú, donde se le emplea como un material de construcción sólido y económico, y ayuda a crear cientos de puestos de trabajo.

Una serie de historias de mayo del 2014 se centraron en una investigación en curso del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), que busca comprender mejor la cadena de valor de la bolaina, y potencialmente ayudar a despenalizarla.

En ocasiones, se culpa de la deforestación amazónica a los pequeños agricultores que despejan pequeños campos para sus cultivos, pero ellos “no son los malos” de esta historia dice la investigadora de CIFOR Robin Sears.

¿Cómo chocan los beneficios y las políticas en los bosques del Perú? Lea un panorama general del problema aquí y un programa de la televisión peruana sobre la realidad de los pequeños agricultures y sus cultivos de bolaina.

Además consulte al respecto:

• Marco legal choca con la producción de bolaina en la Amazonia peruana
• Producción y comercialización de bolaina blanca (Guazuma crinita), una especie amazónica de rápido crecimiento
• Agricultores en la Amazonía usan madera de rápido crecimiento para complementar sus ingresos
• Publicación: Producción de madera en sistemas agroforestales de pequeños productores: Una justificación de política forestal a favor de los pobres en el Perú
• Presentación Powerpoint: Pequeños productores de madera en Perú y Ecuador: Capacidad de adaptación a los marcos regulatorios e institucionales