Si bien el concepto que inspira REDD+ sigue siendo muy atractivo, éste enfrenta grandes desafíos en lo que respecta a su diseño e implementación. Fotografía cortesía de Vilseskogen

BRASILIA, Brasil (11 de abril de 2013) _ Las iniciativas orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la pérdida de bosques (REDD+) necesitan ser transparentes y responsables desde el punto de vista financiero, dijo un experto de la Interpol. Si trabajamos estrechamente con las comunidades forestales, también reducimos los riesgos de que el dinero caiga en la manos equivocadas o sea distribuido de forma injusta.

Davyth Stewart, en una sesión organizada por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) durante la décimo quinta Conferencia Anticorrupción en Brasilia el año pasado, también recomendó la auditoría independiente de proyectos vinculados con el esquema respaldado por las Naciones Unidas, garantías de que la información es actualizada y está disponible al púbico, participación de los actores en la administración de los fondos y consecuencias claras si se los utiliza indebidamente.

REDD+ fue introducido por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2005 como una forma de pagar a los países en desarrollo por reducir la deforestación y la degradación de los bosques, que libera a la atmósfera más gases de efecto invernadero a nivel global que los emitidos  conjuntamente por los aviones, camiones, ferris y automóviles. La idea es que los países ricos les paguen a las naciones con grandes extensiones de bosque por mantener sus bosques en pie.

CIFOR sostiene que si bien el concepto que inspira REDD+ sigue siendo muy atractivo, éste enfrenta grandes desafíos en lo que respecta a su diseño e implementación.

Algunos países plagados de corrupción (como Kenia, Indonesia y Malasia, ubicados en los puestos 139, 118 y 54 respectivamente según en el Índice de Percepción de la Corrupción) han tomado pasos para llevar a cabo amplias reformas institucionales y de gobernanza. Sin embargo, intereses poderosos siguen imponiendo sus enfoques de uso habitual del bosque.

Los problemas se ven agravados por la existencia derechos de tenencia del bosque poco claros y en disputa, dificultad para coordinar entre diferentes agencias del gobierno y falta de monitoreo confiable o procesos creíbles para establecer los niveles de referencia, informó CIFOR en un libro titulado La implementación de REDD+: Estrategia nacional y opciones de política

Además, la arquitectura internacional de REDD+ está lejos de ser clara y continuará evolucionando durante los próximos años.

“Efectivamente hay razones para preocuparse”, dijo Andrew Wardell, Director de investigación del Programa Bosques y Gobernanza, quien ha estado trabajando en cuestiones relacionadas con la gestión de recursos naturales en países en desarrollo durante más de 30 años. “Pero con sistemas sólidos de monitoreo, reporte y verificación –tanto para el carbono como para los flujos financieros– se podría reducir la amenaza de la corrupción”.

En la actualidad se están evaluando diferentes modelos. Para explicarlo de forma sencilla, estos modelos incluyen un enfoque basado en el mercado (que usa el mercado de carbono para financiar la protección de los bosques) y el uso de fondos públicos (fiscalizados por organismos multilaterales, como el Banco Mundial o el Programa REDD de las Naciones Unidas o los países participantes).

Stewart, que trabaja con la policía internacional del Programa de Delitos contra el Medio Ambiente, considera que seguirá siendo fundamental evaluar las fortalezas y debilidades de cada uno de estos modelos.

Las ventajas y desventajas del enfoque basado en el mercado…

El enfoque basado en el mercado tiene como objeto limitar la contaminación mediante el otorgamiento de créditos a centrales de energía eléctrica, empresas, individuos y gobiernos por cada tonelada de carbono que emiten.

Los problemas se ven agravados por la existencia derechos de tenencia del bosque poco claros y en disputa, dificultad para coordinar entre diferentes agencias del gobierno y falta de monitoreo confiable…

Luego estos créditos se pueden comercializar en los mercados de carbono. Si bien el énfasis en la actualidad está puesto en los proyectos de energía renovable, se espera que eventualmente el manejo forestal se convierta en un componente importante de un mecanismo global de cumplimiento.

Uno de los riesgos es que el dinero –especialmente cuando llegue al nivel local– sea dispersado, dijo Stewart.

Esto se debe a que posiblemente haya muchos vendedores o intermediarios tomando decisiones basadas en sus vínculos personales o políticos.

“El mayor número de transacciones hace que la distribución de fondos sea más diversa y dispersa y, por lo tanto, más difícil monitorearla”, sostuvo Steward, quien en la actualidad encabeza un proyecto conjunto que no solo combate los crímenes relacionados con los bosques sino que también analiza la forma en que obstaculizan las iniciativas REDD introducidas en los niveles locales y nacionales del gobierno.

…y también tenemos el modelo basado en fondos públicos

El modelo-multilateral-bilateral, sostuvo Stewart, consolida el financiamiento en un solo lugar, facilitando su  monitoreo, fiscalización y la realización de auditorias a los fondos.

También tiene la ventaja de que puede direccionar el dinero a donde más se le necesita, ya sea proyectos nacionales, regionales o locales.

Una de las desventajas, sin embargo, es que sin marcos y procedimientos estandarizados, puede ser difícil comparar de forma efectiva los costos y resultados de los diferentes proyectos.

No obstante, ninguno de estos problemas es insuperable, dijo Stewart, siempre y cuando haya un alto grado de transparencia y un compromiso de darle a las comunidades que trabajan con proyectos REDD la oportunidad de participar en la toma de decisiones relativa a lo que viene sucediendo.

“En primer lugar necesitamos estándares mínimos para los fondos”, dijo, haciendo referencia a los marcos mismos y a los procedimientos para los costos y gastos del proyecto.

De esta forma, sería más fácil comparar los fondos de los diferentes proyectos y su uso. También permitiría una colaboración más estrecha entre agencias a medida que van implementándolos.

Stewart también hace un llamado para que se permita la participación de otros actores relevantes, incluyendo las comunidades locales.

“Las comunidades deben tener acceso a oportunidades de desarrollo de capacidades y apoyo”, dijo Stewart.

Aled Williams, del Centro de Recursos Anticorrupción U4 coincide con Stewart.

“También necesitamos pensar cómo los ciudadanos, no solo las ONG, se ven afectados por REDD”, dijo. “¿Hasta qué punto cuentan con instituciones sólidas y responsables que garantizan su participación en los procesos de toma de decisiones?

Este trabajo forma parte del Programa de investigación del GCIAR Bosques, Árboles y Agroforestería.