Debido en parte a que las normas de REDD+ no son claras, hay muchas oportunidades para hacer trampas, aseguran expertos. Fotografía cortesía de Vilseskogen

BRASILIA, Brasil (9 de abril de 2013) _ Esfuerzos respaldados por las Naciones Unidas para desacelerar la pérdida de los bosques podrían verse afectados por corrupción, advirtieron expertos al destacar la existencia de una combinación potencialmente peligrosa: la oportunidad para hacer mucho dinero y una gobernanza débil en muchos de los países participantes.

A menos que se la enfrente, dijeron, las comunidades que más dependen de estos ecosistemas biodiversos no verán los beneficios.

A nivel global, el sector forestal es uno se los sectores más propensos a la corrupción.

Entre otras cosas, está amenazado por sobornos y derechos de tenencia de tierra poco claros, falta de acceso a información precisa y creíble, y una ausencia de transparencia en los flujos financieros, sostuvieron grupos de investigación y expertos ambientales en la Conferencia Internacional Anticorrupción, realizada en Brasilia, Brasil en noviembre de 2012.

“En efecto, lo que REDD+ ha hecho es establecer un nuevo valor para los bosques, al que llamamos carbono”, dijo Andrew Wardell Director de Investigación del programa Bosques y Gobernanza del Centro para la Investigación Forestal Internacional. “Esto ha abierto una caja de pandora de nuevas demandas y reclamos asociados con las tierras forestales en muchos países en desarrollo”.

Se estaba refiriendo al esquema, respaldado por las Naciones Unidas, orientado a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera por la deforestación y la degradación de tierras – dos de los principales culpables.

De hecho, la idea es que los países ricos le paguen a los países pobres que cuentan con grandes extensiones de bosques para que mantengan sus bosques en pie.

Sin embargo, los especialistas consideran, debido en parte a que las normas de REDD+ no son claras, que hay muchas oportunidades para hacer trampas.

Estas malas prácticas, aseveran, podrían incluir desde la manipulación de las líneas de base, los reportes de emisiones de carbono y los sistemas de contabilidad hasta la violación de los derechos de la comunidades que habitan los bosques.

Algunos países, como Indonesia, han demostrado un compromiso serio para mejorar la gobernanza y reducir la corrupción.

¿Pero es posible que los potenciales beneficios inesperados de REDD+ desencadenen un retorno a viejas costumbres?

Aled Williams, del Centro de Recursos Anticorrupción U4, considera que necesitamos adelantarnos al problema, identificar los obstáculos que han surgido en el sector forestal en el pasado.

“Pero esto no es sencillo”, dijo, resaltando que si por ejemplo nos centramos demasiado en la malversación de fondos por funcionarios públicos, es posible que no logremos identificar la corrupción vinculada a la distribución de beneficios.

“La mayor parte del tiempo estamos anticipando los riesgos potenciales de corrupción, en lugar de los riesgos actuales de corrupción”.

“Los casos reales también aportan lecciones importantes para el futuro”, Williams dijo.

Veamos el caso de Uganda, por ejemplo.

Entre 2002 y 2010 el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial desembolsaron 37 millones de dólares en préstamos y donaciones al Ministerio de Comercio, Turismo e Industria así como a la autoridad responsable de la fauna silvestre para un conjunto de actividades de conservación dijo.

Pero, en 2011, a pesar de varias inspecciones llevadas a cabo por el Banco Mundial, una comisión de investigación encabezada por un juez retirado de la corte suprema descubrió irregularidades generalizadas y encontró que muchos objetivos del proyecto no se habían alcanzado, sostuvo Williams.

Se le ha exigido al país retornar el dinero con intereses, explicó.

Mustafar Ali, de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC, por sus siglas en inglés), compartió la experiencia de su país.

En la actualidad, la mayoría de los países no han puesto en marcha arreglos de gobernanza que garanticen el funcionamiento de mecanismos de distribución de beneficios efectivos y equitativos

Malasia creó la Comisión Anticorrupción (Anti-Corruption Commission, ACC) en 1959. Tiene el poder de investigar y aplicar la ley tanto en el sector público como privado, dijo.

“Hemos tenidos casos donde hemos arrestado a altos funcionarios del ministerio, de los gobiernos. La comisión anticorrupción también necesita contar con la confianza y el apoyo del público, incluyendo el sector forestal”.

Resaltó también la importancia de tener una clara definición de lo que se entiende por corrupción: “Las percepciones de corrupción pueden variar en función del país. Algunas personas dicen ‘esto no es corrupción’, se trata de honorarios por servicios profesionales”.

Sigrid Vasconez, que trabaja con el Grupo Faro, institución que ha participado en el desarrollo de los reportes forestales anuales de siete países, dijo entretanto que deberían existir lo que ella llamó “las condiciones básicas para permitir que REDD+ se desarrolle”.

“Necesitamos tener gran voluntad política, no solo en el sector forestal sino también en varios sectores”, dijo Vasconez quien trabaja en Ecuador.

“También necesitamos presupuestos administrados de manera eficiente así como mecanismos de participación y consulta. Esta es una parte fundamental no solo para la preparación para REDD, sino también para la implementación de las iniciativas REDD”.

Luego sostuvo que existe la necesidad de tener discusiones sobre transparencia y acceso a información relacionadas con el sector forestal e involucrar a la sociedad civil en los debates sobre cuestiones relativas a la corrupción vinculada con el medio ambiente y los bosques.

Estos mismos problemas preocupan especialmente a agencias como la Organización Internacional de Policía Criminal, encargada de combatir el crimen.

Davyth Stewart, de la Interpol de Francia, está preocupado acerca de la posibilidad de que “el dinero vaya a parar a las manos equivocadas y se dé una distribución injusta”.

Entre sus sugerencias figuran un conjunto claro de estándares judiciales mínimos, auditorias independientes, cuentas financieras actualizadas y disponibles al público, así como reuniones de la entidad gubernamental que controla el fondo abiertas a observadores y al público en general y que sean transmitidas por los medios de comunicación.

Stewart también destacó la necesidad de empoderar a actores clave para que puedan participar y encontrar la mejor manera de equilibrar el poder.

Wardell concluyó diciendo que muchas de los temas presentados en la conferencia de Brasilia no son nuevos. Malasia ha lidiado con la corrupción durante 50 años, Indonesia durante más de 30, aseveró: “No hay nada nuevo bajo el sol en términos de estos desafíos”.

Lo que es notable es que la arquitectura institucional para abordar los problemas de gobernanza forestal, profundamente arraigados, se ha hecho más compleja, dijo.

“Existen grandes redes de instituciones que apoyan las actividades anticorrupción con diferentes enfoques”.

Sin embargo los países aún deben resolver lo que llamamos “problemas perversos”. Por ejemplo, en muchos países existen derechos de propiedad que no están claros (quién es propietario de la tierra), demandas superpuestas a la misma tierra y sectores diferentes que compiten por el uso de la tierra con diferentes objetivos, incluyendo los sectores de minería, agricultura y energía.

“¿Cómo nos aseguramos de que estos sectores diferentes estén operando dentro de la ley en términos de los costos de oportunidad y los beneficios potenciales para el país?, preguntó Wardell.

Gran parte del desarrollo de REDD parte de la suposición de que si usted es propietario de la tierra, entonces usted es dueño del carbono. ¿Pero es esta una hipótesis valedera?

“En la actualidad, la mayoría de los países no han puesto en marcha arreglos de gobernanza que garanticen el funcionamiento de mecanismos de distribución de beneficios efectivos y equitativos”, sostuvo.

“REDD podría brindar nuevas oportunidades mientras continuamos abordando algunos de los nuevos desafíos relacionados con la corrupción en el futuro”.

Este trabajo forma parte del Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería.