LIMA, Perú (18 de febrero de 2013)_ Los bosques de la parte sureste del Perú están siendo amenazados por concesiones de uso de tierra superpuestas debido en parte a una delimitación deficiente y una falta de coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales que otorgan las autorizaciones.

La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre podría ayudar pero no entrará en vigencia hasta que se diseñe y apruebe su reglamentación, un proceso que ya está en marcha.

Investigadores del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) que trabajan en la región de Madre de Dios estudiaron y elaboraron mapas de los reclamos de uso de tierra en conflicto a fin de identificar aspectos clave que la reglamentación debería de abordar.

Las recomendaciones del informe incluyen:

• Un sistema mejorado para la recolección, el almacenamiento y la validación de información. La nueva ley propone la realización de un inventario nacional y de valoración de la biodiversidad. El estudio de CIFOR y SPDA sugiere que la información de varias bases de datos sea actualizada y validada en el campo. También se deberían elaborar con más precisión mapas de los límites de las concesiones debido a que muchos no utilizaron las técnicas de los sistemas de información geográfica.
• El intercambio de información entre agencias y el público. Cada agencia involucrada en el manejo forestal y el otorgamiento de derechos de uso de tierra –incluyendo los ministerios de agricultura, medio ambiente y energía y minas, así como el gobierno regional de Madre de Dios– recolecta y almacena datos de diferente manera. Andrea Chávez, autora principal del estudio, resaltó que el desarrollo de un sistema estandarizado le permitiría a las agencias compartir y comparar datos y ponerlos a disposición del público.
• Un sistema de manejo forestal sólido. Las responsabilidades de la toma de decisiones están distribuidas en la actualidad entre varias agencias, sostuvo José Luis Capella de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y uno de los autores del estudio. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 2011 estipula la creación de un Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, compuesto por diferentes agencias y que sería encabezado por un nuevo Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Este nuevo sistema podría ayudar a aclarar las responsabilidades y roles de cada una de las agencias y de los gobiernos nacionales y regionales. Capella también sugirió que se necesita un sistema de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las regulaciones orientadas a proteger los recursos del bosque.
• Esclarecer los derechos de uso de tierra. Los derechos de uso de tierra deberían ser claros y estar respaldados por contratos u otros documentos legales, según los investigadores. Las regulaciones deben deber ser aplicadas para garantizar que los derechos se respeten y que otras actividades no invadan áreas –que los mineros o agricultores no ingresen a las concesiones de castaña ilegalmente, por ejemplo. Las agencias del gobierno también deben desarrollar e implementar mecanismos para garantizar que no se otorguen nuevos derechos de uso de tierra en concesiones existentes, dijo Chávez, y los casos existentes de derechos de uso de tierra en conflicto deben ser resueltos a través del diálogo y la negociación.

Un solitario árbol de castaña en los márgenes de los bosques, Puerto Maldonado, Perú. Fotografía de Kate Evans.

El informe titulado “Superposición espacial en la zonificación de bosques en Madre de Dios”, contiene mapas detallados que ilustran el grado de superposición.

Los datos recolectados en diferentes agencias del gobierno muestran más de 1,3 millones de hectáreas de concesiones de castaña superpuestas por autorizaciones para llevar a cabo actividades madereras, agrícolas y mineras. Los reclamos en conflicto amenazan los medios de vida de miles de personas que obtienen sus ingresos de la recolección y venta de castaña.

Los investigadores consideran que es fundamental que la reglamentación, que está siendo debatida en un proceso de consulta pública, esté bien diseñada y que la información de las bases de datos del gobierno sea verificada en el campo. Todavía no hay fecha para la implementación de esta nueva reglamentación.

“La transición hacia un marco legal apropiado es vital, dijo Capella. Podemos tener nuevas leyes e instituciones y gente muy capaz, pero a menos que haya planificación y trabajo de campo, esto no va a funcionar”.

El documento forma parte del Programa de Investigación del CGIAR “Bosques, Arboles y Agroforestería” y contó con el apoyo financiero de USAID.