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¿Cuán “efectivas” son las áreas protegidas conservando la biodiversidad?

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Terry Sunderland
Senior Scientist, Center for International Forestry Research

Los medios tradicionales de conservación han implicado la anexión de tierras donde se controla estrictamente o se restringe la actividad humana: la así llamada “conservación de fortaleza”. En la actualidad todavía encontramos acérrimos defensores de la conservación de la biodiversidad  a través de la creación de áreas protegidas, en tanto se considera que los costos económicos y sociales de la exclusión representan un medio necesario para proteger la diversidad biológica para el bienestar  global. Sin embargo, esta defensa ha generado también un debate bastante polémico y polarizado acerca de los impactos de las áreas protegidas sobre las comunidades locales, donde con frecuencia se otorga prioridad a cuestiones como los derechos humanos, la justicia social y la marginación económica.

En este sentido cabe preguntarnos: ¿Representan las ventajas que resultan de excluir a poblaciones de sus tierras y los consiguientes costos sociales y económicos un precio aceptable para alcanzar una conservación efectiva de la biodiversidad? La experiencia sugiere que este no es el caso ¿Pero donde están los datos que corroboran esto?

Un trabajo reciente de Porter-Bolland et al. examina la efectividad de las áreas protegidas estrictas (categorías 1-IV de la IUCN) en comparación con los bosques manejados por comunidades reconocidas oficialmente donde “el uso múltiple se da bajo diferentes esquemas de tenencia, distribución de beneficios y gobernanza”. En este estudio los investigadores definen “efectividad” como un cambio de la cobertura forestal a través del tiempo.

Aunque los autores reconocen que la medición del cambio en la cobertura de suelo es un indicador burdo de la integridad ambiental, los cambios en la cobertura forestal y los motores del cambio se han convertido en indicadores sólidos de la efectividad de los diferentes tipos de uso de suelo para conservar la biodiversidad, especialmente a medida que la tecnología de percepción remota se ha ido haciendo más asequible.

Porter-Bolland et al. comparan estudios de caso provenientes de la literatura que cubren las tres regiones tropicales más importantes: América Latina, África y Asia. Sus resultados son fascinantes. Los autores corroboran resultados anteriores de otros investigadores que muestran que una mayor autonomía a nivel local en la elaboración de normas  local está vinculada a un mejor manejo forestal y beneficios para los medios de vida.
 
El estudio aporta evidencia clara de que, en conjunto, los bosques gestionados por comunidades presentan mejores resultados que las áreas protegidas en tanto tienen tasas anuales menores de deforestación y experimentan menor variación en las tasas de pérdida de cobertura forestal. Los autores concluyen que es probable que las áreas protegidas  no representen el medio más efectivo para conservar la biodiversidad ni el medio más democrático desde el punto de vista social o el medio más ventajoso de conservación desde el punto de vista económico.

¿Qué factores explican estos resultados, dado que el manejo forestal comunitario ha sido cuestionado en términos de su efectividad relativa? En primer lugar, es revelador que la mayor parte de las áreas protegidas citadas en este estudio de caso (el 90% de las mismas) sean administradas por los gobiernos nacionales. Por lo general, el apoyo gubernamental para la conservación se ha caracterizado por tener fondos y capacidad limitados, lo que resulta en una débil aplicación de la ley. Como resultado, es común el incumplimiento de las normas en el área protegida a nivel local y muchas de ellas enfrentan algún tipo de invasión de sus tierras.

Además, la mayor parte de los casos presentados en el análisis provienen de América Latina, donde la labor desplegada por los movimientos sociales ha resultado en arreglos de gobernanza y tenencia más favorables para los pobladores e incluso en una gestión más efectiva de los recursos naturales.

Varios investigadores y profesionales de campo han reconocido hace ya tiempo que una estrategia de conservación más flexible y sólida debería contemplar diferentes tipos de uso de suelo que reconozcan las necesidades económicas y sociales de la población local, así como los derechos de tenencia y la capacidad local. Sin embargo, a medida que las áreas protegidas han ido creciendo anualmente en extensión y tamaño, con frecuencia esto no ha tenido en cuenta un reconocimiento de las necesidades humanas y la incorporación de derechos en los procesos de planificación de uso de suelo.

Con la puesta en marcha de los proyectos REDD+, la incorporación de la población local en la gestión de los recursos naturales, desde el diseño hasta la implementación, será fundamental para alcanzar resultados efectivos y minimizar los conflictos que surgen entre la conservación de la biodiversidad y la equidad social.

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