¿A quién pertenecen los bosques del mundo? Cuando Andy White y Alejandra Martin formularon esta pregunta y la contestaron en el informe que elaboraron el 2002 y que lleva el mismo nombre, llegaron a la conclusión de que el 77 por ciento de los bosques a nivel global estaban siendo administrados por los gobiernos. La buena noticia era que el área forestal que había sido designada para uso de comunidades locales y pueblos indígenas estaba en aumento.

Este año, William Sunderlin y sus colegas actualizaron estas cifras en el informe From Exclusion to Ownership? Challenges and Opportunities in Advacing Forest Tenure Reform. Sus conclusiones son sobrias para aquellos que habían esperado un aumento en el control comunitario de los bosques. Sunderlin descubrió que desde el estudio llevado a cabo en el 2002, sólo unos cuantos de los 30 países con más bosque en el trópico habían realizado cambios significativos en tenencia forestal. La mayoría de estos países se encuentra en América Latina.

Por sí solo, Brasil es responsable de gran parte de los progresos que se han dado a nivel mundial, con un aumento del 56 por ciento en el área forestal designada para manejo o de propiedad de comunidades y pueblos indígenas. Perú y Bolivia también han realizado avances significativos, al igual que Colombia que registró un ligero aumento. En África, las comunidades experimentaron ligeras mejoras en Tanzania, Sudan y Camerún. Pero Zambia y los países del la cuenca del Congo prácticamente no registraron cambio alguno. En Asia, la India aumentó en más de cinco millones de hectáreas el área forestal designada para el manejo de comunidades y pueblos indígenas. En Indonesia, por otro lado, no se registró progreso alguno.

Incluso en los pocos países que han llevado a cabo reformas en tenencia forestal, el otorgamiento de derechos no ha garantizado necesariamente su materialización. En Perú, por ejemplo, el gobierno ha destinado áreas forestales para la exploración de petróleo, gas y minerales violando así los títulos de los indígenas que habitan en la amazonia. En Brasil, el gobierno no ha logrado detener las incursiones ilegales de madereros, hacendados y mineros en las reservas extractivas. Aun cuando existe la voluntad de reconocer derechos, esto no significa necesariamente que se los obtenga: una reforma seria de tenencia requiere de capacidad administrativa, experiencia y recursos financieros que demarquen y hagan respetar los derechos comunitarios.

¿Existen razones para ser optimistas? Sunderlin considera que sí. Diversos países que van desde Angola hasta Venezuela han introducido cambios en su legislación y políticas con el objetivo de facilitar el reconocimiento de los derechos consuetudinarios y comunitarios a las tierras forestales. Estos desarrollos podrían sentar la base para transiciones aceleradas de tenencia en un futuro cercano. Además, el creciente interés en reducir las emisiones de la deforestación y degradación (REDD) le darán nueva importancia a la clarificación de los derechos de propiedad relacionados con el bosque.

No obstante, si el cambio no se lleva a cabo más rápidamente y en más países, es muy posible que tome décadas modificar el balance global de la tenencia forestal trasladándola de los gobiernos a las poblaciones rurales. Asimismo, traducir los derechos que figuran en papel a un control de lo que pasa en el campo es todo un desafío, el mismo que dependerá del compromiso constante de los potenciales beneficiarios, gobiernos y la comunidad internacional.