Costa Rica se conoce internacionalmente como uno de los países tropicales con mayor conciencia ambiental. Sin embargo, según un informe nuevo de José Joaquín Campos y un equipo de CATIE, titulado "Extracción Ilegal de Madera en Costa Rica, Un Análisis para Discusión", entre 28% y 41% de todo la madera que se vende en Costa Rica ha sido talada o transportada de forma ilegal.

Alrededor del 50% de la madera ilegal proviene de sitios donde los madereros pudieron haberla cosechado de forma legal, pero no obtuvieron los permisos necesarios. Un 40% viene de áreas protegidas, áreas con fuertes pendientes y sitios muy cercanos a ríos y a caídas de agua en donde la tala es ilegal. El porcentaje restante es de lugares en donde alguien solicitó un permiso pero no lo consiguió.

Puesto que Costa Rica ya no tiene mucho bosque primario afuera de las áreas protegidas, la mayoría de la madera talada de forma legal se obtiene de árboles sueltos en los potreros (53%) y de plantaciones forestales(33%). Solamente un 14% proviene de bosques naturales. Con la madera ilegal las proporciones son similares. La tala en los bosques con planes de manejo solo representa un pequeño porcentaje (4%) de la madera ilegal. La mayoría de la tala ilegal proviene de árboles en potreros, la conversión ilegal de bosques secundarios y bosques primarios sin planes de manejo.

El informe indica que lo primero que debe hacer el gobierno para reducir las actividades ilegales es simplificar y abaratar los tramites que tienen que cumplir los madereros y normar solo aquellos aspectos realmente necesarios para el manejo sostenible de sus bosques. En segundo lugar, se debe comenzar a usar la tecnología informática moderna para vigilar el aprovechamiento, transporte y procesamiento de la madera. Tercero, se debe crear un equipo multidisciplinario bien entrenado a nivel central para supervisar, vigilar, evaluar, y ayudar a los funcionarios que trabajan en el campo. Dicho equipo debe dar prioridad al control de la tala dentro de las áreas protegidas. Cuarto, varias entidades públicas y privadas necesitan entrenar a todos los grupos involucrados en la producción y la regulación de los productos forestales. Quinto, las ONGs, los medios de comunicación y otros grupos privados deben involucrarse más en la vigilancia de las actividades ilegales y el gobierno debe apoyarlos en sus esfuerzos. En sexto lugar, las nuevas leyes deben ser claras en cuanto a las sanciones aplicables por la violación a las regulaciones y sobre las responsabilidades de los que compran o transportan madera cosechada ilegalmente.

Como la mayoría de los países, Costa Rica tiene serias dificultades en hacer cumplir sus leyes forestales. Pero al menos están enfrentando esta situación. En efecto, representantes del gobierno fueron quienes solicitaron a CATIE que preparara este informe. Es hora para que otros países hagan lo mismo.