Desde tiempos inmemoriables, las comunidades del sur y este de África han manejado sus bosques de manera colectiva. Desafortunadamente, la mayoría de los gobiernos coloniales y pos-coloniales generalmente no han querido reconocer eso, mucho menos darles derechos legales sobre los bosques a dichas comunidades. Esto ha permitido a los gobiernos apropiararse de los bosques que han querido, convirtiéndolos en reservas forestales nacionales, parques o bosques demarcados. Las comunidades no han tenido ningún derecho
legal sobre esos bosques, ni sobre los que aún estaban en su posesión.
Durante la década pasada, muchos países comenzaron a replantear sus políticas forestales y de tierras, y aprobaron nuevas políticas y leyes o están considerando hacerlo. El proceso ha sido lento y desigual, pero la tendencia ha sido hacia el mayor reconocimiento de la propiedad y manejo de los bosques por parte de las comunidades. El nuevo libro de Liz Wily y Sue Mbaya "Tierra, Gente, y Bosques en África del Este y Meridional al principio del siglo XXI," publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), documenta ampliamente este proceso.
Probablemente Tanzania, Uganda, Lesotho, Malawi, y Namibia sean los países que han avanzado más. La Ley de Tierras de 1999 en Tanzania autoriza al consejo de la aldea a distribuir sus tierras y a determinar la forma en que la gente pueda utilizarlas. Un borrador de la ley forestal permite la creación de reservas forestales comunitarias, controladas por comisiones locales de gestión forestal. Las aldeas del país ya han declarado más de 500
áreas como reservas forestales comunitarias. El gobierno también está integrando a las comunidades vecinas en el manejo de cerca de cuarenta reservas forestales nacionales. De la misma manera, en 1998, Uganda dió el derecho a administrar la tierra a los comités distritales y parroquiales de tierras. El Acta Forestal de 1999 en Lesotho no solamente prevé la creación de bosques comunitarios y cooperativas, sino que además especifica los
procedimientos para devolver a las comunidades el control sobre los actuales bosques estatales. La Ley Forestal de 1998 en Malawi reconoció las áreas forestales de las aldeas como posesión de las comunidades. Propuestas de leyes forestales en Namibia y Uganda también reconocen explícitamente que los bosques pertenecen a la comunidad.
Según Wily y Mbaya, los gobiernos en la región deben establecer a las instituciones democráticas comunitarias como entidades legales, proporcionarles oportunidades para que puedan registrar los bosques locales como propiedad privada del grupo y ayudar a simplificar los procesos para resolver conflictos sobre tierras o bosques. Según ellos, ésta es la mejor
manera de proteger unos cien millones de hectáreas de arbolados en la región que los gobiernos nacionales nunca protegieron como reservas forestales o parques. También creen que los gobiernos nacionales deben delegar el control sobre muchos bosques nacionales a las comunidades, particularmente aquellos que se estén degradando rápidamente bajo el manejo gubernamental. Claramente, todavía falta mucho para que eso suceda en la región de forma generalizada.
Como lo muestran los autores, muchos gobiernos están dispuestos a compartir los beneficios con la gente local pero no el poder o la autoridad. Sin embargo, las buenas noticias son que por lo menos las cosas se están moviendo en la dirección correcta.
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Lecturas adicionales
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