La actividad maderera suele estar muy ligada a la ilegalidad. Un porcentaje importante del aprovechamiento, transporte y procesamiento de madera, tanto en los países en vías de desarrollo como también en los países desarrollados, no cumple con las leyes existentes. Estudios del Brasil, Canadá, Camboya, Camerún, Indonesia, Myanmar, Papua Nueva Guinea, las Filipinas y Rusia documentan numerosos casos de ilegalidad. Los madereros

frecuentemente incumplen la ley, para poder evadir impuestos, tener acceso a madera adicional, evitar regulaciones ambientales y sociales y comprar el apoyo de funcionarios públicos. Evadir la ley puede traerles beneficios grandes y raras veces les implica costos significativos.

Para los gobiernos se les dificulta hacer cumplir las leyes forestales. La madera generalmente se explota en áreas dispersas y remotas, que son difíciles de monitorear. Además, la mayoría de los funcionarios tienen poco incentivo para hacer cumplir las leyes. Obligar a que estas se cumplan podría provocarles conflictos, y producirles dificultades en su trabajo.

Para los funcionarios corruptos también implica perder una importante fuente

de ingresos. Además, las regulaciones forestales a menudo exigen cosas que son muy difíciles de hacer en la vida real. Esto, junto con los sobornos exigidos por funcionarios corruptos, hace casi imposible que una compañía funcione legalmente, aunque ellos determinen hacerlo.

Los crímenes forestales tienen muchas víctimas. Cada año, los gobiernos pierden miles de millones de dólares en impuestos que habrían podido ser invertidos en la construcción de caminos, hospitales o escuelas. La corrupción socava la legitimidad del gobierno y del proceso democrático. Las malas prácticas de aprovechamiento causan grandes daños ambientales y reducen la producción de madera a largo plazo.

"Imponiendo las Leyes Forestales, Una Revisión", un documento reciente escrito por Arnoldo Contreras, no solamente revisa el problema, también proporciona soluciones. Contreras dice que las leyes deben ser más realistas y sencillas, con menos normas. Las leyes poco realistas inevitablemente conducen a la corrupción. Los medios, las ONGs y las comunidades locales deben actuar como guardianes independientes que vigilen las actividades forestales y que presionen a los gobiernos a tomar las medidas necesarias.

Las entidades que reglamentan o dictan las leyes no deberían permitir que la capacidad de procesamiento exceda la cantidad de madera que las empresas pueden obtener de aprovechamientos legales. Entidades independientes deben auditar las agencias forestales públicas, realizar controles imprevistos y verificar la consistencia de la información que las agencias proporcionan.

Las multas por cometer actividades forestales ilegales deben incrementarse. El uso de tecnologías de detección pueden ayudar a facilitar la vigilancia de actividades ilegales. La certificación forestal voluntaria podría ayudar a reducir la carga reguladora del Estado. Los países importadores de madera y de otros productos forestales pueden dejar de comprar mercancías de fuentes ilegales.