Los gobiernos municipales de América Latina se involucran cada vez más en los asuntos forestales. La Ley Forestal de 1996 en Bolivia les concedió a los gobiernos locales el 25% de las patentes forestales. También permitió que los gobiernos reclamen hasta el 20% de todos los bosques públicos para que sean utilizados por grupos comunitarios. Honduras restableció los derechos de los municipios para manejar sus propios bosques, que producen una parte significativa de la madera del país. De igual manera, se han establecido docenas de unidades municipales de administración forestal en Guatemala.

Ahora podríamos preguntar, ¿son tales cambios buenos o malos? Según Anne Larson, los resultados han sido mixtos. En su documento, "Recursos naturales y descentralización en Nicaragua: ¿Están los gobiernos locales a la altura del trabajo?", se concluye que los gobiernos municipales necesitan tener capacidad, incentivos, e interés para manejar los bosques de una forma adecuada. En el caso de Nicaragua, solo los municipios más grandes y las zonas urbanas, así como los que reciben apoyo de proyectos externos y ONGs, tienen suficiente capacidad (recursos humanos y financieros) para manejar los bosques. Lo que más incentiva a los gobiernos municipales en estos países, para involucrarse en asuntos forestales, es la oportunidad de aumentar los ingresos municipales, las presiones por parte de las ONGs, los proyectos o los grupos comunitarios y/o la necesidad de resolver conflictos o crisis. Las leyes y los reglamentos de Nicaragua permiten que los gobiernos municipales se involucren en estos asuntos, pero podrían ir mucho más lejos y otorgarles derechos y responsabilidades más claras. Para la mayoría de las autoridades locales, los temas forestales no son de prioridad alta. Sin embargo, para enfrentar estos problemas con seriedad, necesitan tener un interés real en ellos. Esto requiere de un proceso lento de educación cívica y cambios culturales.

Larson basa sus conclusiones en 21 casos documentados por el Instituto Nitlapan en Nicaragua. Ella presta particular atención a cuatro municipios que han progresado más en relación con el tema. Los cuatro han aprobado ordenanzas ambientales o forestales y tienen Comisiones Ambientales Municipales (CAMs) donde participan representantes de agencias estatales y de ONGs. Tres de estos municipios tienen por lo menos una persona de tiempo completo trabajando en los temas de recursos naturales. Chinandega tiene viveros municipales, brigadas contra incendios, e inspectores forestales. Achuapa estableció brigadas ecológicas municipales y está haciendo cumplir su ordenanza municipal que regula el uso del bosque, el agua, la fauna y los incendios forestales. Jalapa ha intentado controlar el gorgojo del pino y ha motivado a las compañías para que procesen su madera localmente. Bonanza ha desarrollado un plan municipal para el uso del suelo, ha creado un parque municipal, ha regulado el uso de las motosierras, y está ayudando a proteger

los territorios indígenas contra las invasiones de afuera. Estos casos demuestran que algunos municipios de América Latina están progresando. Muchos todavía tienen un largo camino por recorrer.