Alguien tiene que pagar para poder conservar los bosques. Posibles candidatos incluyen a los contribuyentes de impuestos, filántropos, contaminadores, turistas y consumidores. El documento ’Financiamiento para la conservación de la biodiversidad’, preparado por Ricardo Bayon, Steve Lovink, y Wouter Veening para el Banco Inter-Americano de Desarrollo, ofrece una visión actualizada del tema, con énfasis en América Latina.

A través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), donaciones bilaterales y proyectos de cooperación técnica de los bancos multilaterales, los contribuyentes de los países del norte financian un porcentaje grande para los esfuerzos de conservación. Muchos países de América Latina han creado Fondos Ambientales Nacionales para canalizar algunas de estas donaciones.

La primera permuta financiera de deuda por la naturaleza se realizó en 1987. Desde entonces, este mecanismo ha aportado un billón de dólares para proyectos de conservación. A comienzos de los años noventa, las organizaciones internacionales no gubernamentales(ONGs)gestionaban la mayoría de estas permutas financieras. Hoy en día existen menos oportunidades para que las ONGs puedan comprar deudas de los gobiernos a descuento a cambio de apoyo público para la conservación. Iniciativas bilaterales como los programas ’Iniciativa para las Américas’ y ’El Acuerdo para la Conservación del Bosque Tropical’ del Gobierno Estadounidense son mucho más importantes en la actualidad. A través de estos programas los Estados Unidos han perdonado deudas de los países en desarrollo a cambio de inversiones en la conservación de los bosques.

Contribuciones voluntarias hechas por fundaciones e individuos constituyen una importante fuente de fondos. En 1993, grupos en los Estados Unidos contribuyeron con 3.2 billones de dólares para la fauna y flora silvestres y para programas de medio ambiente. Los países en desarrollo reciben parte de ese dinero.

Los gobiernos de países en desarrollo se han mostrado reacios a tomar préstamos para la conservación y para financiarla con ingresos de los impuestos normales. Sin embargo, Brasil pidió un préstamo para su fondo ambiental y Ecuador uso dinero de la privatización de empresas del estado para lo mismo.

Además de esto, los países en desarrollo han comenzado a usar impuestos, multas y tasas cobrados a contaminadores, madereros, consumidores de agua y turistas para financiar la conservación. La nueva “Ley de Crímenes del Medio Ambiente” de Brasil estipula que parte del dinero recogido de las multas irá a su Fondo Nacional de Medio Ambiente. Un impuesto especial a la gasolina financia parte del programa de servicios ambientales de Costa Rica y cada turista que visita Belice tiene que pagar un impuesto destinado para el Fondo de Conservación de Areas Protegidas. Si las Partes involucradas en el Convenio Marco sobre el Cambio Climático deciden permitir a las compañias, cuyas actividades descargan carbóno a la atmosféra cumplir con parte de sus compromisos de reducir dichas emisiones a través de programas de conservación de los bosques naturales, eso podría generar mucho dinero para la conservación.

Los gobiernos han promovido inversiones privadas en eco-turismo, certificación de madera, productos forestales no maderables y agricultura orgánica. El Banco de Amazonas en Brasil ha establecido unas líneas de crédito para productos forestales no maderables y negocios relacionados con el manejo sostenible y la conservación del medio ambiente. El Gobierno Holandés no grava con impuestos los ingresos y los dividendos ganados a través de los ’Fondos Verdes’ que invierten en actividades amigables con el medio ambiente. Garantías de préstamos y proyectos públicos que ofrecen capacitación y apoyan a los fondos de capital de riesgo pueden estimular inversiones en biodiversidad y negocios relacionados.