Serapio Condori Daza, recolector de castañas, muestra los frutos de su trabajo en Madre de Dios, Perú. Una asociación de recolectores se ha asociado con una empresa para mejorar su actividad como parte de una iniciativa de REDD+ en el lugar. Fotografía: Marco Simola / CIFOR.

LIMA, Perú- Para que los acuerdos de distribución de beneficios de REDD+ tengan éxito, su diseño debe ser participativo y aprobado por las comunidades, señala un nuevo estudio realizado en el Perú.

REDD+, o Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, es un esquema basado en resultados que busca reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal ofreciendo a los habitantes de los países tropicales incentivos para mantener sus bosques en pie.

Una de las principales preocupaciones para las emergentes iniciativas de REDD+ es cómo distribuir de la mejor manera estos incentivos entre los diversos miembros de la comunidad.

En el Perú, las políticas nacionales para la distribución de los beneficios de REDD+ son aún muy incipientes, señala Ashwin Ravikumar, investigador postdoctoral del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y coautor de un nuevo informe sobre este tema.

“El surgimiento de políticas que regulen  la distribución de beneficios desde el nivel nacional al subnacional y hasta el nivel de los proyectos ha sido lento”, dijo Ravikumar.

DISTRIBUCIÓN CON LECCIONES

Este retraso significa que las iniciativas subnacionales y basadas en proyectos en el Perú han introducido innovaciones,  desarrollando sus propios acuerdos de distribución de beneficios, dijo, por lo que pueden brindar algunas lecciones útiles.

Los actores regionales en las provincias de Madre de Dios y San Martín han formado independientemente sus propias mesas redondas para discutir y negociar el desarrollo de REDD+, lo que ha fomentado coordinación entre el Gobierno y la sociedad civil.

En Madre de Dios, la mesa redonda de REDD+ ha sido el centro de una coalición regional de diversos grupos interesados en el desarrollo de bajas emisiones, y en el 2013 asumió la coordinación del establecimiento de niveles de referencia regionales de deforestación.

Si bien estos espacios presentan grandes oportunidades para el debate entre los diversos actores, en la práctica su capacidad de inclusión ha sido limitada, dice Ravikumar.

El informe encontró que los gobiernos locales, así como las organizaciones indígenas y de productores, están escasamente representados en estas mesas redondas, mientras que la representación gubernamental encargada de los sectores minero y agrícola, los principales impulsores de los cambios en el uso del suelo, no han participado en ellas.

Serapio Condori Daza, recolector de castañas, muestra los frutos de su trabajo en Madre de Dios, Perú. Una asociación de recolectores se ha asociado con una empresa para mejorar su actividad como parte de una iniciativa de REDD+ en el lugar. Fotografía: Marco Simola / CIFOR.

¿SIN EFECTIVO? NO HAY PROBLEMA

Un segundo hallazgo indica que en estas iniciativas en el Perú, los beneficios no monetarios han sido mucho más comunes que los pagos en efectivo.

Inicialmente, REDD+ fue concebido como un programa de “pagos por servicios ambientales” (PSA), pero este ha tenido que enfrentarse a varios obstáculos, sobre todo la falta de dinero para distribuir en las comunidades.

“Los proyectos de REDD+ han enfrentado serias dificultades debido a que el mercado internacional del carbono ha tardado en surgir. Realmente no contamos con un mercado de carbono sólido y en actividad, que cuente con compromisos financieros firmes de parte de los socios de los países desarrollados”, dijo Ravikumar.

Sin tales compromisos, los promotores de proyectos y las iniciativas subnacionales de REDD+ se han centrado en otros tipos de incentivos, como ofrecer capacitaciones, asistencia técnica y jurídica, estrategias de medios de vida alternativos y reducción de las amenazas a la seguridad de la tenencia de tierras.

El proyecto de REDD+ en Madre de Dios, por ejemplo, está a cargo de Bosques Amazónicos (BAM), una empresa privada que se ha aliado con una asociación de recolectores de castañas.

“En lugar de simplemente tratar de medir, reportar, certificar y vender carbono, ellos han tratado de invertir en el bosque. En el camino han enfrentado retos, y aún no está claro cómo los van a resolver, pero el objetivo es invertir en una beneficiadora de castañas”, dijo Ravikumar.

“La idea es que esta planta mejore la posición de los recolectores de castañas en la cadena de valor, aumentando sus ingresos y mejorando sus medios de vida. El carbono puede venderse a la par, pero no es necesariamente esencial para el proceso”, dijo.

 MEJOR JUNTOS

Un tercer hallazgo clave del informe señala que estos acuerdos de distribución de beneficios funcionan mejor cuando se desarrollan a través de un proceso que las comunidades consideren legítimo.

“Hacer consultas amplias es algo realmente fundamental, y la excesiva dependencia de uno o dos representantes de una comunidad, en lugar de hacer consultas más extensas, puede ser problemático para la legitimidad”, dijo Ravikumar.

El informe recomienda a los promotores de proyectos que amplíen la participación de los actores locales en el diseño y supervisión de la iniciativa, como una manera de aumentar la identificación y el apoyo local.

Al mismo tiempo, podrían organizar periódicamente talleres que sean más accesibles a todos los actores involucrados, para discutir temas específicos relacionados con el diseño del proyecto, indica.

“Nuestros hallazgos muestran que las consultas amplias son insustituibles”, dijo Ravikumar.

“Es posible que existan formas más democráticas de seleccionar representantes, fomentando la legitimidad de estos procesos, pero los promotores de proyectos y los responsables del diseño de políticas aún deben seguir pensando creativamente al respecto”.

 Para obtener más información sobre esta investigación, póngase en contacto con Ashwin Ravikumar ashwin.r@cgiar.org.

El Estudio Global Comparativo sobre REDD+ de CIFOR es financiado en parte por el Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería y por NORAD, AusAID, DFID y la Comisión Europea.