Un elemento clave de REDD+ era pagar a aquellos que reducen la deforestación y ayudan a mantener el carbono en los árboles. Una idea sencilla, ¿qué tan difícil podría ser? Bueno, pues ha sido mucho más difícil de lo imaginado.
El año pasado, Arild Angelsen, profesor de economía de la Norwegian University of Life Sciences (NMBU, por sus siglas en noruego) y asociado sénior del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), junto con un grupo de colegas de CIFOR publicaron el cuarto de una serie de libros sobre el tema y ahora ha sido lanzando en español: REDD+: la transformación. Lecciones y nuevas direcciones.
Hacer que la conservación de los ecosistemas de bosques tropicales sea financieramente atractiva para los responsables del manejo de la tierra es una parte central de la teoría de cambio en la que se basa REDD+ (Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de los bosques), un enfoque respaldado por las Naciones Unidas para ayudar a combatir el cambio climático.
Durante más de 10 años, por medio del Estudio Comparativo Global sobre REDD+ (GCS-REDD+), CIFOR ha estudiado los esfuerzos para establecer “pagos por resultados” encaminados a proteger los bosques tropicales.
REDD+ (antes conocido solo como REDD) fue negociado en primer lugar bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) en el año 2005, y los científicos han estado investigando sus impactos desde 2007.
El enfoque ha logrado un éxito moderado, y el libro, que incluye contribuciones de la comunidad forestal en su sentido extenso, explora algunos de los desafíos más importantes, así como las oportunidades para mejorar.
Todo lo cual está siendo discutido durante las conversaciones climáticas de las Naciones Unidas que se llevan a cabo en la COP25 en Madrid, España.
El desafío es resultado, en parte, de cómo fue concebido el financiamiento de REDD+. Originalmente, la idea era que REDD+ sería parte de un mercado mundial de carbono, en el que, con base en las reducciones de emisiones documentadas, se ganarían créditos de REDD+. Sin embargo, el mercado no prosperó debido a que los países no lograron llegar a acuerdos vinculantes sobre los límites de las emisiones, lo que significa que el financiamiento hasta el momento proviene de la cooperación internacional.
Una de las principales preguntas que explora el libro en el capítulo titulado “Pago por resultados. ¿A quién se debe pagar y a cambio de qué?” es si está promoviendo un verdadero cambio de comportamiento en los niveles local y nacional.
Con esto en mente, mediante una evaluación de impacto de los proyectos de REDD+ en comunidades locales, Angelsen explicó que espera ver que los desembolsos sean usados de diversas formas.
“Si observas alrededor del mundo, verás mucha variedad: en algunos casos podrían ser mejores prácticas agroforestales, en otros construir una escuela, algunos más simples dividirán el dinero entre los hogares de la comunidad”, dijo.
En Perú, uno de estos programas es Transferencias Directas Condicionadas, que surgió a partir de un acuerdo hecho en 2014 entre los Gobiernos de Perú, Alemania y Noruega. Las comunidades del programa, que incluye algunas ubicadas a lo largo del río Ucayali, reciben 10 soles (o 3 dólares americanos) al año por cada hectárea de bosque que mantienen en pie.
Este programa en particular dicta que el dinero debe gastarse en un menú establecido de actividades de desarrollo y no puede entregarse a las personas de la comunidad en efectivo.
El concepto podría parecer sencillo: premiar a las comunidades, compañías u hogares que hacen un excelente trabajo de conservación de sus bosques, y que, al hacerlo, estimulan a otros a seguir su ejemplo. Pero la realidad no es así, aseguró Angelsen.
“Este es un proyecto de cuatro años, y ¿qué va a pasar después?”, pregunta.
“La permanencia es un asunto clave. ¿Serán duraderas las reducciones logradas o los agricultores regresarán a los mismos, o incluso mayores, niveles de deforestación una vez que el proyecto haya finalizado?
El elemento clave de REDD era del pago por resultados (PPR), según el cual los pagos están condicionados a un comportamiento amigable con el carbono, señaló Angelsen. Pero en el libro, él y sus colegas investigadores concluyeron que los PPR “no han funcionado muy bien en ofrecer realmente los incentivos para reducir la deforestación”.
Medidas de comando y control, en donde el uso de recursos se regula de forma directa, han sido más efectivas en los sitios estudiados.
No obstante, los pagos siguen siendo importantes. “Si quieres mejorar los medios de vida y el bienestar de las personas, es importante dar compensaciones”, afirmó.
“Y, para la sostenibilidad a largo plazo del programa de REDD+ necesitas entregar beneficios tangibles a los custodios de los bosques. No puedes desayunar reducción de emisiones”.
También ha sido difícil encontrar la combinación correcta de PPR a nivel nacional. Es notablemente difícil establecer cuánta deforestación se ha “evitado” de un año a otro.
“Con frecuencia, emplear solamente niveles históricos no nos permite ser precisos, porque la deforestación sube y baja, y podría haber tendencias sistemáticas”, sostuvo Angelsen.
Además, debido a que los propios países proponen los niveles de referencia, y pueden elegir entre diversas formas de calcularlos, existe el potencial y el incentivo para “engañar al sistema” y seleccionar alternativas que produzcan un alto nivel de referencia (por ejemplo, al incluir años atípicos de alta deforestación en el cálculo, y asumir que a mayor población habrá mayor deforestación) para mostrar mayores reducciones de emisiones. “Así que podrías establecer un nivel de referencia que está por arriba de los niveles históricos, y, luego, incluso si continuas con los mismos niveles de deforestación” podrías estar produciendo créditos”, destacó.
Al otro lado de la cadena de financiamiento de REDD+ encontramos también preguntas difíciles de hacer, advirtió Stibniati (Nia) Atmadja, investigadora de CIFOR, y coautora del capítulo titulado: “El financiamiento de REDD+. ¿Transacciones equitativas o un ámbito desigual?”.
Ella y sus coautores querían presentar, con una imagen global, de dónde proviene el financiamiento de REDD+ y en qué actividades se ha gastado. Pero lo que encontraron es que había muchos más datos disponibles de algunos financiadores que de otros, lo que potencialmente sesgaría los datos de manera considerable. “Los datos de algunos están incompletos, y otros cuentan con mayor información, lo que hace parecer que aquellos que tienen más datos son los que aportan más dinero, cuando, en los hechos, podría no ser cierto”, indicó.
Por ejemplo, las contribuciones de los donantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen un seguimiento detallado, mientras que el financiamiento del sector privado y a nivel nacional no se reportan de la misma forma.
“Esto hace una gran diferencia cuando comienzas a negociar a nivel mundial”, describió Atmadja y añadió “porque aquellos que tienen los datos pueden decir: ‘mira, hemos financiado esto, y por lo tanto, tienes que escuchar nuestra opinión… ’ Así que este es un asunto de desigualdad real que surge de los datos”.
Los investigadores encontraron que una parte importante de los costos de las actividades relacionadas con REDD+ lo aportan los países en los que estas se llevan a cabo, tanto financieramente, como con el tiempo y labor de oficiales de gobiernos locales y miembros de la comunidad, los cuales son muy difíciles de calcular y, además, es complicado darles seguimiento.
“Así que tienes esta enorme cantidad de financiamiento nacional que no está reflejado en los datos” agregó Atmadja.
“Da la impresión de que estos Gobiernos son los que reciben, en un tipo de relación en el que uno da y otro recibe. Pero si los datos estuvieran completos, mostrarían que no es así de ninguna forma”.
Además, los costos de oportunidad de la conservación de bosques, es decir, los beneficios no obtenidos derivados de la producción agrícola y maderera, son asumidos por los países REDD+ sin recibir compensaciones, aun cuando representan los mayores costos del programa en su totalidad.
Por ejemplo, un estudio reciente llevado a cabo en Indonesia en 2016 mostró que la asignación nacional de presupuesto para la mitigación del cambio climático hecha a través del sector forestal equivalía a unas 30 veces lo que los donantes estaban dando al país en ese rubro.
“Nunca va a ser un cálculo perfecto, porque es imposible capturar en su totalidad las aportaciones en especie hechas por las comunidades y los gobiernos subnacionales. Pero al menos, a nivel nacional, se podría recopilar y tomar en cuenta la información sobre la asignación de presupuesto” añadió Atmadja.
Con retos tan grandes como este, la pregunta que cae por su peso es ¿es todavía REDD+ una alternativa viable para la mitigación del cambio climático?
Angelsen piensa que los principios clave del programa: a nivel nacional, políticas coordinadas y el PPR, siguen siendo importantes para combatir el problema de la destrucción y degradación de bosques que contribuye al cambio climático.
“Podría ser que, en algunas partes del mundo, REDD+ tenga una mala reputación, tal vez debido a los ‘cowboys del carbono’ o al mal manejo de los fondos, o al enfoque de los Gobiernos o de quienes propusieron el proyecto. Así que podría estar ahí con un diferente nombre”, agregó Angelsen.
“Y así debería ser, es decir, el nombre no es sagrado. Pero creo que seguramente continuará de alguna forma. Vale la pena conservar los elementos clave, como incentivar y compensar a aquellos que absorben los costos de la conservación de los bosques”, concluyó.
REDD+: la transformación. Lecciones y nuevas direcciones fue presentado el 9 de diciembre en la COP25 Chile en Madrid.
- Vea la presentación en video AQUÍ
- Descargue la publicación: AQUÍ
- Nota de prensa sobre el libro: AQUÍ
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