LIMA, Perú (8 de marzo de 2012)_ Desde la década de 1980, varios países en todo el mundo han reconocido los derechos de las comunidades a sus bosques, recursos, ingresos derivados de esos recursos y títulos de propiedad. Ahora, para poder mantener el acceso así como el control de su tierra y sus recursos, las comunidades deben contar con un liderazgo legítimo, representativo y responsable que proteja sus necesidades e intereses, según un estudio publicado por CIFOR recientemente.
“En el reconocimiento de los derechos al bosque o a la tierra, las cuestiones de autoridad, y su rol dentro de las instituciones de gobernanza de múltiples niveles que son necesarias para la gestión territoria,l no se deberían de ignorar o tratar superficialmente, ya que tienen un fuerte impacto sobre el control de la tierra, los recursos y el poder político”, dijo Peter Cronkleton, investigador de CIFOR y coautor del estudio ¿Quién representa a la colectividad? Autoridad y reconocimiento de los derechos forestales (texto en inglés).
Sin embargo, no siempre es fácil forjar una entidad legítima y responsable que represente a aquellos cuyos derechos están siendo reconocidos, ya que en ocasiones esto lleva a un conflicto o no logra mejorar el acceso a los derechos para todos los miembros de la comunidad.
“La mayor parte de la gente supone que estas organizaciones ya existen. Pero, en muchos casos, los derechos a la tierra se otorgan a una nueva escala multiterritorial, sin que necesariamente exista antes una estructura de gobernanza. La creación de un nuevo liderazgo de múltiples niveles, que podría incluir diversos grupos étnicos y abarcar vastas áreas con poca comunicación interna, representa todo un desafío”, afirmó Anne Larson, investigadora asociada de CIFOR y coautora del estudio.
Los autores analizaron las instituciones tradicionales y las nuevas autoridades que representan a diferentes colectivos en Nicaragua, Bolivia, Gana y las Filipinas. El caso de Filipinas ofrece un ejemplo interesante por el balance que existe entre las instituciones tradicionales y las que han sido elegidas recientemente, el mismo que es facilitado por un “intermediario externo” de confianza, y donde la responsabilidad y la transparencia constituyen importantes aspectos de la representación. Sin embargo, en el caso de Filipinas, el territorio era mucho más pequeño y las comunidades eran más homogéneas que en Nicaragua o Bolivia.
En los cuatro países, la representación colectiva tiene importantes poderes. Por ejemplo, en los territorios indígenas de Bolivia y Nicaragua, los líderes pueden suscribir contratos con empresas externas interesadas en el bosque y otros recursos, actuando así como representantes legales de los intereses comunitarios.
Las comunidades pueden depender de sus autoridades para obtener acceso a la tierra y los recursos, así como para que las represente a nivel político, pero es posible que las nuevas autoridades o las tradicionales en sus nuevos roles le den prioridad a otros intereses por encima de las necesidades colectivas.
El poder que estas instituciones tienen sobre los recursos colectivos las convierte en blancos de actores externos que buscan ejercer control sobre la población y sus recursos.
“Una representación efectiva necesita reglas de juego transparentes, incluyendo un acuerdo amplio que defina cómo se elige a los representantes y el área de poder especifico para cada autoridad, así como la incorporación o diseño de mecanismos de rendición de cuentas. Lleva tiempo construir una autoridad legítima, especialmente en territorios complejos,” concluyó Larson.
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