Foto cortesía de murkas/flickr

BOGOR, Indonesia (28 de febrero de 2012)_ La reciente prisa por adquirir tierras de cultivo para satisfacer las crecientes demandas mundiales de alimentos y combustibles, está poniendo a los países africanos en riesgo de asumir los costos sociales, económicos y ambientales de la escasez de recursos a nivel mundial, asegura un nuevo estudio realizado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

Muchos de estos costos amenazan con surgir a partir de la creciente competencia directa entre usos de la tierra establecidos y monocultivos. A nivel local, esto se puede manifestar en degradación del medio ambiente, pérdida de acceso a recursos de la tierra social y económicamente valorados, y conflictos entre la agricultura de subsistencia y la comercial.

Si bien se ha escrito mucho acerca de las oportunidades y riesgos de esta tendencia, es escasa la evidencia empírica confiable respecto a su magnitud, distribución y origen. Al haberse convertido el África subsahariana en uno de los objetivos más importantes para las adquisiciones de tierras agrícolas de gran escala para plantaciones y silvicultura en años recientes, resulta crítico que nuestro entendimiento a nivel micro sea complementado por una apropiada contextualización de procesos a nivel macro basado en evidencia.

Con el fin de reducir estas brechas de conocimiento, una reciente publicación de CIFOR, “La Anatomía de adquisiciones de tierras agrícolas a gran escala en el África subsahariana“, analizó 353 proyectos de tierras agrícolas de gran escala de más de dos mil hectáreas establecidos entre 2005 y 2011.

Si bien, se identificó que los proyectos estaban operando en por lo menos 32 países en África subsahariana, dos tercios de las 18.1 millones de hectáreas documentadas de tierra adquirida por proyectos forestales y agrícolas estaban localizados en solamente siete países.

El estudio confirma que los inversionistas “del norte”, particularmente de Europa, están adquiriendo grandes extensiones de tierras agrícolas para impulsar la demanda de largo plazo de fuentes alternativas de energía en los países industrializados. El mercado de biocombustibles garantizado por la Directiva de Energía Renovable de la UE, fue fundamental al dar confianza a los inversionistas para que invirtieran en tierras agrícolas en el extranjero, particularmente en el periodo 2005-2008.

Más recientemente, la demanda de productos alimenticios desde países “del sur” que enfrentan limitaciones internas para la expansión de la agricultura (en particular desde Asia Meridional y Sudoriental), también se está convirtiendo en una causa importante. Estas limitaciones son cada vez más serias como resultado de las altas fluctuaciones de precios en los mercados mundiales de materias primas, el elevado poder adquisitivo de poblaciones en crecimiento y la menor disponibilidad interna de tierras adecuadas en términos agrícolas y ecológicos. La crisis de precios de los alimentos de 2007 y 2008 demostró ser un detonador importante para que los inversionistas del sur busquen el acceso a las económicas y abundantes reservas de tierras en África.

En algunos países de África subsahariana la escala de estas adquisiciones de tierras de cultivo se equipara con una proporción importante de tierras adecuadas y ‘disponibles’- en Etiopía y Ghana hasta de 43 y 62 por ciento respectivamente – lo que deja ver el gran riesgo de que exista una competencia con usos de la tierra social y ambientalmente valiosos.

Más aún, existen pocas vías para recibir los beneficios a nivel local como resultado de una regulación y ejecución interna débil, el énfasis en cultivos que atienden las necesidades del mercado local en forma deficiente, y el hecho de que la mayoría de las tierras adquiridas fueran originalmente de “usos y costumbres”, con frecuencia sin la debida compensación para los usuarios locales de la tierra y típicamente a tarifas de alquiler bajas (que rara vez superan 10 dólares por hectárea).

El estudio destaca varios países del África subsahariana que están bajo el creciente riesgo de convertirse en importadores netos de los costos de la escasez externa de recursos. Esto no solamente pone en tela de juicio los efectos de la globalización en la distribución, sino la eficacia de la gobernanza del mercado global.

Se han desarrollado y continúan desarrollándose esfuerzos concretos para contener estas amenazas, tal como la Directiva de Energía Renovable de la UE y varias políticas de sostenibilidad en los países de acogida y sistemas de certificación específicos al cultivo y al sector. Sin embargo, en la práctica muchas de estas iniciativas carecen de una fuerza legislativa o de un mandato para su monitoreo y ejecución.

Los esfuerzos actuales para desalentar malas prácticas en el campo han tenido por lo tanto un efecto limitado. La eficacia se ha visto socavada por las limitaciones de capacidad de los países, la adopción limitada de normas “estrictas” de sostenibilidad en mercados de consumo, el deficiente compromiso de los bancos para generalizar e implementar políticas financieras responsables, y una falta de coordinación entre los distintos sistemas de gobernanza.

Irónicamente, el reciente repunte en el número de esquemas de certificación voluntaria está de hecho aumentando la facilidad con la que los inversionistas de tierras agrícolas pueden maquillar de verde prácticas de producción no sostenibles. Esto es posible gracias a la creciente oportunidad de comprar a través de esquemas que se alinean mejor con las fortalezas y debilidades del inversionista, tal como se destaca en el estudio de CIFOR  sobre los esquemas de sostenibilidad recientemente aprobados bajo la Directiva de Energía Renovable de la UE.

Claramente, se requerirán estructuras de gobernanza más efectivas e integradas para controlar estas distorsiones de la distribución. Dada la pertinencia geopolítica del fenómeno, la actual prioridad debe ser mejorar la rendición de cuentas del mercado a través de regulaciones más severas relacionadas con la oferta y la demanda. Esto no se puede lograr sin una mayor transparencia dentro del sector financiero y normas de importación más rígidas en los grandes (emergentes) mercados de consumidores.

En paralelo, se necesita explorar la complementariedad entre los distintos instrumentos de gobernanza – por ejemplo, entre estándares de consumo, políticas financieras responsables, sistemas de certificación y marcos de políticas del país anfitrión– y otorgarles el necesario respaldo legislativo Es en este caso donde las directrices normativas, como los varios códigos de conducta, podrían potencialmente ser útiles para ayudar a asegurar la alineación a los principios subyacentes.

Esta nueva publicación es parte del programa de investigación sobre Bosques y Gobernanza de CIFOR y fue financiado por la Comisión Europea.