Los formuladores de políticas están desarrollando un marco para asegurar que los esfuerzos para la conservación de los bosques no afecten adversamente a las comunidades locales con derecho a recibir incentivos de ayuda por parte de los países desarrollados, al demostrar que han reducido las emisiones de carbono. Fotografía de CIFOR/Ollivier Girard

Los formuladores de políticas están desarrollando un marco para asegurar que los esfuerzos para la conservación de los bosques no afecten adversamente a las comunidades locales con derecho a recibir incentivos de ayuda por parte de los países desarrollados, al demostrar que han reducido las emisiones de carbono. Fotografía de CIFOR/Ollivier Girard

VARSOVIA, Polonia (19 de diciembre de 2013) _La gobernanza forestal con frecuencia significa abordar las inconsistencias en la gestión de la tierra, los árboles y los recursos, proceso que puede complicarse por las interacciones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, según los científicos.

“Las normas pueden ser una forma de mejorar la gobernanza, pero en muchos casos se trata de normas internacionales voluntarias sin requisitos de cumplimiento – sabemos por experiencia que estas normas frecuentemente son burladas”, dijo Andrew Wardell, Director de Investigación del Programa de Bosques y Gobernanza, del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

CIFOR, en colaboración con Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) y la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo (IDLO), lideró un foro de debate en el Foro Global sobre Paisajes en Varsovia, en paralelo a las negociaciones de la política internacional sobre el clima, enfocado en quién gobierna los bosques, cómo se gobiernan y qué tipo de impacto se observa.

El debate se centró sobre si las normas de sostenibilidad pueden apoyar un marco integrado de gobernanza, por ejemplo, al regular el acceso de los biocombustibles a los mercados europeos, o abordando salvaguardas sociales y ambientales creadas para acompañar a proyectos de REDD+ respaldados por las Naciones Unidas (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación del bosques) en países en desarrollo.

Los formuladores de políticas están desarrollando un marco para asegurar que los esfuerzos enfocados en la conservación de los bosques no afecten adversamente a las comunidades con derecho a recibir incentivos de ayuda por parte de los países desarrollados, al demostrar que han logrado una reducción en las emisiones de carbono.

Estableciendo parámetros

Una norma para la gobernanza forestal se puede definir como “un determinado umbral o mejor práctica a ser alcanzada”, dijo Caroline Haywood, abogada especialista en cambio climático y economía ecológica en IDLO, que ayuda a los países en desarrollo en temas de legislación.

El grupo está llevando a cabo actualmente un proyecto de investigación junto con CIFOR, enfocado en la creación de un marco sostenible para inversiones de baja emisión de carbono.

Las normas internacionales deberían seguir siendo lo más amplias posibles, en tanto que la legislación es la herramienta para implementarlas en contextos específicos, dijo Haywood.

Las normas internacionales “son buenos puntos de comparación para ver cómo le está yendo a un país – una especie de norma de oro”, dijo Renee Gift, especialista en cambio climático de IDLO.

Cuando un país está diseñando una política, uno puede evaluar la forma en que se está abordando varios temas, como una etapa inicial del proceso legislativo, indicó.

La investigación debiera enfocarse en las lecciones aprendidas del por qué ciertos esfuerzos de política reciben apoyo, dijo Ben Cashore, profesor de gobernanza ambiental y ciencias políticas en la Universidad de Yale. “Hay una diferencia entre donde obtienen las instituciones la autoridad que necesitan para conducir una política y el contenido de las normas que aplican a dicha política”, dijo.

La historia de las normas de sostenibilidad en la gestión forestal se remonta al intento fallido de firmar una Convención Forestal Mundial vinculante a inicios de la década del noventa, dijo Cashore.

Los promotores de una buena gestión forestal recurrieron luego a mecanismos basados en los mercados como la certificación de la madera para regir la política de comercio. Sin embargo, dichas normas medibles no cubren todos los productos forestales.

“La certificación es demasiado compleja y costosa para las pequeñas y medianas empresas”, dijo Wardell.

Estrategias para el éxito

Wardell y Cashore han contribuido a un reciente conjunto de textos que interpreta la gobernanza forestal como un escenario complejo que se debe implementar a nivel institucional mundial, nacional y local.

El interés actual en la verificación de la procedencia legal de la madera y la eliminación de los productos aprovechados ilegalmente, está poniendo nuevamente a los gobiernos en el centro de la gobernanza forestal, dijo Cashore.

Los nuevos Acuerdos de Asociación Voluntaria  de la Unión Europea, que permiten despachos de madera solamente desde los países que verifican que sus exportaciones cumplen sus propias leyes nacionales, son un ejemplo de una norma voluntaria convertida en una base legal, dijo Wardell – agregando que es demasiado temprano para decir si esto es exitoso.

Sin embargo el apoyo a los procesos nacionales de verificación legal es impresionante, dijo Cashore. “Esto se debe a que se trata de un enfoque de abajo hacia arriba, de normas de bajo nivel, que involucra a múltiples niveles del gobierno”, dijo Cashore. La ciencia debería explicar ahora las motivaciones que se encuentran detrás de dicha aceptación generalizada, que podría estar impulsada por el interés propio: las empresas formales legales la ven como una oportunidad para luchar contra la competencia de los extractores ilegales más baratos; las organizaciones ambientales no gubernamentales (ONG) esperan obtener mejores resultados para evidenciar su acción a través de este enfoque, y los estados independientes la pueden usar para impulsar sus demandas de soberanía, dijo.

“Solamente cuando hayamos averiguado por qué un cierto nivel de normas atrae amplio apoyo podremos considerar llevarlas más allá”, dijo Cashore.

Para mayor información sobre los temas tratados en el presente artículo, sírvase contactar a Andrew Wardell en a.wardell@cgiar.org