Los tratados de comercio pueden ser una herramienta para abordar la tala ilegal, pero no reemplazan la política efectiva de gestión forestal en los países exportadores, afirma Pablo Pacheco, investigador del Centro para la investigación Forestal Internacional.

SAN JOSE, Costa Rica (8 de agosto de 2013)_Un tratado de libre comercio  firmado entre Perú y los Estados Unidos muestra que los mismos tratados que abren los mercados mundiales a la madera tropical pueden ofrecer herramientas para frenar la tala ilegal, según un estudio en curso en Perú.

Con disposiciones para sanciones más severas, una mayor aplicación de la ley y cooperación para mejorar la gestión forestal, el pacto refleja la responsabilidad compartida de los países exportadores e importadores en la lucha contra la tala ilegal, dijo Julia Urrunaga, investigadora de la Agencia de Investigación Ambiental sin fines de lucro, en el Tercer Congreso Latinoamericano de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal  (IUFRO) en San José, Costa Rica.

“Para que las disposiciones sobre el medio ambiente en los tratados de libre comercio sean efectivas, tienen que ser vinculantes, estar sujetas a solución de conflictos y colocadas en un plano de igualdad con los compromisos en otros capítulos”, dijo Urrunaga, autora principal de un informe sobre las formas en que los taladores ilegales en Perú “lavan” la madera, especialmente la caoba, para que parezca que ha sido cortada legalmente dentro de concesiones madereras autorizadas por el gobierno.

Si bien el tratado de comercio de Perú es inusual debido a su lenguaje muy específico sobre la tala ilegal, Urrunaga mencionó que la Asociación Trans-Pacífico que se está negociando actualmente entre 12 países a ambos lados del Océano Pacífico, podría también incluir disposiciones para prohibir el aprovechamiento ilegal y comercio de madera y productos forestales.

El proyecto de texto de ese tratado todavía no ha sido publicado, sin embargo las negociaciones incluyen temas ambientales y de conservación, de acuerdo con la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.

Los tratados comerciales podrían ser una de las herramientas para abordar la tala ilegal, pero no reemplazan la política de gestión forestal efectiva en los países exportadores, según Pablo Pacheco, investigador del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), quien lideró un panel de debate sobre el comercio local y regional de la madera en los países amazónicos durante el congreso de IUFRO.

“Las medidas tomadas por el lado de la demanda para asegurar la legalidad de las exportaciones, no significan necesariamente que la gestión forestal será sostenible en el largo plazo”, dijo Pacheco. “Es importante implementar medidas en el lado de la oferta para promover prácticas sostenibles”.

La madera aprovechada ilegalmente se vende dentro de los países amazónicos y a través de las fronteras a los países vecinos, así como también a nivel internacional, indicaron los investigadores en el congreso de IUFRO. Sin embargo, es difícil separar la madera ilegal de la legal.

Casi la mitad de la madera aprovechada en Brasil podría ser de “origen desconocido”, según André Luiz Campos de Andrade, gerente ejecutivo de economía y mercados del Servicio Forestal Brasileño.

Las leyes forestales en la mayoría de países latinoamericanos, en el intento de promover la gestión local forestal, han inspirado la producción de madera a gran escala, y no responden necesariamente a los intereses y necesidades de los pequeños agricultores que cortan y venden árboles cuando necesitan dinero en efectivo, dijo Pacheco.

No obstante, con frecuencia tienen que correr con los gastos para contratar a un operador de moto sierra y del transporte de la madera al mercado.

“El cumplimiento de las regulaciones implica costos adicionales y barreras institucionales que tienden a limitar su competitividad y fomentan la ilegalidad”, dijo Pacheco. “Las regulaciones forestales no están adaptadas a las distintas situaciones existentes”.

En vez de responder con medidas de “mandato y control” que castigan la tala ilegal a pequeña escala, dijo que los gobiernos deberían adaptar las regulaciones a las distintas condiciones y ayudar a que los pequeños agricultores obtengan crédito y asistencia técnica para gestionar sus bosques, como parte de estrategias más amplias para la gestión de cultivos.

Para mayor información sobre los temas tratados en el presente artículo, por favor escriba a  Pablo Pacheco en p.pacheco@cgiar.org

Este trabajo forma parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Arboles y Agroforestería y cuenta con el apoyo de la Unión Europea dentro del contexto del Proyecto PROFORMAL.