Los movimientos sociales por la defensa de los bosques tienen un poder único para establecer alianzas con los gobiernos locales, los conservacionistas, la industria maderera y los concesionarios agrícolas. Fotografía de Nagarjun Kandukuru

BOGOR, Indonesia (11 de marzo de 2013)_Colectivos en Guatemala y Nepal están teniendo éxito en darle voz a las personas que viven en los bosques y alrededor de ellos, dicen expertos. También han demostrado que están dispuestos a desafiar las leyes del Estado y forzar a las autoridades a ser más responsables a la hora de administrar los cada vez más escasos recursos naturales.

Aunque las dinámicas de las instituciones comunitarias han sido ampliamente documentadas, las organizaciones de segundo nivel, como se las conoce, han recibido considerablemente menos atención.

Pero estos movimientos sociales, que luchan por los bosques, que establecen alianzas con los gobiernos locales, los conservacionistas, la industria maderera y los concesionarios agrícolas, tienen un poder único.

Aunque generalmente reconocen el régimen político de un país, son capaces de movilizar a sus miembros para oponerse a decisiones poco populares, como las restricciones a las tierras forestales del Estado impuestas a los pobladores.

Estas organizaciones defienden los intereses de sus miembros, por encima de las divisiones de clase, etnicidad y género y, con frecuencia, logran obtener el apoyo de un sector más amplio de la sociedad civil a favor de los derechos comunitarios, dijo Naya Sharma Paudel, autor e investigador principal del documento Organizaciones de segundo nivel y la  democratización de la gobernanza forestal: Estudios de caso de Nepal y Guatemala

“Las organizaciones de segundo nivel son muy importantes para las comunidades forestales porque en su papel de contrapoder y guardián, ayudan a asegurar la tenencia forestal y los beneficios derivados de los recursos forestales”, sostuvo.

También apoyan, consolidan y transmiten los intereses de las comunidades a autoridades en escalafones superiores del Estado y logran negociar mejores precios en el mercado que benefician a las comunidades forestales locales”.

En Guatemala, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) es considerada como un modelo exitoso de acción colectiva, tanto dentro como fuera del país.

Creada en 1997, esta asociación está compuesta por miembros de 23 organizaciones diferentes, dijo Iliana Monterroso, uno de los autores del documento.

Una de sus primeras tareas fue ejercer presión para lograr que las personas que vivían dentro y en los alrededores de la Reserva de la Biosfera Maya –un bosque tropical de 8100 metros cuadrados que protege el mayor bloque de bosque latifoleado en la cuenca amazónica– pudieran acceder a los recursos de la misma, asegurando también su activa participación en la toma de decisiones relativa al establecimiento de concesiones forestales comunitarias en la zona de amortiguamiento.

“Esto les permitió contribuir al manejo sostenible del bosque y, luego de algunos reclamos iniciales según los cuales habían sido estafados en el arreglo, obtener beneficios económicos”, dijo Monterroso.

En 1998 ACOFOP demostró su poder político.

En respuesta a protestas, el gobierno decidió derogar un decreto presidencial que permitía la expansión de actividades de prospección y extracción petrolera dentro de las áreas de las concesiones comunitarias, lo que hubiera tenido un serio impacto en la reserva que alberga un gran número de especies vegetales y animales, incluyendo jaguares y pumas.

Hace algunos años, la organización de segundo nivel presionó al gobierno para que no autorizara la expansión de un parque nacional que hubiera implementado un plan de inversionistas privados para promover el turismo cultural y arqueológico, lo que hubiera anulado seis contratos de concesión pertenecientes, con excepción de uno, a comunidades, explicó Monterroso.

Sin embargo, las organizaciones de segundo nivel todavía enfrentan desafíos, especialmente en sus esfuerzos por asegurar los derechos y autonomía comunitarios, por un lado, y administrar su economía y producción, por otro.

“En muchos casos las organizaciones de segundo nivel han desarrollado departamentos específicos para llevar a cabo acciones cívicas y políticas así como actividades profesionales y técnicas a fin de presionar al gobierno y trabajar con socios, respondiendo al mismo tiempo a las necesidades de los miembros en el campo”, sostuvo Peter Cronkleton, investigador de CIFOR y también coautor del informe.

“Aunque las organizaciones de base generalmente centran sus actividades en el manejo de recursos, actividades económicas y aspectos de gobernanza local, también forman alianzas con grupos similares para crear organizaciones de segundo nivel con el objeto de usar la acción colectiva para abordar intereses de orden político comunes”.

Estas organizaciones necesitan lograr un equilibrio entre el panorama amplio, que les permite participar en el debate y diálogo relacionado con las políticas a nivel nacional e internacional, y los detalles más sutiles, expresados en las necesidades diarias de producción de la membresía a fin de que puedan mantener su relevancia, sostuvo.

Cuando estas organizaciones se ven inmersas en la discusión de los temas más amplios, como la reforma de tenencia y la agenda de los derechos comunitarios a nivel internacional, corren el riesgo de pasar por alto los temas urgentes que las agobian en casa y, de ese modo, perder apoyo y cohesión a nivel interno. Sin embargo, muchas de estas organizaciones usan campañas globales para ayudar a centrar la atención en temas locales y así dar inicio a las acciones necesarias.

Esta investigación es parte del Programa sobre Bosques, Árboles y Agroforestería del CGIAR, y fue financiada por la Fundacion Ford, El Programa sobre Bosques (PROFOR), El Banco Muncial y el International Development Research Centre.