Fotografía cortesía de la colección del Banco Mundial/flickr.

LIMA, Perú (12 de marzo de 2012)_Las políticas de REDD+ en America Latina pueden fortalecer las instituciones indígenas de manejo territorial y ayudar a defender esos territorios de la competencia externa que amenaza con sacar provecho de derechos de tierra inseguros, señala un nuevo informe del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

“Los pueblos indígenas necesitan instituciones sólidas de múltiples niveles –idealmente democráticas– para poder defender sus derechos. Ellos necesitan contar con apoyo político del Estado pero también tener legitimidad a nivel local, dijo Peter Cronkleton, Investigador Principal de CIFOR.

La recomendación es una de varias ofrecidas en el documento Rights to forests and carbon under REDD+ initiatives in Latin America (Derechos a los bosques y el carbono en el marco de las iniciativas REDD+ en América Latina), que aborda una problemática compleja: ¿qué factores deberían tener en cuenta los formuladores de políticas a la hora de poner en marcha proyectos REDD en territorios indígenas?

En toda América Latina, los gobiernos nacionales han empezado a reconocer territorios indígenas, definir el acceso y la propiedad de la tierra e introducir nuevos conceptos, diferentes a las prácticas consuetudinarias, generalmente enfocadas en ‘la comunidad’.

Con frecuencia, estos territorios están conformados por varias comunidades e incluso diversos grupos étnicos, y su tamaño y complejidad implican serios desafíos para una gobernanza territorial eficaz. Al mismo tiempo, la coordinación y negociación en territorios extensos ofrece una oportunidad para diseñar modelos de desarrollo integrado sostenible, y la experiencia de los territorios indígenas, hasta la fecha, nos podría aportar importantes insumos en las discusiones de la Conferencia Rio+20, a realizarse en junio de 2012.

América Latina posee más del 50 por ciento de los bosques primarios del mundo, la mayor parte de los cuales se encuentra en la cuenca amazónica, donde 375 grupos indígenas ocupan territorios que albergan un poco más del 25 por ciento de los bosques de la región. La demarcación y titulación de estos territorios ha transformado significativamente la naturaleza de la tenencia forestal desde la década de 1980. En muchos países latinoamericanos, los movimientos sociales indígenas y sus aliados han obtenido el reconocimiento de derechos a sus tierras ancestrales, lo que ha generado una ola de reformas de tenencia de la tierra que ha permitido que los grupos indígenas se beneficien de un acceso más seguro a los recursos forestales.

Independientemente de si los derechos de las comunidades indígenas han sido reconocidos, los territorios indígenas continúan sufriendo la presión de colonos, madereros ilegales, e intereses mineros y petroleros, cuyas prácticas amenazan los medios de vida de muchos de estos pobladores forestales.

“Generalmente se asume que los territorios indígenas ya cuentan con instituciones de gobernanza, y en algunos casos estas instituciones ya existen. Sin embargo, nuestros estudios de caso demuestran que la mayor parte de la titulación de tierras se está llevando a cabo en territorios donde habitan varias comunidades y donde no existía una estructura de gobernanza más allá de la toma de decisión a nivel comunitario”, explicó Anne Larson, Investigadora Asociada Principal de CIFOR y coautora de otro estudio reciente de CIFOR sobre el tema.

“La construcción de instituciones democráticas de gobernanza representa todo un desafío”.

Se espera que America Latina reciba una parte importante de los 30 mil millones de dólares que podrían ser transferidos de los países desarrollados a los países en desarrollo cada año para reducir la deforestación bajo el sistema de reducción de emisiones provenientes la deforestación y degradación de los bosques (REDD+). Se reconoce que los esquemas REDD+ podrían constituir formas potencialmente económicas y efectivas para mitigar el cambio climático; sin embargo, en el contexto de los territorios indígenas, REDD+ podría involuntariamente convertirse en una nueva amenaza o intensificar otras, especialmente en el caso de aquellos cuyos derechos a la tierra no están asegurados. Estas amenazas incluyen actores que exigen beneficios de REDD pero que al mismo tiempo restringen las actividades de medios de vida de los pueblos indígenas.

Los planificadores de REDD+ necesitan tener en cuenta la diversidad que caracteriza a los territorios indígenas a fin de asegurar que los beneficios lleguen a los destinatarios previstos, plantea el estudio.

Por ejemplo, en las Filipinas, una institución encabezada por representantes electos otorga permisos de acceso a las tierras y los bosques, y establece las normas de manejo que definen el acceso a los recursos. Esta institución administra 15 mil hectáreas en siete comunidades y en un área contigua de tierra que no presenta demandas superpuestas. Un estudio reciente de CIFOR también determinó que en Nicaragua, los líderes a nivel territorial aprueban permisos de aprovechamiento forestal y tienen acceso a los ingresos derivados de los impuestos que deberían ser asignados al territorio. Algunos territorios abarcan 15 mil hectáreas, con docenas de comunidades indígenas y no indígenas.

“Aquellos involucrados en proyectos REDD+ en territorios indígenas deberían aprovechar las capacidades y conocimiento de los grupos indígenas para diseñar modelos REDD+ flexibles que tomen en cuenta las características especificas de cada territorio, promoviendo el desarrollo de capacidades y la autogobernanza a largo plazo,” dijo Larson.

REDD+ podría también ofrecer nuevas oportunidades: como se trata de una política que aborda los motores externos de la deforestación, deberá enfrentar las amenazas primarias a la integridad de los territorios indígenas. Estos esquemas podrían asimismo apoyar en la creación de territorios indígenas como entidades políticas, sociales y económicas.

Sin embargo, es más probable que estas oportunidades se den en territorios con derechos seguros, afirmó Larson.

“Si las políticas de REDD+ respetan los derechos colectivos como el derecho a la autonomía, a manejar los recursos naturales y al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), los pueblos indígenas podrían potencialmente ver como se materializan los beneficios”, explicó Larson.

Para asegurarnos de que Rio+20 envíe un mensaje al mundo sobre la importancia de los bosques para el desarrollo sustentable, CIFOR coordinará una de las conferencias más importantes sobre bosques el 19 de Junio de 2012. La Octava Mesa Redonda en Río+20 debatirá nuevos resultados de investigaciones, las lagunas en el conocimiento, y las consecuencias en las políticas públicas de la integración de los bosques en la solución de los cuatro retos clave para avanzar hacia una economía verde: Energía, alimentos e ingresos, agua, y clima. El cupo es limitado, regístrate aquí para que no te quedes sin participar.