El continuo deterioro de la salud ambiental de nuestro planeta suele atribuirse al fracaso de los convenios ambientales internacionales. Sin embargo, esta narrativa culpa al actor equivocado.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) proporcionan marcos sólidos para la protección ambiental. El verdadero fracaso no radica en estos mecanismos en sí, sino en su implementación, o más bien, en la obstrucción sistemática de su implementación por parte de quienes priorizan intereses nacionales a corto plazo sobre los imperativos ambientales globales.
La política de la obstrucción
La historia comienza con promesas. La Cumbre de la Tierra de Río de 1992 estableció marcos ambiciosos para la protección ambiental global. Estas convenciones fueron bien diseñadas, incorporando orientación científica, objetivos claros y mecanismos para la cooperación internacional. Representaron el mejor entendimiento de la humanidad sobre cómo abordar los desafíos ambientales mediante la acción colectiva. Sin embargo, tres décadas después, enfrentamos una aceleración de la degradación ambiental no porque estos marcos sean defectuosos, sino porque las mismas partes los han socavado consistentemente.
Cambio climático: el marco está ahí, la voluntad no
La CMNUCC proporciona un marco integral para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo principios claros, orientación científica y mecanismos de cooperación internacional. Sin embargo, como documenta el World Energy Outlook 2023 de la Agencia Internacional de Energía, los principales emisores han optado consistentemente por intereses económicos nacionales sobre la reducción de emisiones. La retirada de Estados Unidos del Protocolo de Kioto, la salida de Canadá ante dificultades de cumplimiento y la continua construcción de plantas de carbón en China ilustran cómo las partes priorizan los intereses nacionales percibidos sobre los imperativos ambientales globales.
La evidencia de obstrucción deliberada es clara. Según una investigación publicada en Nature Climate Change en 2022, las empresas de combustibles fósiles gastaron más de 3,600 millones de dólares en cabildeo relacionado con el clima durante la última década. Este cabildeo ha retrasado efectivamente la implementación de los objetivos de la CMNUCC en las principales economías, a pesar de que la convención ofrece rutas claras para la reducción de emisiones
La biodiversidad: un marco relegado
La CDB ofrece otro ejemplo revelador. La convención proporciona directrices integrales para la protección de la biodiversidad, pero las partes han socavado sistemáticamente su implementación al priorizar la extracción de recursos y el desarrollo. Según el informe sobre financiamiento de la biodiversidad del Banco Mundial (2023), los gobiernos gastan aproximadamente 500 000 millones de dólares anuales en subsidios ambientalmente dañinos, más del triple de lo que gastan en protección de la biodiversidad.
La reciente historia de Brasil ilustra perfectamente esta dinámica. A pesar de ser parte de la CDB y contar con excelentes leyes de conservación en papel, decisiones políticas bajo ciertas administraciones llevaron a un aumento dramático en la deforestación del Amazonas. La convención proporcionó el marco para la protección, pero las elecciones políticas nacionales priorizaron ganancias económicas a corto plazo sobre la protección ambiental.
Degradación de la tierra: La brecha de la aplicación
La CNULD ofrece quizá el ejemplo más claro de cómo la obstrucción política socava la protección medioambiental. La convención proporciona directrices detalladas para prevenir y revertir la degradación de la tierra. Sin embargo, como documenta el Global Land Outlook (2022) de la CNULD, la implementación fracasa no por falta de conocimiento o marcos inadecuados, sino debido a decisiones políticas que favorecen prácticas de uso de la tierra insostenibles.
Subsidios agrícolas que fomentan la sobreexplotación, resistencia política a reformas de uso de la tierra y la priorización de ganancias económicas a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo socavan los objetivos de la convención. Los marcos de protección existen; la voluntad política para implementarlos no.
Bosques: la política supera a la protección
El FNUB proporciona directrices integrales para la gestión forestal sostenible. Sin embargo, como muestran los datos de Global Forest Watch, seguimos perdiendo bosques primarios a un ritmo alarmante. Esta pérdida no ocurre por falta de marcos internacionales adecuados, sino porque las partes consistentemente priorizan los ingresos por madera y la expansión agrícola sobre la protección forestal.
La experiencia de Indonesia es instructiva. A pesar de tener leyes sofisticadas de protección forestal alineadas con marcos internacionales, decisiones políticas que favorecieron la expansión del aceite de palma llevaron a una deforestación masiva. Los marcos internacionales ofrecieron la guía; las prioridades políticas nacionales la ignoraron.
El verdadero fracaso no radica en estos mecanismos en sí, sino en su implementación, o más bien, en la obstrucción sistemática de su implementación por parte de quienes priorizan intereses nacionales a corto plazo sobre los imperativos ambientales globales”.
El verdadero problema: las políticas de implementación
El patrón de los cuatro mecanismos revela que el fracaso no radica en los convenios, sino en su aplicación. Surgen varios factores clave:
En primer lugar, las partes priorizan sistemáticamente los intereses nacionales percibidos sobre la protección medioambiental global. Las convenciones proporcionan marcos para equilibrar estos intereses, pero las partes suelen optar por ignorar estos marcos cuando entran en conflicto con las prioridades políticas nacionales.
En segundo lugar, los poderosos intereses económicos trabajan activamente para obstruir la aplicación. Una investigación del International Political Economy Institute (2023) documenta cómo los grupos de presión de la industria han retrasado las medidas de protección medioambiental en múltiples jurisdicciones, a pesar de las claras directrices de las convenciones.
En tercer lugar, las partes a menudo se dedican a lo que los politólogos denominan “cumplimiento simbólico”, aparentando seguir los requisitos de la convención mientras que en realidad socavan sus objetivos. Crean políticas y programas que suenan impresionantes mientras mantienen simultáneamente prácticas destructivas para el medioambiente.
Las pruebas del fracaso político
Las estadísticas siguen siendo condenatorias, pero reflejan el fracaso político más que la inadecuación del convenio:
- El descenso del 68 % de la biodiversidad mundial se produce a pesar de que la CDB proporciona marcos de protección claros.
- El aumento del 60 % de las emisiones de gases de efecto invernadero se produce a pesar de que la CMNUCC ofrece vías claras de reducción.
- La continua degradación de la tierra persiste a pesar de que la CNULD proporciona directrices detalladas de prevención.
- Continúa la deforestación a pesar de los marcos del FNUB para la gestión sostenible de los bosques.
Hacia adelante: Enfrentando el verdadero desafío
La solución no radica en reformar las convenciones, sino en abordar las fallas de implementación. Investigaciones recientes en Global Environmental Politics (2023) sugieren varios pasos claves:
Primero, es necesario fortalecer la gobernanza ambiental nacional para implementar mejor los marcos de las convenciones. Estas convenciones proporcionan los planos; las instituciones nacionales necesitan la capacidad y el apoyo político para llevarlos a cabo.
Segundo, abordar la economía política de la destrucción ambiental. Esto implica enfrentar los intereses creados que obstruyen la implementación y crear nuevas bases de apoyo para la protección ambiental.
Tercero, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación. Cuando las partes no cumplen con sus compromisos, el mundo necesita saber por qué y quién es responsable.
Cuarto, construir bases nacionales más sólidas para la protección ambiental. Las convenciones proporcionan los marcos; es necesaria la presión política doméstica para garantizar su implementación.
En lugar de criticar las convenciones, debemos enfocarnos en los obstáculos políticos que impiden su implementación. Los marcos para la protección ambiental existen; lo que nos falta es la voluntad política para implementarlos de manera efectiva”.
El fracaso de la protección ambiental global no reside en las convenciones internacionales, sino en su implementación. Estas convenciones proporcionan marcos sofisticados basados en el entendimiento científico y la cooperación internacional. La trágica brecha entre sus objetivos y nuestra realidad ambiental no refleja una insuficiencia institucional, sino un fracaso político.
Entender esta distinción es crucial para abordar la crisis ambiental. En lugar de criticar las convenciones, debemos enfocarnos en los obstáculos políticos que impiden su implementación. Los marcos para la protección ambiental existen; lo que nos falta es la voluntad política para implementarlos de manera efectiva.
El camino por seguir requiere enfrentar directamente estos fracasos políticos. Solo fortaleciendo las bases nacionales para la protección ambiental, confrontando los intereses obstruccionistas y creando una verdadera rendición de cuentas para las fallas de implementación, podremos esperar revertir el declive ambiental de nuestro planeta. Las convenciones nos han dado las herramientas; ahora debemos encontrar la voluntad política para utilizarlas.
Este replanteamiento del problema sugiere un nuevo enfoque para la protección ambiental, uno que no se centre en crear nuevos marcos internacionales, sino en construir las condiciones políticas necesarias para implementar los existentes de manera efectiva.
El futuro de nuestro planeta no depende de mejores convenciones, sino de una mejor política.
Nota del editor: Robert Nasi es director gerente de operaciones de CIFOR-ICRAF y director general de CIFOR.
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