Todos los mapas cuentan una historia, una historia de nuestra relación con la tierra.
En 2015, investigadores del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y la Universidad Agraria la Molina pidieron a pobladores indígenas de la región del Río Napo de Perú que les ayudaran a trazar un mapa de las tierras de la comunidad para ver cómo las usaban. Después de realizar un taller con hombres, y uno separado con mujeres, se dieron cuenta que los mapas lucían diferentes.
Ambos grupos habían marcado en el mismo lugar el pueblo, los bosques secundarios cercanos y sus huertos. Pero el mapa elaborado por las mujeres contenía información detallada y precisa sobre la ubicación de productos forestales no maderables, que eran claves para la comunidad –tres clases de palmas de las que las mujeres recolectan frutas para vender en el mercado local, y la red de caminos que lleva a ellos–.
“Viendo el mapa dibujado por los hombres puedes darte cuenta que ellos no son los que extraen las frutas, son las mujeres”, dijo Iliana Monterroso, la investigadora de CIFOR que coordinó el trabajo de campo. “Las mujeres tienen conocimientos diferentes a los de los hombres, no mejores, sólo diferentes”, señaló.
Actualmente, Perú está llevando a cabo la titulación de tierras para sus comunidades indígenas –un proceso que reconoce y formaliza los usos tradicionales del suelo con la tenencia legal de la tierra–. Es justamente aquí donde la importancia de los mapas cobra relevancia. Como el proceso requiere la demarcación de los límites de la tierra, las comunidades trabajan con oficiales para mapear su territorio.
Desde 1974, 1,300 comunidades en la Amazonía peruana han recibido sus títulos territoriales, pero aún quedan pendientes 600 más. Después de algunos tropiezos, el proceso ha tomado impulso recientemente con el flujo de nuevo financiamiento proveniente de la iniciativa global de la ONU sobre cambio climático para la
Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+).
Sin embargo, una nueva investigación de CIFOR sugiere que el abundante conocimiento de las mujeres indígenas sobre sus tierras tiende a permanecer invisible en este proceso.
Prácticamente, el mapa que se toma en cuenta es el mapa de los hombres, afirmó Monterroso. “Si vas a demarcar un área, deberías incluir la opinión de las diferentes personas que viven en ella”.
Si no se incorpora el conocimiento de las mujeres, entonces, áreas de tierra que son importantes para los medios de vida de las mujeres –y por lo tanto para la seguridad alimentaria de la población– pueden quedar fuera del territorio comunitario.
Esto, podría conllevar a que otras personas usen o desmonten las tierras, o incluso a que el gobierno otorgue el título de propiedad a alguien más. Pero además, se espera que las intervenciones gubernamentales no exacerben las desigualdades existentes, “pero no incluir a las mujeres, justamente, hace esto”, aseguró Monterroso.
“No podemos asumir que en lo colectivo habrá equidad. Tenemos que tener cuidado de no empeorar la situación de los grupos vulnerables cuando estamos promoviendo esta clase de reformas”.
En un nuevo infobrief las autoras, Monterroso, Anne Larson y Pamela Cantuarias, resumen lo que encontraron al realizar una revisión legal, un taller participativo, entrevistas con informantes clave, grupos de discusión y una encuesta en hogares de más de mil individuos en 22 comunidades en las provincias peruanas de Madre de Dios y Loreto. Todo ello, para explicar por qué prestar atención a las cuestiones de género forma parte esencial de la formalización –y para identificar los vacíos en las prácticas actuales–.
Estos resultados son parte del Estudio Comparativo Global sobre Diseño e Implementación de Reformas de Tenencia en Tierras Forestales, que CIFOR llevó a cabo en Perú, Indonesia, y Uganda entre 2015 y 2019.
En los resultados en Perú, las investigadoras encontraron un sorprendentemente bajo nivel de conciencia y aproximación a temas de género entre los oficiales de gobierno trabajando en los procesos de formalización.
“Globalmente se presta mucha atención a los derechos de las mujeres en la formalización del derecho a la propiedad colectiva de la tierra, pero no es así en Perú”, explicó Larson.
Los hombres predominan en los procesos. De los 32 oficiales entrevistados, 72 por ciento eran hombres, y sólo una persona encuestada mencionó que fortalecer los derechos de las mujeres era una meta de las reformas de tenencia de la tierra.
Pocas personas en el gobierno ven los derechos de las mujeres específicamente como una meta o consideran que excluirlas es un problema que necesita resolverse, añadió Larson.
Sin este reconocimiento, es muy fácil que los intereses de las mujeres queden fuera del mapa.
“En la mayoría de las comunidades, las mujeres no tienen una presencia fuerte en la vida pública, lo que significa que no serán ellas las que se reúnan con las ONG, no serán ellas las que asistan a las reuniones públicas si se llevan a cabo a la hora en que cuidan a los niños o preparan la comida”.
Si no participan en las reuniones, es menos probable que hablen en público frente a los hombres de su comunidad. Los técnicos que visitan los poblados, usualmente hombres, tienden a reforzar los estereotipos existentes al sólo buscar hablar con otros hombres, mientras que además las mujeres están en desventaja con el idioma, ya que tienen menos probabilidades que los hombres de tener un buen dominio del castellano.
A pesar de que el estudio de CIFOR encontró que la titulación mejoró notablemente la percepción de los grupos indígenas sobre la seguridad de la tenencia, los resultados variaron entre los géneros.
“El estudio de CIFOR encontró que la tenencia de las mujeres es significativamente menos segura que la de los hombres, tanto en Madre de Dios como en Loreto”, sostuvo Larson. “Su percepción de la seguridad de la tenencia era 10 puntos porcentuales por debajo de los hombres”.
CUATRO RAZONES
Una de las razones por las que las mujeres no han sido explícitamente incluidas en estos procesos es la resistencia de las propias comunidades, particularmente de parte de los hombres.
En otro documento (disponible en español), Larson y Monterroso detallan cuatro de las razones.
Primero, “siempre lo hemos hecho de esta forma”: Líderes hombres dicen que es contrario a la tradición hacer cambios, y las ONG y oficiales se resisten a intervenir.
Segundo, “las mujeres no son buenas para eso”: Estereotipos de género existen tanto en las comunidades como entre el personal administrativo, y refuerzan la idea de que las mujeres pertenecen al hogar. Es también menos probable que las mujeres expresen sus opiniones sobre el bosque o el territorio en público.
Tercero, requisitos imposibles de cumplir: Algunas comunidades piden que las personas involucradas en la toma de decisiones relacionadas con la formalización tengan educación secundaria o sepan leer y escribir, requisito que excluye a un gran número de mujeres.
Cuarta, y última, “es muy caro/va a ser un dolor de cabeza”: Se piensa que involucrar a las mujeres es complicar aún más el proceso.
Estas barreras son significativas y difíciles de superar, destaca Larson.
“Los movimientos indígenas han liderado la titulación de tierras de sus comunidades, y en estos mismos predominan los hombres. Así que es difícil para ellos priorizar la equidad de género. Es una batalla. Si llegas a una comunidad con una ‘agenda de género’ es probable que seas ignorado o que te pidan salir. Hay bastante rechazo”.
Por lo tanto, el gobierno tiene la tendencia de tratar las cuestiones de género como un problema que sucede al interior de la comunidad en el que no necesitan involucrarse, “pero sólo están eludiendo sus responsabilidades, al tratar de evitar que el problema, refuerzan la desigualdad”, advierte Larson.
“Las mujeres deberían ser una parte fundamental del equipo”, agregó Monterroso, quien dijo que mejorar la colaboración entre las instituciones y establecer un presupuesto para la integración de temas de género significaría un gran avance.
Luchar por un cambio no es tarea exclusiva de personas externas a la comunidad o de las feministas, también le corresponde a las mujeres indígenas, dice Larson.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) está luchando para lograr la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones sobre las tierras comunitarias, como lo hacen las mujeres al interior de las federaciones indígenas que son dominadas tradicionalmente por hombres.
TRUCOS Y CAPACITACIÓN
En el contexto actual, las mujeres están atrapadas en múltiples niveles, lo que limita sus derechos y su participación, explica Larson.
“Las mujeres no sólo están sujetas a lo que dice la ley, también están sujetas a lo que dicen sus comunidades, y además están sujetas a las reglas que rigen en su propio hogar. Son triplemente castigadas por el contexto que las rodea en cuanto a los derechos que tienen sobre la tierra”.
Entonces ¿Qué alternativas existen? Larson cree que las ONG y las instituciones de gobierno que se encargan de los procesos de formalización deben tener capacitación en temas de género.
Hay formas de promover la inclusión de las mujeres sin parecer un colonizador imperialista, aseguró.
“Hay algunos trucos que hacen posible su participación, como tener reuniones a horas del día en las que ellas pueden dejar a un lado el trabajo doméstico, o tomar decisiones sobre algún tema no el día en el que fue discutido sino un día después; de esta forma los hombres tienen el tiempo de ir a casa y discutirlo con sus esposas”.
“Como científicos, todas estas son tácticas que podrían usarse. Pero lo que hagas en un lugar en particular tiene que estar respaldado por lo que has encontrado, podrías haber hallado un grupo increíble de mujeres líderes o podrías haber visto que las mujeres raramente salen de sus casas”.
“Lo que proponemos es tener a personas capacitadas en temas de género y enfoques de interculturalidad (como se ha definido en la ley peruana) en los equipos de formalización de tenencia de la tierra. De esta forma se puede ayudar a mejorar las interacciones a nivel comunitario”, concluyó Larson.
Para más información sobre este estudio, puede ponerse en contacto con Anne Larson en a.larson@cgiar.org o Iliana Monterroso en i.monterroso@cgiar.org
Conozca más sobre el estudio de CIFOR en www.cifor.org/gcs-tenure
Este estudio fue realizado por CIFOR como parte del Programa de Investigación sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) y el Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) del CGIAR, con apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el soporte técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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