Perú ha reconocido el papel de los pueblos indígenas amazónicos para garantizar el uso sostenible de uno de los biomas con mayor biodiversidad del mundo y hacer realidad sus planes climáticos y de conservación. Sin embargo, el Manejo Forestal Comunitario (MFC) ha tenido dificultades para cumplir su promesa de mejorar el medioambiente y los medios de vida. En Perú, como en muchos otros países con bosques tropicales, las comunidades a menudo no pueden cumplir la normativa forestal y se ven abocadas al sector informal donde predominan las relaciones comerciales injustas y las prácticas no sostenibles.
Aunque se han realizado numerosos esfuerzos para promover el MFC, la falta de coordinación y continuidad entre los programas han frustrado los avances. Los responsables políticos nacionales, los técnicos de las ONG, los activistas de los derechos indígenas y los donantes también tienen opiniones diversas sobre lo que significa el MFC y su papel a la hora de apoyarlo.
“En general, las partes interesadas están de acuerdo en que el Manejo Forestal Comunitario es una buena idea, pero a menudo se ve entorpecida por opiniones enfrentadas sobre cómo debe aplicarse en la práctica”, afirma Juan Pablo Sarmiento Barletti, investigador del Centro para la Investigación Forestal Internacional y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF). “Comprender las distintas perspectivas e identificar los puntos de acuerdo es crucial para crear un MFC que funcione tanto para las personas como para los bosques”, afirma.
Un nuevo estudio de CIFOR-ICRAF dirigido por Sarmiento Barletti utilizó un proceso sistemático conocido como Metodología Q para identificar los distintos puntos de vista de los actores, trayendo a la luz las áreas de desacuerdo y –lo más crucial– de consenso. El trabajo busca proporcionar una base sólida para desarrollar y aplicar estrategias de MFC más eficaces.
Más allá de los grupos de discusión
La Metodología Q combina el análisis estadístico y las entrevistas cualitativas para eliminar los prejuicios inconscientes de los participantes y aclarar la variedad de perspectivas sobre un tema concreto. Con base en aplicaciones anteriores del enfoque en Perú, el equipo de investigación trabajó con una muestra de dirigentes indígenas, responsables políticos, técnicos de ONG, profesores universitarios, estudiantes de último curso de ciencias forestales y representantes de organizaciones donantes.
Los científicos empezaron por identificar cinco enfoques hipotéticos de MFC en la literatura especializada y elaboraron un conjunto de 40 afirmaciones que reflejaban las distintas perspectivas. A continuación, pidieron a los participantes que calificaran las afirmaciones en función de su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. Por último, se entrevistó a los actores para conocer los motivos de su clasificación. Un análisis estadístico posterior reveló la existencia de cuatro perspectivas principales sobre el MFC.
Peter Cronkleton, científico sénior del CIFOR-ICRAF y coautor del estudio, señaló la importancia de utilizar un proceso así de sistemático: “En un debate de grupo sobre un tema polifacético, los individuos pueden creer que los demás comparten sus definiciones y puntos de referencia y pueden no ser conscientes de cómo difiere su forma de entender ese mismo tema”, dijo. “El enfoque que utilizamos ayuda a poner en palabras estas percepciones individuales y permite compararlas e identificar similitudes o diferencias”. La Metodología Q también lleva a las personas a reflexionar sobre cosas en las que de otro modo no habrían pensado y les obliga a destilar sus prioridades.
Prioridades compartidas
El proceso reveló que las percepciones de los participantes sobre el MFC se dividían en cuatro categorías: debería equilibrar la conservación con el apoyo a los derechos comunitarios; fomentar la capacidad y el desarrollo empresarial; ser un enfoque técnico para proteger los bosques en los territorios de los pueblos indígenas; o estar orientado principalmente a apoyar la autonomía indígena de base.
El mismo análisis identificó puntos de consenso entre esos grupos. Por ejemplo, estaban de acuerdo en que el MFC debía hacer el mismo hincapié en los derechos comunitarios y en los objetivos de conservación y que los beneficios no debían ser el principal indicador de éxito.
También estaban de acuerdo en que los pueblos indígenas necesitaban ayuda para desarrollar sus capacidades, sobre todo para impedir que las empresas madereras se quedaran con la mayor parte de los beneficios y les dejaran a ellos los impactos legales y medioambientales de la extracción de madera.
“Las áreas de consenso podrían proporcionar un punto de partida para desarrollar estrategias que aborden los retos que impulsan la tala informal y las relaciones extractivas injustas”, afirma el estudio. “Esto necesariamente reorientaría el papel del gobierno en el apoyo a los pueblos indígenas para desarrollar medios de vida dignos y sostenibles a partir de sus bosques a través del desarrollo de capacidades y un marco normativo de apoyo”.
Las prioridades compartidas identificadas por la investigación podrían actuar como una agenda temprana para la colaboración entre los actores que promueven el MFC en Perú, y proporcionar una base para la reforma normativa, señalaron los investigadores.
Diferentes puntos de vista
El estudio identifica puntos en común, así como diferencias clave de opinión entre los grupos que también es necesario reconocer, por ejemplo, en el papel del gobierno como árbitro en las transacciones comerciales y en la concesión de permisos de extracción industrial en zonas gestionadas por las comunidades.
Otros puntos de desacuerdo son la importancia de los planes técnicos y los derechos comunitarios, el fomento de las empresas comunales, la legitimidad de las normas y sanciones existentes y el uso de maquinaria pesada.
Mientras que algunas perspectivas consideraban la forestería comunitaria como una actividad técnica, otras hacían más hincapié en las prácticas de gestión y administración medioambiental de los pueblos indígenas. Del mismo modo, existe una tensión entre equilibrar el apoyo a su derecho a la autodeterminación, y la necesidad de aplicar la legislación medioambiental y la supervisión gubernamental de las ventas de madera.
“El gobierno debe ser consciente de que hay poco consenso sobre estas cuestiones, lo que podría exacerbar los conflictos en el futuro”, señalaron los autores, que instaron al diálogo sobre estos temas para evitar disputas en el futuro y crear políticas más equitativas.
Según los investigadores, la Metodología Q puede facilitar el diálogo en la forestería comunitaria y en otras iniciativas con un amplio abanico de partes interesadas, opiniones y objetivos. Dondequiera que haya una cacofonía de perspectivas, puede poner orden analítico en la forma en que la gente percibe las cuestiones en juego y poner en primer plano las prioridades compartidas, ayudando a sacar de la rutina los debates complejos y llevarlos al camino de las políticas.
Este trabajo fue financiado por el Programa de Investigación del CGIAR sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM, por sus siglas en inglés), liderado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés) y por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD, por sus siglas en inglés)
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