Los agricultores a pequeña escala que producen madera en tierras de purma (el término local para tierras en barbecho) en la Amazonía peruana se beneficiarían de un mecanismo regulador que ayude a transformar la cadena de valor del sector informal en una basada en la equidad y la sostenibilidad, sostiene un estudio reciente.
Si las autoridades peruanas reconocieran los derechos de propiedad de los pequeños agricultores y ofrecieran a quienes cultivan madera de purma un proceso sencillo de registro que facilite su acceso al mercado, se ayudaría a prevenir la degradación medioambiental derivada de la tala ilícita de árboles y la quema de madera, explican los autores del estudio.
Los gobiernos locales y las organizaciones civiles también podrían proporcionar apoyo administrativo y asistencia técnica a los productores para que puedan generar madera de alta calidad.
El estudio, realizado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional CIFOR, parte del CIFOR-ICRAF, se centró en pequeños propietarios no indígenas con tierras de entre 5 y 50 hectáreas en la selva baja de la Amazonía central peruana. La investigación también incorporó datos sobre la cadena de valor de madera proveniente de purma mediante entrevistas con propietarios de aserraderos móviles, tablilleros, mayoristas, intermediarios administrativos, agentes y autoridades forestales.
Las purmas, que permite a los agricultores regenerar de forma natural especies madereras en tierras cultivadas, es un subproducto de la rotación de cultivos entre los bosques y los campos. Esto ayuda a los usuarios de la tierra a mantener la fertilidad del suelo, controlar las plagas y las malas hierbas, y a proporcionar hábitats para la fauna y los productos forestales. La madera de pequeñas dimensiones –conocida en Perú como tablillas– se produce a partir de árboles de rápido crecimiento en purmas y se vende para obtener ingresos.
Pero los agricultores a pequeña escala que producen tablillas no serían los únicos beneficiarios si se facilitara la formalización, según Robin Sears, investigadora asociada del CIFOR-ICRAF quien dirigió el estudio.
“Los aserradores y los tablilleros ambulantes también ganarían seguridad a la hora de transportar la madera procesada desde las pacerlas hasta los mercados, ya que contar con la documentación adecuada evitaría los sobornos y otras transacciones riesgosas”, afirma la investigadora. “Y los compradores en los puertos también se beneficiarían, ya que no tendrían que pagar para arreglar el papeleo de la madera indocumentada, ni pagar sobornos a las autoridades portuarias”.
Los autores concluyeron que la promoción estatal de la agroforestería a pequeña escala ayudaría a cumplir los objetivos nacionales de producción de madera, aumentaría los ingresos de los agricultores y los ingresos del gobierno. Además, contribuiría a los objetivos climáticos de mitigación del Perú al comercializar –en lugar de quemar– la biomasa leñosa en las tierras.
Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) de Perú del Acuerdo de París sobre cambio climático tienen como objetivo una reducción incondicional del 20 por ciento de los equivalentes de dióxido de carbono “por debajo de lo habitual” para 2030. Incluyen específicamente la agroforestería en el sector de adaptación, junto con un compromiso de mitigación para toda la economía.
Según Sears, la formalización del manejo de purmas podría ayudar a Perú a cumplir sus NDC de tres maneras.
Primero, en lugar de quemar los árboles talados en el proceso de agricultura migratoria, los agricultores podrían aportar más fácilmente esa biomasa leñosa a la cadena de valor de la madera, evitando así las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, una cadena de valor más segura podría motivar a los agricultores a dedicar una mayor parte de sus tierras a la producción de madera en lugar de a los cultivos anuales, con lo que aumentaría la cubierta forestal de sus tierras, y supondría una mayor captación de carbono. En tercer lugar, con una cadena de valor segura, los agricultores podrían obtener más ingresos de la producción de madera y sería menos probable que participaran en la tala de bosques tropicales maduros, reduciendo así las emisiones relacionadas con la degradación de los bosques.
Si bien el reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de Perú se promulgó en 2015, en general excluye a los practicantes a pequeña escala y a las purmas de cualquiera de los mecanismos legales que establece, incluido su innovador Registro Nacional de Plantaciones Forestales. La cadena de suministro informal –pero muy eficiente–que surgió de la falta de supervisión normativa podría servir de base para un enfoque adaptativo que permita a los productores y comerciantes de madera de barbechos agrícolas participar en el sector de forma más equitativa y sostenible, según hallazgos del estudio.
“La dimensión política no es el único cuello de botella cuando se trata de incluir a las purmas en el registro”, afirma Sears. “En las aldeas en las que se puso a prueba el registro de plantaciones, descubrimos que terceros traficaban con madera a través del proceso de registro. Por lo tanto, una buena política debe ir acompañada de un enfoque equilibrado que informe a los productores de sus derechos, apoye el proceso de registro y vigile el comportamiento”.
Según el estudio, la desregulación de la cadena de valor liberaría a los funcionarios forestales para que centren su atención en mejorar la sostenibilidad del comercio de las especies madereras de alto valor que más preocupan en la Amazonía. Sin embargo, lo más importante es que decenas de miles de pequeños agricultores de la Amazonía peruana que producen madera se beneficiarían del reconocimiento oficial y el apoyo a la forestería de purmas.
“En lugar de centrarse en la regulación de estos sistemas de pequeños agricultores, el Estado debería verlos como ‘la fruta al alcance de la mano’, una opción que sería fácil de adoptar para lograr las metas relacionadas con la mitigación de la pobreza y la producción forestal sostenible”, afirma Peter Cronkleton, científico principal del CIFOR-ICRAF y coautor del estudio.
La formalización es prácticamente imposible con el marco normativo actual porque el Estado no reconoce ni valora los sistemas de purmas. Esto se pone de manifiesto en la paralización del flujo de madera cuando el Estado interviene en el comercio, y la participación en la cadena de valor informal se vuelve más riesgosa para todos los actores, escribieron los autores.
Sin embargo, si se autoriza a los productores a cosechar y vender la madera de purmas, esto podría servir de palanca para que el agricultor negocie un acuerdo más favorable para la venta de la madera. Mientras tanto, la optimización de la producción mejoraría la sostenibilidad y la calidad de la madera, impulsando el negocio de los aserraderos y los mayoristas situados más abajo en la cadena de valor, según el estudio.
“El punto fuerte de los sistemas de pequeños agricultores es que se adaptan a las condiciones locales y a las capacidades de los productores involucrados”, afirma Cronkleton. “Como resultado, las purmas deberían se promovidas como una opción sostenible para el desarrollo rural de la Amazonia peruana”.
Este estudio fue financiado por el Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería del CGIAR, y recibió apoyo adicional del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.
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