Perú: Una plataforma científico-política para un REDD+ eficaz, eficiente y equitativo

La primera reunión de la Plataforma de Ciencia y Políticas Públicas del GCS REDD+ y el camino a seguir
Marlon del Águila/ASL-CIFOR.

El creciente interés de países y corporaciones en las soluciones basadas en los bosques –incluyendo el marco REDD+ de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– hace necesario procurar entender a fondo las salvaguardas que se han planteado para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales del Sur Global. El nuevo financiamiento comprometido para los bosques puede apoyar al desarrollo sostenible, pero también puede traer potenciales retos para estas comunidades.

Hace ya más de una década que REDD+ se viene planificando, implementando y estudiando en Perú. Desde el 2009, el Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+ (GCS REDD+) ha producido información, análisis y herramientas para promover políticas e iniciativas 3E (eficaces, eficientes y equitativas) para los bosques y las personas. Con tres fases previas de desarrollo, la recientemente iniciada  fase 4 del proyecto reconoce especialmente la importancia de las salvaguardas para REDD+, e incluye una línea de trabajo dedicada a este tema, a fin de apoyar una gobernanza ambiental más equitativa que respete y apoye los derechos de los pueblos indígenas.

Para compartir avances de la investigación y fomentar el intercambio de información y aprendizaje sobre las salvaguardas sociales, el lunes 13 de diciembre del 2021 se llevó a cabo la primera reunión de la Plataforma de Ciencia y Políticas Públicas del GCS REDD+ en Perú. La plataforma, que es coorganizada con la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene como objetivos compartir, discutir, validar y adaptar al contexto peruano las diferentes líneas de trabajo del estudio, y producir de forma colaborativa conocimiento para el diseño de políticas e iniciativas REDD+ 3E.

La Plataforma en el Perú

En Perú, la voluntad de varios actores claves para conseguir que las políticas de conservación y control de la deforestación sigan mejores procesos y tengan resultados positivos para los bosques, con un enfoque en derechos y garantizando medios de vida seguros para los pueblos indígenas, es evidente. En este sentido, trabajar de forma coordinada es una necesidad y un reto pues las presiones sobre el bosque son numerosas y vienen de diversas fuentes.

La Plataforma de Ciencia y Políticas Públicas reúne a organizaciones expertas en políticas forestales y de cambio climático, agricultura, finanzas y desarrollo bajo la figura de un Grupo Asesor de Políticas Públicas que se reunirá al menos dos veces al año hasta el 2023.

En la primera reunión participaron 30 personas, entre ellas representantes de organizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonía, funcionarios de los gobiernos regionales amazónicos, funcionarios del gobierno central, académicos de universidades amazónicas y de Lima, y representantes de ONG que implementan proyectos REDD+.

Conocimiento sobre salvaguardas REDD+ en Perú

A nivel de investigación, Anne Larson, científica principal de CIFOR, parte del CIFOR-ICRAF, compartió en esta primera reunión hallazgos preliminares sobre la comparación de los diferentes estándares de salvaguardas para REDD+ y las directrices de las instituciones multilaterales que financian REDD+. El estudio encontró una variación importante en la forma cómo los estándares se relacionan con los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. La mayoría de las salvaguardas se alinean con los derechos de estos grupos según el derecho internacional, pero se limitan a los convenios internacionales ratificados por cada país.

Las mejores salvaguardas garantizan que los pueblos indígenas y las comunidades locales –y mujeres de esos grupos– participen en el diseño, implementación y monitoreo de REDD+ con indicadores concretos. Además, incluyen requisitos de  monitoreo, reporte y verificación, con indicadores claros y consecuencias del incumplimiento, así como mecanismos de quejas y mecanismos formales para la distribución justa de beneficios.

Larson explicó que en este trabajo se busca “saber qué tipo de estándares se pueden aplicar en cada país, basados en sus propios marcos legales”. “Queremos ser prácticos, pero también muy ambiciosos”, dijo. La siguiente fase de la investigación incluirá entrevistas con actores relacionados con la implementación de salvaguardas REDD+ a nivel nacional y en las regiones de San Martín y Ucayali. Este trabajo busca contribuir con lineamientos prácticos para que los estándares voluntarios apoyen una transición de “no hacer daño” a “hacer mejor/hacer bien” al catalizar una transformación fundamentada en los derechos. Esta transformación involucraría a las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas como derechohabientes y socios y no sólo beneficiarios de proyectos.

Diversidad de voces REDD+

En el intercambio escuchamos además a funcionarios públicos presentando recientes avances en torno a salvaguardas. Desde el Ministerio del Ambiente, Milagros Sandoval, directora de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, explicó de qué se trata el Módulo de Información de Salvaguardas (MIS) peruano, el cual tiene un componente normativo y uno informático. Como parte del normativo, se están desarrollando los  lineamientos del mecanismo de queja y atención al ciudadano y el lineamiento para el proceso, gestión y provisión de la información periódica sobre salvaguardas REDD+. En el segundo, se incluye una prueba piloto que está próxima a lanzarse como una “Plataforma de Información”. Sandoval señaló que “Sin duda va a ser importante para continuar con los hitos vinculados con los temas de salvaguardas, que son parte de un proceso más amplio de REDD+ y de la gestión integral del cambio climático”.

Marco Arenas, responsable de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Participativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) presentó su experiencia en el trabajo de fortalecimiento de la gestión participativa.

Para él las salvaguardas “expresan consensos internacionales destinados a fortalecer la sostenibilidad de las intervenciones”.

Arenas explicó que durante los últimos 15 años ha habido “una experiencia social [de la aplicación de salvaguardas] y el SERNANP ha ido adaptando sus funcionamiento a esa figura”. Destacó el fortalecimiento de comités de gestión y la herramienta ¿Cómo vamos?, desarrollada en colaboración con CIFOR para conocer la calidad de la participación y la equidad de género en el marco de estos espacios.

Del lado de las ONG, Fernando Guerra comentó los avances del trabajo de Conservación Internacional en la iniciativa de REDD+ en el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), resaltando las relaciones formadas con diferentes tipos de actores en este espacio. Uno de los resultados, indicó, es la relación fortalecida con gobiernos locales y el gobierno regional de San Martín, además del trabajo que llevan a cabo con el comité de gestión del BPAM.

Finalmente, Fermín Chimatani, presidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración (ANECAP), destacó el papel de los pueblos indígenas: “en esas salvaguardas de las que hablan, hay que ver que una parte integral es la participación de los pueblos indígenas en ese proceso, tanto cómo participan en la gestión de estos territorios y de iniciativas como REDD+”.

Chimatani señaló que para la participación efectiva de los pueblos indígenas hay que tener en consideración su opinión desde el inicio del proceso, en todos los procesos, y en igualdad de condiciones. “A veces en espacios de participación, a los representantes de las organizaciones indígenas les cuesta entender los temas que se tocan, los términos que se emplean y los enfoques que se usan”.

Finalmente subrayó que hace falta tener claridad sobre las salvaguardas a nivel nacional, considerando que “hay malas prácticas de parte de iniciativas relacionadas con REDD+ y no hay sanciones a pesar de nuestros reclamos”.

Lo que sigue

La primera reunión permitió compartir experiencias nacionales y hallazgos de investigaciones realizadas a nivel internacional que son pertinentes para el Perú. Además, permitió que todos se familiaricen  con los últimos pasos tomados por cada actor. En la siguiente sesión, programada para el primer trimestre de 2022, la meta es trabajar en torno al desarrollo de un marco de diagnóstico y construcción de escenarios para apoyar el diseño de intervenciones para reducir la deforestación y la degradación forestal en Perú.

Este trabajo se realizó en el marco del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ del Centro para la Investigación Forestal Internacional (www.cifor.org/gcs). Los socios financiadores que han apoyado esta investigación son la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (Norad), la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU), y el Programa de Investigación del GCIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA) con el apoyo financiero de los donantes del Fondo del GCIAR.

 

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