PROBLEMA DE PAÍS
Además de los compromisos internacionales, el país también es parte de iniciativas para enfrentar el cambio climático y que incluyen el reconocimiento, la demarcación y la titulación de las comunidades indígenas como resultados intermedios para evitar la deforestación y la degradación, tales como REDD+. Pero ahora, Perú necesita avanzar en garantizar una solución definitiva que asegure el reconocimiento legal de las tierras indígenas para alinearse a las políticas internacionales de comercio y cooperación.
El 3 de julio pasado, el Parlamento Europeo hizo un llamado a la Comunidad Europea, los Estados miembros y sus socios de la comunidad internacional para que adopten todas las medidas necesarias para el pleno reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus tierras, territorios y recursos e instó a las naciones de la UE para que se aseguren de que todas sus políticas de desarrollo, inversión y comercio respeten los derechos de los pueblos indígenas.
Además, un creciente número de consumidores, Estados y empresas en todo el mundo están exigiendo que sus productos no provengan de áreas donde no se respetan los derechos de la tierra de las poblaciones que viven en los bosques.
‘’Si el Perú no avanza en garantizar los derechos de sus pueblos indígenas a la tierra y los recursos, su competitividad en el comercio, y el apoyo de la cooperación internacional, se verán afectados’’, enfatiza Larson.
UN TÍTULO Y ALGO MÁS
De acuerdo a Monterroso, hay una docena de programas de titulación en marcha para tierras colectivas en la Amazonía peruana. Esto representa nuevas oportunidades para reconocer los derechos a la tierra y los bosques de las comunidades indígenas, pero estas iniciativas requieren apoyo gubernamental.
El Estudio de CIFOR ha identificado cinco acciones que pueden ayudar a garantizar que se complete la implementación y los medios de vida a largo plazo, con resultados sostenibles también para los bosques:
- Urge establecer una voluntad política. El gobierno necesita institucionalizar la regularización de los derechos de las comunidades nativas en la agenda política, asignando desde la cartera de economía recursos para el reconocimiento, titulación, concesión de contratos de usufructo, registro de derechos y promoción de incentivos para asegurar que las instituciones gubernamentales tengan los recursos humanos y financieros para finalizar el proceso de implementación.
- Se necesita simplificar los procedimientos, impulsar un conjunto integrado y consecuente de políticas y procesos actuales y asumir un compromiso a largo plazo, incluyendo la resolución o transformación de conflictos. Este problema no puede resolverse si se depende solo de los proyectos de titulación de corto plazo apoyados por la cooperación externa.
- Se debe brindar apoyo a los gobiernos regionales – los que ahora manejan una gran parte de los procesos de titulación-. Necesitan capacitación y recursos humanos y financieros para poder enfrentar los desafíos de la titulación.
- Las comunidades indígenas pueden carecer de las capacidades técnicas o los recursos financieros para invertir en sus territorios y es aquí donde los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales son clave para proporcionar asistencia técnica y apoyo. Los diferentes sectores del Estado deben generar mecanismos para que las comunidades puedan generar beneficios, más allá de la formalización, que permitan desarrollar sus medios de vida y asegurar la condición de los bosques, desde su propia visión.
- Aunque es un paso esencial, la sola titulación de tierras comunales no es suficiente para garantizar el control del territorio, en la medida que existe presión sobre los recursos estratégicos en la Amazonía y en base a un modelo de desarrollo económico extractivo y agroindustrial. Las comunidades requieren atención y soporte frente a las amenazas externas y apoyo para que sus organizaciones y federaciones puedan definir y llevar a cabo su agenda propia.
