La Evaluación Ambiental y Social: además de la información sobre las Salvaguardas de Cancún, las propuestas de financiamiento deben incluir un informe de diligencia debida preparado por la AE junto con el país anfitrión. Este informe de diligencia debida contendrá evaluaciones que describan hasta qué punto las actividades realizadas en el pasado que han conducido a los resultados son consistentes con las políticas del GCF. En este contexto, los solicitantes deberán presentar una Evaluación Ambiental y Social (ESA, por sus siglas en inglés).
El sistema de puntuación (scorecard) aplica una evaluación del tipo “aprobado o desaprobado”, la cual depende de si las propuestas son coherentes con las políticas del GCF, incluidas las Salvaguardas Ambientales y Sociales (ESS, por sus siglas en inglés), y actualmente utiliza los estándares de la Corporación Financiera Internacional (IFC), la política de gestión de riesgos, la política de género, el monitoreo y evaluación, y criterios sobre prácticas prohibidas.
Esta aplicación “retroactiva” de las políticas del GCF fue una de las principales preocupaciones de las partes en la negociación. La política sobre los pueblos indígenas, que aún no ha sido acordada por el GCF, no es mencionada de manera específica, excepto en una nota al pie que indica que se aplicará a través de las Salvaguardas de Cancún y las ESS del GCS para las actividades que se hayan realizado en el pasado.
El GCF ha asignado al carbono proveniente de REDD+ un valor de USD 5 por tonelada, y un procedimiento de evaluación por puntuación (scorecard) determinará si se pueden hacer propuestas y cuánto se pagará a cada país...''
La ESA deberá mostrar cómo se han identificado, evaluado y gestionado los riesgos ambientales y sociales, y de qué manera las actividades cumplen con los requisitos nacionales. La ESA será revisada por la Secretaría en su diligencia debida de segundo nivel y por el Panel Asesor Técnico Independiente (ITAP, por sus siglas en inglés). La ESA también incluirá una descripción de cómo las partes interesadas fueron identificadas, informadas y consultadas, y cómo han participado, incluyendo cualquier inquietud y problema que haya surgido. Se deberá describir los mecanismos de reparación de reclamos pertinentes, así como las quejas recibidas y su solución.
Ni transferencias ni compensación: los solicitantes deberán presentar pruebas de que las reducciones de emisiones pagadas por el GCF no se transferirán, no se ofrecerán como pagos ni se utilizarán para otros fines, incluida la compensación. Los resultados pagados no se transferirán al GCF y ya no serán elegibles para ningún otro acuerdo. Los países también deberán demostrar que ninguna otra parte tiene un reclamo contendiente.
Uso de los ingresos: la propuesta deberá incluir una descripción de cómo el uso de los ingresos será consistente con las políticas del GCF, incluidas las ESS, la política de género y la política sobre pueblos indígenas, y que cumple con el requisito de que los ingresos se sumarán a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del país, la estrategia nacional de REDD+ y/o los planes y políticas de desarrollo bajo en carbono.
Se solicitará información sobre el uso de fondos para contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las actividades de REDD+, incluidos los NCB, así como para facilitar la gestión de riesgos financieros, técnicos y operativos, sociales y ambientales, entre otros. Los países deben proporcionar una descripción del uso de los ingresos, incluidas las actividades que se llevarán a cabo, las partes interesadas involucradas y los plazos, de conformidad con las políticas del GCF. La documentación sobre el uso de los ingresos también puede incluir un plan de reparto de beneficios, sin embargo, esto no parece ser obligatorio.
Información adicional requerida: se requerirá información adicional relacionada con las salvaguardas; una proyección de los resultados esperados en los años posteriores; información sobre los diferentes financiamientos que contribuyeron al logro de los resultados, para asegurar que no haya un doble pago; información relacionada con los NCB; y sobre cómo el país pretende ampliar la escala de REDD+ de subnacional a nacional.
Una vez que la Secretaría entregue su diligencia debida de segundo nivel, el ITAP realizará su evaluación. Los evaluadores del ITAP consistirán de expertos en uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés) acreditados por la CMNUCC, así como reconocidos expertos en REDD+. La Secretaría luego entregará una recomendación a la Junta Directiva, la cual tomará una decisión basada en la debida diligencia de segundo nivel y en la evaluación del ITAP.
Una vez aprobada la propuesta, los acuerdos legales quedarán registrados mediante un Acuerdo de Actividad del Fondo (FAA, por sus siglas en inglés), y el GCF tiene el derecho de solicitar el reembolso de los fondos en caso las actividades sean incompatibles con sus requisitos, incluidas las políticas del GCF, y se basen principalmente en información obtenida a través de un proceso anual simplificado de presentación de informes. El fondo también tiene la potestad de investigar las propuestas realizadas.
PRÓXIMOS PASOS
La Secretaría desarrollará plantillas para la nota conceptual y la propuesta completa, así como orientación para que las NDA y las AE puedan presentar sus solicitudes. Se espera que gran parte de este material sea entregado en diciembre de 2017, y que se empiecen a presentar propuestas durante 2018.
La orientación deberá abarcar áreas tales como el proceso simplificado de presentación de informes, así como información sobre cómo aplicar el sistema de puntuación (scorecard), por ejemplo, para garantizar que cada una de las salvaguardas sea adecuadamente evaluada y respetada de manera transparente, coherente, exhaustiva y efectiva. Se requerirá mayor claridad sobre cómo evaluar los NCB y sobre las facultades del Fondo al llevar a cabo investigaciones, por ejemplo, la facultad de realizar visitas de campo y obtener información confidencial. En los próximos dos años, se harán análisis de la experiencia y los avances realizados para la consecución de los objetivos, los cuales se presentarán ante la Junta Directiva en la última reunión de 2019.
Como es probable que el GCF establezca el futuro estándar para REDD+, será importante investigar, monitorear y analizar la forma en que se implementa este proceso, a fin de informar las nuevas mejoras en el desarrollo de políticas que se espera que ocurran hacia el final del piloto. El nivel de documentación que se generará a través de las presentaciones de las AE, la debida diligencia de la Secretaría, las evaluaciones del ITAP y las deliberaciones de la Junta Directiva, proporcionará nuevos conocimientos sobre las formas en que los países están implementando REDD+, y será importante que el GCF garantice que esta información se encuentre disponible públicamente.
Hasta que se adopte un enfoque de REDD+ basado en derechos, que trate a los pueblos indígenas como titulares de derechos en lugar de como partes interesadas, el GCF no estará verdaderamente en posición de reivindicar un enfoque transformador para detener y revertir la pérdida de bosques, ni podrá llamarse a sí mismo un 'estándar de oro'"
Cuando se sometió la propuesta de decisión final ante la Junta Directiva, fue recibida de manera muy positiva.
El miembro de Nicaragua ante la Junta Directiva expresó su satisfacción porque considera que esta decisión atraerá la inversión del sector privado en REDD+. El miembro de Alemania expresó su esperanza de que el GCF establezca un “estándar de oro” para la integridad y robustez ambiental a través de REDD+, y señaló que las propuestas deberán ser examinadas detalladamente a partir de su potencial de transformación, incluyendo mejoras en los niveles de referencia y prevención de fugas. El miembro de Malasia consideró que el GCF se encuentra ahora en una posición seria para mostrarle al mundo que los países pueden reducir las emisiones con una buena gobernanza forestal, y el del Reino Unido dijo que el resultado estuvo muy acorde con el espíritu de compromiso, que quedó complacido al comprobar que la revisión del año 2019 fue incorporada en la decisión, y que espera la creación de un sistema más robusto en el futuro.
Sudáfrica, sin embargo, no apoyó la decisión. El representante indígena ante los observadores expresó su descontento por la falta de inclusión de la política sobre pueblos indígenas para eventos ocurridos en el pasado, y buscó un compromiso de la Junta Directiva para aprobar dicha política en su próxima reunión a principios de 2018, luego de que fuera postergada en esta ronda.
